Departamento de Justicia publica declaración jurada que respaldó redada en Mar-a-Lago

La declaración jurada censurada que los agentes del FBI usaron para obtener una orden para registrar la casa del expresidente Donald Trump en Palm Beach, Florida, ha sido revelada, dando a conocer más detalles sobre lo que el Departamento de Justicia sabía sobre los registros gubernamentales que estaban en la casa de Trump antes de la búsqueda.

Según el documento de 38 páginas, que se hizo público por orden del juez magistrado estadounidense Bruce Reinhart el viernes, los agentes del FBI que examinaron el contenido de las cajas recuperadas de Trump en enero de 2021 encontraron “184 documentos únicos con marcas de clasificación, incluidos 67 documentos marcados como CONFIDENCIAL, 92 documentos marcados como SECRETO y 25 documentos marcados como ALTO SECRETO”.

El Departamento de Justicia dijo que le preocupaba que los documentos retenidos en Mar-a-Lago pudieran comprometer las “fuentes humanas clandestinas” en la recopilación de inteligencia.

El agente no identificado del FBI que firmó la declaración jurada también dijo que había documentos con la letra de Trump entre las cajas.

El agente escribió que el abogado del Departamento de Justicia envió una carta el 8 de junio al abogado de Trump para informarle que Mar-a-Lago “no incluye un lugar seguro autorizado para el almacenamiento de información clasificada” y le pidió que asegurara la habitación donde las cajas de documentos estaban siendo almacenadas.

Al día siguiente, el abogado de Trump respondió para acusar recibo de la carta.

En un memorando en apoyo de mantener intactas las extensas partes censuradas del documento, el Departamento de Justicia dijo que era necesario ocultar los detalles de la declaración jurada de la vista del público para proteger a “múltiples testigos civiles cuya información se incluyó en la declaración jurada”.

El gobierno reveló que había obtenido información de una “amplia gama de testigos civiles” cuyas identidades debían protegerse porque podrían estar sujetos a represalias, intimidación o acoso por parte de los partidarios de Trump, incluidas amenazas contra sus vidas o su seguridad.

“Los agentes del FBI que han sido identificados públicamente en relación con esta investigación han recibido reiteradas amenazas de violencia por parte de miembros del público. La exposición de las identidades de los testigos probablemente erosionaría su confianza en la investigación del gobierno, y es casi seguro que impediría que otros testigos potenciales declararan en esta investigación y otras”, escribieron los fiscales.

Los fiscales agregaron que el gobierno tiene “inquietudes bien fundadas de que se puedan tomar medidas para frustrar o interferir con esta investigación” si se diera a conocer demasiada información sobre su estrategia de investigación.

El juez Reinhart ordenó al Departamento de Justicia que proporcionara la declaración jurada censurada después de que una coalición de organizaciones de noticias y un grupo conservador argumentaran que el intenso interés público sobre el registro de la casa de un expresidente justificaba la publicación, aunque los fiscales lo convencieron con éxito de que les permitiera eliminar secciones del documento que podrían revelar “las identidades de los testigos, los agentes del orden público y las partes no acusadas” o “la estrategia, la dirección, el alcance, las fuentes y los métodos” en relación con la investigación actual sobre cómo los documentos altamente clasificados terminaron en posesión de Trump finalizado su mandato.

También ordenó al departamento que eliminara partes para proteger la información del gran jurado que debe protegerse según las Reglas Federales de Procedimiento Penal.

En particular, Trump no se unió a la solicitud y no se pronunció sobre si la declaración jurada debe ser publicada en su totalidad o en parte, aunque el expresidente y sus abogados han pedido que se hagan públicas las identidades de los testigos. El lado del expresidente filtró previamente una copia no censurada de la orden de registro y el recibo que obtuvieron sus abogados después de la búsqueda del FBI con los nombres de varios agentes del FBI involucrados, lo que llevó a varios aliados de Trump a publicar supuestos detalles personales de los agentes en las redes sociales.

En una orden del lunes que ordena al departamento que presente las ediciones propuestas, el juez de primera instancia dijo que las preocupaciones sobre la posible intimidación de testigos “no son hipotéticas en este caso”, citando la avalancha de amenazas que han recibido los agentes y funcionarios del FBI desde que Trump anunció que su propiedad había sido registrada.

“Dada la notoriedad pública y la controversia sobre esta búsqueda, es probable que incluso los testigos que no están expresamente nombrados en la declaración jurada sean rápida y ampliamente identificados en las redes sociales y otros canales de comunicación, lo que podría conducir a que sean hostigados e intimidados”, señaló.

El registro de la propiedad de Trump fue el capítulo más reciente de lo que se reveló como una vieja disputa sobre la retención de documentos de su anterior administración por parte del expresidente.

Agentes del FBI bajo la supervisión de fiscales de la sección de contrainteligencia y control de exportaciones del Departamento de Justicia juraron la declaración jurada cuando solicitaron la orden de allanamiento de la casa y la oficina del expresidente el 5 de agosto.

En una conferencia de prensa varios días después de la redada, el fiscal general Merrick Garland mencionó que “personalmente” firmó la decisión de buscar una orden judicial, que surgió después de una ruptura en las conversaciones entre sus abogados, el departamento y los funcionarios de la Administración de Archivos y Registros Nacionales (Nara) sobre registros federales que Trump tomó de la Casa Blanca cuando dejó el cargo el 20 de enero de 2021.

