Periodistas en México enfrentan amenazas tanto de agresores como del sistema que debe protegerlos

Hace tres años, Alberto Amaro estaba sentado en su casa cuando escuchó dos disparos. Su hijo, quien jugaba en el jardín, corrió aterrorizado al interior. Cuando Amaro llegó a la puerta, vio a dos hombres armados correr por la calle.

Amaro, un periodista de 38 años de edad en el estado de Tlaxcala, en el centro de México, dice que denunció de inmediato el incidente ante la instancia federal encargada de proteger a los periodistas y solicitó medidas de emergencia. “Pasaron más de 48 horas y el Mecanismo nunca nos respondió”, agregó. A la larga acudió a un tribunal, el cual ordenó brindarle seguridad a su familia.

El suyo no es un caso aislado. Lo que le sucedió a Amaro fue uno de los muchos encuentros alarmantes que ponen en evidencia las deficiencias del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, un programa federal creado en 2012 para salvaguardar a quienes enfrentan amenazas debido a su trabajo.

Entre 2017 y 2022, ocho periodistas fueron asesinados mientras estaban bajo custodia de este mecanismo de protección federal, según una investigación conjunta de Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

Amaro se incorporó al Mecanismo en 2019, poco después de fundar su propio medio de comunicación. Desde entonces ha vivido más de 30 agresiones —incluidas detenciones, ataques a tiros, intimidación y amenazas de muerte— ligadas a sus reportajes sobre la policía, funcionarios gubernamentales y el crimen organizado.

En 2023, tras denunciar que había recibido amenazas de muerte directas por parte de un alcalde, el Mecanismo determinó que Amaro enfrentaba una situación de alto riesgo y le asignó escoltas.

Posteriormente esa instancia intentó retirar la protección que le daba, pese a reconocer que el riesgo para Amaro aún era elevado. El periodista recurrió a la vía judicial, y un juez les ordenó a las autoridades realizar una evaluación integral de los riesgos.

Amaro, quien fundó el medio digital La Prensa de Tlaxcala en 2019, comentó que le preocupan cosas como “qué vas a publicar, de que sales y si te van a matar, o si vas a regresar hoy a casa. Y dos: que no me quiten las medidas de protección”.

Una década en lucha por protección y justicia

México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, exceptuando las zonas donde hay guerra. El CPJ ha documentado el asesinato de siete periodistas en el país en 2026, seis de ellos en poco más de dos meses.

Francisco Pacheco fue asesinado a tiros frente a su casa en Taxco, en el estado de Guerrero, en 2016. Desde entonces, su hija mayor, Priscila Pacheco, de 34 años, demanda que se haga justicia por su padre y lucha para conservar protección para ella y su familia. Su padre fue un periodista de investigación que denunciaba la corrupción en el gobierno local, y en 1998 fundó el periódico El Foro de Taxco junto con su esposa Verónica.

“Creo que lo más difícil para mí fue tener que elegir el ataúd de mi padre”, dice Priscila, la última persona que lo vio con vida.

Tras recibir más amenazas de muerte, Priscila, su madre y dos hermanos huyeron pocos días después del asesinato, y dejaron atrás su hogar y su imprenta. Más de una década después, continúan desplazados y el crimen sigue sin resolverse.

Propuesta Cívica, una organización de la sociedad civil mexicana que brinda apoyo jurídico a periodistas y a sus familias, estima que el 98% de los homicidios de periodistas permanecen impunes. “El problema estructural más profundo es que se ha depositado en el Mecanismo una responsabilidad que corresponde al Estado en su conjunto”, dice Vanessa Carrillo, codirectora de Propuesta Cívica.

A pesar de las amenazas constantes, Priscila expuso que el Mecanismo le ha denegado protección personal, dado que ella trabaja como empleada pública: labora para el Mecanismo de Protección a nivel estatal en la ciudad de Toluca, en el Estado de México.

Las medidas de seguridad proporcionadas a su familia han sido poco confiables. El botón de pánico que tienen no siempre funciona, y Priscila no tiene uno que pueda llevar consigo. El equipo de seguridad instalado en el hogar de la familia, incluidas las cámaras, cerraduras y luces, no recibe el mantenimiento adecuado, refiere, y a menudo las patrullas policiales no se realizan o se llevan a cabo sólo tras presentar una solicitud formal por escrito.

En las reevaluaciones anuales de riesgo, Priscila debe solicitar repetidamente a más de 20 funcionarios que no retiren la limitada protección que su familia aún recibe.

