Tribunal internacional abandona investigación sobre sanciones de EEUU a Venezuela

La Corte Penal Internacional (CPI) abandonó una investigación sobre si las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela calificaban como crímenes de lesa humanidad, informaron los fiscales el jueves.
En 2020, Venezuela pidió a la CPI que examinara lo que calificó como “medidas coercitivas ilegales”, al argumentar que las congelaciones de activos y las prohibiciones de viaje contra funcionarios venezolanos, impuestas por primera vez por Estados Unidos durante el régimen del expresidente Barack Obama, habían causado “sufrimiento generalizado”.
Tras una investigación inicial, los fiscales declinaron seguir adelante, mencionando la falta de pruebas.
En un comunicado, la fiscalía del tribunal internacional señaló que, si bien era “generalmente aceptado” que las sanciones “podrían haber agravado una situación humanitaria ya desesperada”, no había pruebas suficientes de la “intención necesaria” para presentar cargos penales.
El tribunal indicó que el cierre de la investigación “no se relaciona con los acontecimientos de enero de 2026 en Venezuela”.
En esa fecha, las fuerzas de Estados Unidos capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, y los sacaron del país en un fulminante ataque militar. Estados Unidos también ha llevado a cabo una serie de ataques contra embarcaciones que, según afirma, transportaban drogas desde Venezuela.
El examen de las sanciones de Estados Unidos es independiente de la investigación que el tribunal realiza actualmente sobre posibles crímenes cometidos por fuerzas de seguridad venezolanas del gobierno de Maduro durante una represión de las protestas antigubernamentales en 2017.
El año pasado, jueces de apelación ordenaron al fiscal jefe Karim Khan apartarse de una investigación sobre Venezuela, mencionando un conflicto de intereses. La cuñada de Khan, la abogada penal internacional Venkateswari Alagendra, ha formado parte de un equipo que representa al gobierno de Maduro.
Khan se encuentra actualmente de licencia del tribunal, tras dejar el cargo temporalmente mientras se investiga una denuncia en su contra por presunta conducta sexual indebida.
En otros hechos, la oficina del fiscal informó el jueves que avanzaba con una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por Bielorrusia.
En 2024, Lituania pidió a la CPI que abriera una investigación sobre su vecino por las severas represiones que han enfrentado los grupos de oposición.
Lituania sostiene que Alexander Lukashenko, el presidente de línea dura de Bielorrusia, obligó a disidentes a cruzar la frontera, lo que otorga jurisdicción al tribunal. Lituania es miembro del tribunal, pero Bielorrusia no.
La decisión abre la posibilidad de que Lukashenko y otros funcionarios bielorrusos puedan enfrentar cargos ante la CPI.
Sviatlana Tsikhanouskaya, la líder opositora bielorrusa en el exilio, celebró la decisión. “Esta decisión devuelve la esperanza de que la justicia prevalecerá, de que los responsables rendirán cuentas y de que las víctimas finalmente recibirán verdad y justicia”, manifestó en un comunicado enviado a The Associated Press.
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Yuras Karmanau en Tallin, Estonia, contribuyó a este despacho.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.






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