Según una carta de mayo de 2021 de la que informó el Washington Post, el abogado principal de Nara, Gary Stern, señaló que Trump recolectó aproximadamente 24 cajas de documentos (registros presidenciales oficiales que por ley son propiedad del gobierno de los EE.UU.) en la residencia de la Casa Blanca a lo largo de su mandato.

Stern escribió que las cajas en cuestión “no habían sido transferidas a NARA” cuando Trump dejó el cargo, a pesar de que el entonces abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, determinó que los documentos que Trump había reunido pertenecían a los archivos.

Los registros perdidos, que Trump había enviado a su casa en Mar-a-Lago (la mansión de Palm Beach convertida en club privado donde mantiene su residencia principal y la oficina pospresidencial financiada por el gobierno), se convirtieron en el tema de largas negociaciones entre el expresidente y el gobierno que alguna vez dirigió.

Trump finalmente acordó entregar aproximadamente 15 cajas de registros a Nara en enero de 2022, un año después de que terminara su mandato junto con su capacidad legal para poseer cualquier registro presidencial.

Pero la transferencia de esas 15 cajas generó aún más preguntas sin resolver después de que los funcionarios de Nara descubrieran que muchos de los papeles que contenían tenían marcas que indicaban que eran de alta clasificación, y que algunos registros eran tan confidenciales que normalmente se almacenan y manejan en salas especializadas construidas según las especificaciones de seguridad del gobierno, conocidas como Instalaciones de Información Compartimentada Sensible.

En febrero de 2022, los funcionarios de Nara informaron al Departamento de Justicia que habían recuperado documentos clasificados entre las cajas rescatadas de Trump. Luego, el departamento abrió una investigación y le pidió a Nara acceso a las cajas para que los funcionarios del FBI y de la Comunidad de Inteligencia pudieran realizar una revisión de los documentos.

La declaración jurada revela que la remisión de Nara informó al Departamento de Justicia que las cajas recuperadas en Mar-a-Lago contenían “periódicos, revistas, artículos de noticias impresos, fotografías, impresos varios, notas, correspondencia presidencial, registros personales y posteriores a la presidencia, y ‘una gran cantidad de registros clasificados’”, y añadió que los documentos clasificados estaban “sin ordenar, entremezclados con otros registros y, por lo demás, identificados incorrectamente”.

El agente escribió que esto era “de gran preocupación” para Nara.

Según una carta de mayo de 2022 escrita por la archivista interina de los Estados Unidos, Debra Wall, al abogado de Trump, Evan Corcoran, la oficina del consejo de la Casa Blanca le pidió a Nara que proporcionara al FBI acceso a las cajas. Según la Ley de Registros Presidenciales, el presidente en ejercicio debe dar su consentimiento para que cualquier persona tenga acceso a los registros presidenciales de una administración recientemente terminada, y también debe consultar con el expresidente a cuyos registros se accederá.

Wall escribió que los registros en cuestión incluían “100 documentos con marcas de clasificación, que comprenden más de 700 páginas”, con algunos documentos con marcas que indican “los niveles más altos de clasificación, incluidos los materiales del Programa de Acceso Especial (SAP)”.

La carta de mayo de 2022, que hizo pública un periodista conservador que también es uno de los representantes oficiales de Trump ante Nara, muestra que los abogados de Trump se resistieron a dar su consentimiento para que el FBI revisara los documentos. Intentaron invocar el privilegio ejecutivo, una doctrina legal que protege las deliberaciones entre un presidente y sus asesores, para evitar que el FBI viera los registros.

Pero Wall, citando el consejo de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, indicó que no había base para que Trump impidiera que el FBI viera los documentos utilizando el privilegio ejecutivo porque el FBI es parte de la rama ejecutiva.

“La pregunta en este caso no está cerrada”, escribió. “El Poder Ejecutivo aquí está buscando acceso a los registros que pertenecen y están bajo la custodia del propio Gobierno Federal, no solo para investigar si esos registros fueron manejados de manera ilegal sino también, como explicó la División de Seguridad Nacional, para ‘realizar una evaluación del daño potencial resultante de la aparente forma en que estos materiales fueron almacenados y transportados y tomar las medidas correctivas necesarias’”.

El mes siguiente, un grupo de funcionarios del Departamento de Justicia, incluido el jefe de la rama de contrainteligencia del departamento, visitó Mar-a-Lago con la esperanza de convencer a Trump de que devolviera más documentos, que tenía almacenados en una habitación en el primer piso de Mar-a-Lago.

Más tarde, un funcionario del departamento envió un correo electrónico a los abogados de Trump pidiéndoles que agregaran un candado adicional a la instalación, pero a las pocas semanas el departamento solicitó la orden para registrar la casa de Trump.

La orden los autorizó a incautar “todos los documentos físicos y registros que constituyan evidencia, contrabando, frutos del crimen u otros artículos poseídos ilegalmente” en violación de varias secciones del código penal de los EE.UU. que tratan sobre la posesión ilegal de información de defensa nacional y la obstrucción de la justicia.

También ordenó a los agentes que tomaran posesión de “documentos físicos con marcas de clasificación, junto con cualquier contenedor/caja (incluido cualquier otro contenido) en el que se encuentren dichos documentos” e información “respecto a la recuperación, almacenamiento o transmisión de información de defensa nacional o material clasificado”, junto con cualquier registro creado durante el mandato de Trump y “evidencia de alteración, destrucción u ocultamiento consciente de cualquier registro gubernamental y/o presidencial, o de cualquier documento con marcas de clasificación”.