México: ¿está el país al borde del autoritarismo con López Obrador?

Las noticias sobre México son, en general, desalentadoras. La economía está en recesión, hay cada vez más pobres, la violencia está fuera de control, los narcotraficantes ganan cada vez más terreno, hay escasez de medicamentos y los actos de corrupción siguen a la orden del día. La lista de problemas es infinita.

Lo más lamentable, sin embargo, es que, en lugar de abordar y enfrentar esas calamidades, el presidente López Obrador ha optado por minimizarlas. Desde su perspectiva, el país va “requetebién” y pobre de aquél que opine lo contrario. Se convierte, de inmediato, en “enemigo del pueblo”.

Desde que llegó a la presidencia, López Obrador se ha ensañado con un grupo en particular: el de los periodistas y comentaristas que se atreven a señalar las fallas de su gobierno y a poner en entredicho que la gente “está feliz, feliz, con la 4T”. Todos ellos son, en su opinión, “mercenarios”, “golpistas”, “conservadores” y “traidores” porque representan “intereses contrarios a los de la nación”.

En las últimas semanas, los ataques de López Obrador contra la prensa se han intensificado por la publicación de un reportaje del periodista Carlos Loret de Mola sobre un posible acto de tráfico de influencias y corrupción de su familia. La investigación revela que el hijo mayor de AMLO habitó una lujosa mansión en Texas que es propiedad de un importante contratista de Pemex, lo que podría representar un conflicto de interés.

El reportaje ha enfurecido a López Obrador porque hace trizas su discurso de que ya logró erradicar la corrupción. Le ha quitado también autoridad moral a su prédica de que todos los mexicanos deberían vivir de manera austera y que quienes se rodean de lujos son gente egoísta que mira con desprecio a los de abajo.

Consciente del daño moral que el reportaje le ha ocasionado, sobre todo porque no ha podido desmentir la información, el presidente ha pasado ahora de los insultos a las amenazas directas. En una de sus mañaneras divulgó los ingresos que percibe Carlos Loret de Mola, lo que viola de manera flagrante varios artículos de la Constitución y de otras leyes que protegen el derecho a la privacidad de la información. Se trata, además, de un abuso de poder porque el presidente usó los recursos del Estado para obtener y dar a conocer datos privados.

Sin importarle las críticas que esta acción le ha generado, nl el peligro en el que ha puesto al comunicador al difundir lo que gana, López Obrador ha redoblado sus ataques, no solo contra Loret de Mola sino contra otros comunicadores reconocidos, entre ellos Carmen Aristegui, Jorge Ramos y Joaquín López Dóriga. Desea que todos den a conocer el monto de sus ingresos porque, desde su perspectiva, representan intereses oscuros.

Estas acciones son claramente violatorias de los derechos humanos de los periodistas. Y son aún más graves porque se dan en el contexto de un preocupante clima de inseguridad para que los comunicadores hagan su trabajo. En las últimas dos décadas, más de 160 periodistas han sido asesinados en México. En los tres años del gobierno lopezobradorista han perdido la vida 53 periodistas y cinco, tan solo en lo que va de este año.

México se ha convertido, así, en el país más peligroso para ejercer el periodismo. Los comunicadores no solo son atacados por el crimen organizado sino principalmente por autoridades estatales y locales, como lo reconoció hace unos días el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.

Esta situación ha provocado ya protestas de centenares de reporteros en todo el país y el repudio de organizaciones periodísticas internacionales, así como de varios legisladores de Estados Unidos. Todos ellos le exigen a López Obrador que cese las hostilidades contra la prensa y que proteja de manera efectiva a los comunicadores.

Pese a las presiones, López Obrador no ha dado marcha atrás. Por el contrario, cada día recrudece sus amenazas e insultos contra la prensa. Y lo hace con argumentos que resultan por demás ridículos y contradictorios, entre ellos que en México “no hay censura” y que él respeta la “libertad de expresión”. ¿Pues qué sería si no la respetara?

López Obrador, por supuesto, nunca va a reconocer que su comportamiento es propio de los autócratas, es decir, de los gobernantes que concentran todo el poder. Se cree poseedor absoluto de la verdad y, por lo tanto, arremete con todos los recursos que tiene a su disposición contra quienes difieren de su línea de pensamiento o quienes le señalan sus fallas. Se cree incorruptible e infalible. No entiende que en una democracia el papel de los periodistas es llamar a cuentas al poder, denunciar abusos e injusticias y servir de contrapeso a los gobernantes.

Son cada vez más las voces de alarma que hay, no solo en México sino en el mundo, sobre el comportamiento autocrático del presidente. La prestigiosa revista The Economist , que desde 2006 publica un Índice de la Democracia, acaba de situar a México en el lugar 86 de un total de 167 naciones analizadas. En su evaluación, el medio británico indica que el país ha pasado de ser una “democracia deficiente” a un “régimen híbrido”, categoría que lo ubica al borde del autoritarismo.

Y como muestra del riesgo que hay para la democracia, The Economist cita el combate fallido contra los narcos, los ataques a la prensa, y a instituciones autónomas como el IFE (Instituto Federal Electoral) y el INAI (Instituto de Acceso a la Información). A esta lista habría que agregar las críticas del gobierno federal contra centros educativos de nivel superior como el CIDE y la UNAM. López Obrador las califica de “neoliberales” porque en sus aulas predomina la libertad de cátedra y no, como él quisiera, el adoctrinamiento del ideario de la 4T.