Trump moviliza a exayudantes para desafiar demandas de la Cámara de Representantes que investiga disturbios del Capitolio. ¿Qué pasa después?

El comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga el violento ataque al Capitolio de los Estados Unidos a principios de este año ha hecho un uso generalizado de su poder de citación, exigiendo documentos y testimonios de una variedad de figuras del mundo Trump, desde el ex estratega jefe de la Casa Blanca Steve Bannon hasta Ali Alexander, el organizador de la manifestación “Stop the Steal” que precedió a la violencia. Pero ocho meses después de que una turba de partidarios del expresidente Trump saqueó el Capitolio con la esperanza de evitar que el Congreso certificara la victoria del colegio electoral del presidente Joe Biden, Trump y algunos de sus asesores más cercanos actúan como si todavía estuviera en la Casa Blanca.

El mes pasado, el Comité Selecto de la Cámara para Investigar el ataque del 6 de enero contra el Capitolio emitió citaciones a Bannon, al exjefe de gabinete de la Casa Blanca Mark Meadows, al subjefe de gabinete Dan Scavino y al exjefe de gabinete del Departamento de Defensa, Kash Patel cada uno para producir documentos y testimonios sobre sus acciones y comunicaciones antes y durante la insurrección.

Según fuentes familiarizadas con el asunto, el comité selecto ha estado en algunas conversaciones con los abogados de Meadows y Patel para determinar qué proporcionarán, si es que proporcionarán algo. Scavino, quien dirigía el ahora desaparecido Twitter de Trump y otras cuentas de redes sociales, aún no ha recibido la citación porque se ha estado escondiendo de los miembros del personal del comité encargados de hacerlo.

Y Bannon, quien fue despedido de su cargo en la Casa Blanca en agosto de 2017 pero comenzó a asesorar informalmente a Trump nuevamente durante sus últimos días en el cargo, se ha negado rotundamente a cooperar.

En una carta obtenida por The Independent, el abogado de Bannon informó al comité que el exasesor de Trump se negará a cooperar con el comité por órdenes de los abogados del expresidente Donald Trump, quienes afirman que sus comunicaciones con Bannon en los días previos a la insurrección del 6 de enero están protegidos por privilegios ejecutivos.

“Está claro para nosotros que dado que los privilegios ejecutivos pertenecen al presidente Trump, y él, a través de su abogado, anunció su intención de hacer valer esos privilegios ejecutivos enumerados anteriormente, debemos aceptar su dirección y [honrar] su invocación del privilegio ejecutivo. Como tal, hasta que se resuelvan estos problemas, no podemos responder a su solicitud de documentos y testimonio”, escribió el abogado Robert Costello. “Cumpliremos con las instrucciones de los tribunales, cuando y si dictaminan sobre estos reclamos de privilegios de clientes ejecutivos y abogados. Dado que estos privilegios pertenecen al presidente Trump y no a Bannon, hasta que se resuelvan estos problemas, el Bannon no puede cumplir legalmente con sus solicitudes de citación para documentos y testimonios".

Costello citó una carta de Justin Clark, un exfuncionario de campaña de Trump que se desempeña como abogado de Trump, en la que ordena a Bannon y a los demás destinatarios de la citación que "no presenten ningún documento sobre material privilegiado en respuesta a la citación" y "no proporcionen testimonio sobre material privilegiado en respuesta a la citación” porque dichos documentos y testimonios están supuestamente protegidos por privilegios ejecutivos, una doctrina legal que protege la privacidad de las comunicaciones entre el presidente en funciones y sus asesores.

Durante su presidencia, Trump usó con frecuencia reclamos amplios y radicales de privilegio ejecutivo para obstaculizar la miríada de investigaciones sobre su administración. Una de esas afirmaciones con respecto al testimonio que el Comité Judicial de la Cámara solicitó al exabogado de la Casa Blanca, Don McGahn, estuvo atado en los tribunales durante más de dos años antes de que se llegara a un acuerdo que le permitió a McGahn testificar a principios de este año, meses después de que Trump dejara el cargo.

