¿Por qué AMLO lleva a México a la militarización?

Los militares llevan ya 16 años a cargo de la seguridad pública en México sin que hasta ahora hayan podido contener la violencia generada por el crimen organizado. Por el contrario, cada sexenio el saldo de homicidios dolosos ha ido en franco aumento. Según el Inegi, en el de Felipe Calderón, la cifra fue de 121.613; en el de Enrique Peña Nieto ascendió a 157.158 y en 44 meses de AMLO, el número llegó ya a 127.162.

Pese a que estas cifras indican claramente que la estrategia de sacar a las fuerzas armadas de los cuarteles para combatir a los criminales no ha dado resultado, López Obrador insiste en que el Ejército es la única opción para pacificar al país. Y, para consolidar el enorme poder que ya le ha dado a los militares ordenó que la Guardia Nacional, que en un principio se había concebido como una institución con un mando civil, pase ahora a formar parte de la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional).

No solo eso. López Obrador está de plácemes porque el PRI (Partido Revolucionario Institucional) presentó una propuesta para aprobar una reforma constitucional que permita ampliar, de 2024 a 2028, la permanencia de la Guardia Nacional, es decir de los militares, en tareas de seguridad pública.

Esta propuesta no solo le cae como anillo al dedo a López Obrador sino que representa un enorme triunfo político para él porque logró que el PRI, que había formado una alianza con el PAN y el PRD para frenar sus planes de militarizar la seguridad pública, se pasara de un día para otro a las filas del gobierno federal.

Lo que más ha escandalizado es que, para doblegar al PRI,  López Obrador no tuvo empacho en recurrir a una vergonzosa maniobra: negociar con el dirigente del tricolor, Alejandro “Alito” Moreno, el respaldo de su partido a cambio de no investigarlo por las múltiples acusaciones que tiene en su contra.

Cabe recordar que la FGR (Fiscalía General de la República) había abierto desde hace algunos meses una carpeta de investigación contra el líder priista por supuesto desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, fraude fiscal y tráfico de influencias.

Como prueba de estos delitos, la gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores, dio a conocer varias grabaciones telefónicas en las que se escucha a Moreno presionar a empresarios e intentar desviar recursos públicos, así como denostar a la prensa.

Las acusaciones subieron de tono hasta que, de manera sorpresiva, una diputada del PRI muy cercana a Moreno anunció que su bancada tenía la propuesta de extender la presencia de la Guardia Nacional hasta 2028. Como por arte de magia, las amenazas de investigar a Moreno se esfumaron y ahora el presidente que, antes había despotricado contra Alito, lo considera un aliado digno de elogio.

Para López Obrador la ganancia ha sido doble. No solo obtuvo el apoyo para la Guardia Nacional sino que el respaldo de Alito ha sido considerado como una traición para los panistas y perredistas que habían anunciado una coalición política para enfrentarse a Morena en las elecciones de 2024. Esa posibilidad enfrenta ahora un futuro incierto. Aunque el apoyo del PRI a Morena en la Cámara de Diputados es un hecho, falta ver lo que hará la bancada priista en el Senado. De cualquier forma, la alianza opositora está seriamente debilitada.

Pero sin duda lo más grave es la intención del gobierno de López Obrador de otorgar cada vez más presupuesto, funciones y poder a los militares, a pesar de su comprobado fracaso para combatir la violencia y el narcotráfico.

Desde que llegó a Palacio Nacional, AMLO comenzó a apoyarse en las fuerzas armadas para que se hicieran cargo de todos los grandes proyectos que tenía en mente debido a que no tenía bien organizado su gobierno.

Empezó por ponerlos al frente de la construcción de sus obras insignia como el Aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Dos  Bocas y el Tren Maya. Les dio el encargo de administrar aduanas y aeropuertos, de distribuir medicinas, vacunas, libros de texto, fertilizantes y programas sociales. En total, además de combatir a los criminales, López Obrador le ha dado al Ejército al menos 30 tareas y un presupuesto astronómico, cuyo monto exacto se desconoce.

Frente a las críticas que ha despertado entre varios sectores de la población el hecho de que haya puesto en manos del Ejército tareas que antes realizaban los civiles, López Obrador ha respondido que el país debe aprovechar el conocimiento técnico, la eficacia y el despliegue de los soldados por todo el territorio nacional.

Esta política de confiar casi de manera ciega y total en las fuerzas castrenses contrasta radicalmente con las posturas de López Obrador como candidato presidencial. En tiempos de Calderón, a quien acusa de haberle robado la elección, el hoy presidente condenaba que el mandatario panista hubiera tomado la decisión de sacar a los soldados de los cuarteles para combatir a los criminales.

En 2011, insistía en que, si ganaba la presidencia, en seis meses removería a las fuerzas armadas de las calles. “El Ejército no está preparado para esta función [de enfrentar a la delincuencia], es otro su encargo, es defender la soberanía nacional”, enfatizaba.

Esas promesas pronto quedaron en el olvido. Al convertirse en presidente, López Obrador desapareció la Policía Federal y formó la Guardia Nacional que, supuestamente, tendría un mando civil, lo que a todas luces fue un engaño.

Son muchos los expertos que han advertido sobre los enormes riesgos que representa la militarización del país, pero no han tenido eco entre la mayoría de la población por las altas tasas de delincuencia. Mucha gente considera que regresar a los militares a los cuarteles sería un error garrafal porque el país quedaría a merced del crimen organizado.

Lo que no se dan cuenta es que el presidente no quiso desarrollar una policía federal, de carácter civil, porque desde un principio tenía el plan de darle todo el poder al Ejército para llevar a cabo esa tarea, lo cual viola la Constitución.

La Carta Magna establece que las fuerzas armadas deben velar por la soberanía nacional ante amenazas bélicas externas y proteger nuestro orden constitucional. Pero la seguridad pública, que incluye no solo mantener el orden público y las libertades de los mexicanos ante amenazas internas, sino también la investigación de los delitos y las sanciones que deben aplicarse, corresponde al Ministerio Público y a las policías.

No existe, por definición, nada más contrario a una democracia que un gobierno dominado por militares.

Las democracias exigen división de poderes, debates, municipios autónomos y transparencia. En contraste, el Ejército se caracteriza por tener una jerarquía vertical y rígida que no admite cuestionamientos ni rendición de cuentas.

Aunque en términos generales el Ejército goza de buena imagen entre los mexicanos, hay que recordar que tiene un largo historial de abusos y violaciones a los derechos humanos contra la población civil. Basta citar la matanza de Tlatelolco en 1968,  la de El Halconazo en 1971, la de Agua Blancas en 1995, la de Acteal en 1997, la de Tlatlaya en 2014 e incluso la de Ayotzinapa en 2014.

No sabemos a ciencia cierta cuál es el objetivo de AMLO para militarizar el país, pero los riesgos son muy claros.

Para empezar, una vez que López Obrador deje la presidencia, ¿cómo va el Ejército a ceder el enorme poder económico y político que ya ha conquistado?