Tribunal de Brasil decidirá si sigue suspendida la mina de oro amazónica de Belo Sun

Se espera que un proyecto minero muy disputado en la selva amazónica de Brasil, operado por la empresa canadiense Belo Sun, alcance un hito clave el miércoles, cuando un tribunal brasileño decida si mantiene una resolución que podría hacer avanzar el proyecto.

La corte en Brasilia determinará si el gobierno federal o el estado norteño de Pará, donde se planea la mina, es quien tiene autoridad para otorgar licencias ambientales para el proyecto.

Belo Sun busca desde 2012 establecer la mina de oro Volta Grande en las orillas del río Xingu, en el estado de Pará. El sitio se encuentra a unos 20 kilómetros (12,4 millas) de Belo Monte, la tercera represa hidroeléctrica más grande del mundo, cuyas operaciones han reducido el caudal del río y han afectado gravemente a las comunidades locales.

Esto es lo que hay que saber sobre el caso y qué viene después:

Dónde está el proyecto minero y su impacto en la Amazonía

Se proyecta que la mina Volta Grande sea el mayor sitio de extracción de oro en la Amazonía brasileña.

Según un estudio de viabilidad de 2015 presentado por Belo Sun, la empresa pretende extraer 3,52 millones de onzas de oro durante 17 años, excavando más de 600 millones de toneladas de material. La mina abarcará 24 kilómetros cuadrados (9,2 millas cuadradas) y afectará 125 hectáreas (309 acres) de selva amazónica.

Una evaluación independiente de 2021 realizada por científicos de la Universidad de São Paulo y la Universidad de Amazonas concluyó que el proyecto era demasiado riesgoso y debía rechazarse.

La principal preocupación del informe fue la represa de relaves propuesta, diseñada para almacenar desechos mineros directamente sobre un canal de agua cerca del río Xingu. Los científicos señalaron que cualquier falla de la represa podría enviar rápidamente residuos tóxicos al río, amenazando a comunidades indígenas y ribereñas, así como al ecosistema.

La mina también desplazará a 813 familias, según la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, o Apib. Estas poblaciones, ya gravemente afectadas por las sequías tras el proyecto Belo Monte, podrían enfrentar daños adicionales. La represa de Belo Monte ha reducido el caudal en el tramo del río Xingu donde se ubica el proyecto de Belo Sun.

Al citar un análisis de la organización sin fines de lucro Amazon Watch, los fiscales estimaron que la mina Volta Grande será la responsable de emisiones totales de alrededor de 3,7 millones de toneladas de dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global. La estimación supone la emisión de una tonelada de dióxido de carbono por cada 28 gramos de oro extraído.

Por qué ha sido impugnado

La concesión de licencias para Volta Grande ha enfrentado oposición desde el inicio.

Los fiscales intentaron frenar el proceso en 2013, al señalar la falta de una consulta adecuada con las comunidades indígenas afectadas. En 2017, el pleno de un tribunal federal coincidió, al exigir la aprobación del gobierno federal y una consulta formal con las comunidades indígenas antes de que el proyecto pudiera avanzar.

Sin embargo, los magistrados revocaron esa decisión en 2025 y devolvieron las licencias al estado de Pará. Los fiscales apelaron, al sostener que la decisión reciente equivale a un juicio separado y nuevo. El tribunal resolverá la apelación el miércoles.

Las comunidades indígenas Juruna y Arara del Xingu difundieron una carta abierta en diciembre pasado en que afirmaron que nunca han aceptado el proyecto, como exige el fallo de 2017. En un comunicado compartido con The Associated Press, Belo Sun indicó que ha realizado la consulta indígena debida, respetando los protocolos establecidos por las comunidades afectadas y bajo supervisión de las autoridades.

Los fiscales federales argumentaron que el gobierno brasileño —y no el gobierno local de Pará— debería aprobar el proyecto debido a sus impactos a nivel nacional. El proyecto afectará territorios indígenas, lo cual es un asunto federal; impactará el río Xingu —una vía fluvial federal— y afectará aún más la represa hidroeléctrica de Belo Monte, construida por el gobierno federal.

“Desde el inicio, como hicimos en Belo Monte, hemos sostenido que la concesión de licencias corresponde a la jurisdicción federal porque afecta tierras indígenas y un río federal”, dijo el fiscal federal Felício Pontes Jr., quien trabaja en el caso.

Agregó que los impactos acumulativos con la represa hidroeléctrica son un tema central. Los tribunales brasileños ya han determinado que los impactos de Belo Monte fueron mucho mayores de lo que se proyectó originalmente.

En fallos recientes, las cortes ordenaron compensaciones para las comunidades afectadas y exigieron a Norte Energia, la empresa que opera la represa, proporcionar agua potable a las familias cuyas fuentes naturales se secaron, así como revisar cuánta agua desvía del río Xingu para hacer funcionar sus turbinas.

“Esto podría crear un conflicto importante si no existe una sola autoridad que otorgue licencias a ambos proyectos, dados los impactos que un proyecto tiene sobre el otro”, expresó el fiscal.

Qué sucede después

Si el tribunal decide devolver el caso al gobierno federal, la medida podría invalidar las licencias ambientales otorgadas en 2025 a Belo Sun por el estado de Pará. En cualquier caso, las partes aún pueden presentar impugnaciones. También siguen pendientes en las cortes otras demandas que cuestionan el proyecto.

Antes de la votación, Belo Sun anunció que está poniendo en marcha nuevos estudios técnicos para el proyecto Volta Grande.

La empresa informó el 12 de mayo que había contratado a una consultora minera para revisar y actualizar los estudios técnicos de la Licencia de Instalación. El objetivo es identificar mejoras, delinear actualizaciones para un estudio de viabilidad definitivo y desarrollar un plan del proyecto por fases. Belo Sun espera completar este paso para el tercer trimestre de 2026.

Belo Sun señaló que la mina Volta Grande sigue sujeta a la concesión de licencias ambientales por parte de las autoridades regulatorias y judiciales competentes en Brasil.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.