Leer más: Abogados de James Rosemond aseguran que está cumpliendo una sentencia que ya no existe

Sin embargo, los expertos legales dicen que Trump perdió el derecho a usar el privilegio ejecutivo para proteger a sus exasesores de ser obligados a testificar en el momento en que el presidente Joe Biden asumió el cargo el 20 de enero.

“El privilegio ejecutivo pertenece a la presidencia como oficina y no al presidente como individuo. Solo tenemos un presidente a la vez, y la presunción constitucional es que el presidente en ejercicio es el mejor juez de los factores que influyen en si y cuándo invocar el privilegio ejecutivo para retener documentos o testimonios”, dijo el profesor emérito de la Facultad de Derecho de Harvard Laurence Tribe a The Independiente en un correo electrónico el viernes.

Según una fuente familiarizada con el pensamiento de Trump, el expresidente espera que tales afirmaciones, aunque sean infundadas o dilatorias, puedan evitar que sus exasesores tengan que cooperar con el comité hasta el inicio de un nuevo congreso en enero de 2023. control de la Cámara en las elecciones de mitad de período del próximo año, es poco probable que vuelvan a autorizar al comité para continuar con cualquier parte de la investigación que quede incompleta en ese momento.

Pero en un comunicado emitido a los periodistas el viernes, el presidente del comité selecto Bennie Thompson y la vicepresidenta Liz Cheney dijeron que el panel "no permitirá que ningún testigo desafíe una citación legal o intente agotar el tiempo", y que "consideraría rápidamente avanzar una remisión penal por desacato al Congreso”.

La obstinación de Bannon podría dejarlo justo donde estaba antes de recibir un indulto presidencial de Trump justo antes de que este último dejara el cargo, bajo acusación federal y enfrentando una pena de cárcel, si Thompson y Cheney rechazan la remisión del Congreso. No es algo que ninguna figura de Trumpworld haya tenido que enfrentar antes.

Una remisión al Departamento de Justicia por desacato al Congreso es una de las varias herramientas que tiene el Congreso para lidiar con testigos recalcitrantes, pero no era un método que los demócratas de la Cámara de Representantes pudieran emplear mientras Trump y sus designados controlaban el poder ejecutivo.

En virtud del Título 2, Capítulo 6, Sección 194 del Código de los Estados Unidos, si el Presidente de la Cámara (en este caso, la Representante de California Nancy Pelosi) “certificara” que Bannon no ha cumplido con una citación del Congreso de los Estados Unidos, el fiscal estatal del Distrito de Columbia está obligado por ley a presentar el caso a un gran jurado, que luego votaría sobre si lo acusaría por desacato al Congreso. Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta un año de prisión.

Tal remedio no estuvo disponible para el Congreso durante la presidencia de Trump como cuestión práctica porque sus fiscales generales no permitirían que los fiscales actuaran sobre las referencias de los demócratas del Congreso, particularmente cuando involucraban a personas cercanas a Trump.

Si bien Biden ha prometido dejar cualquier decisión con respecto a los enjuiciamientos penales al ámbito del fiscal general Merrick Garland, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el lunes a los periodistas que "por supuesto" la administración de Biden "seguiría la ley" si se le presentara una remisión. por desacato al Congreso.

Glenn Kirschner, un exfiscal federal adjunto para el Distrito de Columbia, predijo que es casi seguro que sus colegas harían una "presentación probatoria bastante saludable al gran jurado" si Pelosi certificara al Departamento de Justicia que Bannon había desafiado una citación del Congreso.

"Supongo que el gran jurado acusaría y luego pasaría a los tribunales muy rápidamente", dijo Kirschner.

Si Bannon insistiera en un juicio y un jurado lo declarara culpable, se le exigiría que cumpliera al menos un mes, y hasta un año, en prisión.