“Me parece que necesitan que tengas una amenaza directa. O que literalmente lleguen y te hagan algo”, comenta la abogada de derechos humanos.

La familia no tiene planes de regresar a Taxco mientras persista la violencia. “Jamás en la vida nos vamos a sentir seguros... La seguridad es algo que nos han robado”, dice. “Para nosotros se ha vuelto utópico, porque son las propias autoridades las que nos han fallado”.

La lucha por continuar con la labor informativa de manera segura

Jonathan Cuevas, de 38 años, pasó tres años desplazado de su hogar en Iguala, Guerrero, tras recibir amenazas relacionadas con su labor periodística sobre el crimen organizado y los funcionarios locales.

En 2020, el Mecanismo de protección de México dispuso que residiera en una casa de seguridad en Ciudad de México, pero las amenazas continuaron. Fue trasladado a tres casas de seguridad distintas durante su desplazamiento.

“Mi retorno a Iguala y a Guerrero no se da por acciones que haya emprendido el gobierno”, dice Cuevas. “Se da por el simple hecho de que los grupos pactaron una tregua”.

Un acuerdo entre dos grupos criminales rivales que se disputaban el control de la zona permitió que Cuevas y otros periodistas desplazados regresaran en 2023.

Pero tras regresar, Cuevas refiere que dos personas le advirtieron que ya no publicara artículos sobre la fiscalía local y amenazaron con matarlo si continuaba. Finalmente dejó de informar sobre esos temas. Cuevas dice que el Mecanismo documentó las agresiones que él denunció, pero no logró coordinarse con los fiscales federales.

Además, las medidas de protección también fueron inconstantes y, con frecuencia, poco adecuadas para la naturaleza de su labor. El botón de pánico que recibió no funciona en comunidades sin cobertura de telefonía celular, donde suele realizar su trabajo periodístico, mientras que las patrullas de seguridad son irregulares.

Cuevas ha rechazado contar con escoltas, pues dice que desplazarse acompañado de hombres armados lo convertiría en un blanco más sencillo. Piensa que el sistema le da prioridad a mantener a los periodistas confinados en casas de seguridad, por encima de permitirles continuar con su trabajo. Si bien el desplazamiento puede ofrecer una mayor seguridad, separa a los periodistas locales de sus familias, comunidades y fuentes de información.

“¿Qué pasa con los que sí queremos seguir trabajando y ejerciendo el periodismo?”, pregunta Cuevas.

Un sistema reactivo, no uno preventivo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha subrayado que el Estado debe prevenir las agresiones y reducir los riesgos, no sólo limitarse a investigarlos.

“El éxito del sistema no debería medirse solamente por el número de medidas otorgadas o por su rapidez de implementación, sino por su capacidad para reducir los riesgos, evitar nuevas agresiones y permitir que periodistas y personas defensoras continúen ejerciendo su labor con libertad y seguridad”, indicó Carrillo.

Según Propuesta Cívica, el Mecanismo de Protección federal de México se ve lastrado por retrasos burocráticos, falta de personal y un enfoque reactivo. Las medidas de protección suelen resultar inadecuadas, las evaluaciones de riesgo sufren demoras y las salvaguardas son retiradas a pesar de que las amenazas persisten.

En 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el Mecanismo de Protección podría recibir fondos adicionales si fuera necesario. No obstante, Reporteros Sin Fronteras refiere que el gobierno ha avanzado poco en el cumplimiento de sus compromisos en materia de libertad de prensa, incluida una revisión prometida de dicho Mecanismo.

The Associated Press contactó en varias ocasiones al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de México con el fin de solicitar una entrevista. Un funcionario de alto rango declinó ser entrevistado, y el organismo no ha respondido a solicitudes posteriores.

Tras pasar un año en España con su familia debido a amenazas, Alberto Amaro fue sometido a una nueva evaluación, la cual determinó que él enfrentaba un riesgo alto, pero su familia no. En 2025 las autoridades intentaron retirar las escoltas asignadas a su familia, y posteriormente restringieron algunos de sus movimientos. Amaro impugnó estas decisiones ante los tribunales y obtuvo un fallo a su favor.

En una amenaza reciente, Amaro recibió una llamada desde un número desconocido. Quien lo llamó dijo ser un alto mando del Cártel Jalisco Nueva Generación y le advirtió que tuviera cuidado con lo que escribía.

A pesar de contar con dos escoltas que lo acompañan las 24 horas del día, Amaro sostiene que ni así se siente seguro.

“Si me encuentro a cuatro (personas)”, dice, “ya nos ganaron”.