Marine Le Pen admite "error" en juicio por malversación

La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen reconoció "un error" el miércoles durante una audiencia de apelación en París que podría descarrilar sus ambiciones presidenciales, pero negó firmemente las acusaciones de que estaba en el centro de un sistema fraudulento para desviar fondos de la Unión Europea.

Le Pen, de 57 años, busca anular un fallo de marzo de 2025 que la declaró culpable de malversar fondos del Parlamento de la UE en la contratación de asistentes desde 2004 hasta 2016.

Reconoció que algunas personas pagadas como asistentes parlamentarios de la UE realizaron trabajos para su partido, entonces conocido como el Frente Nacional, durante ese período.

"El error radica aquí: ciertamente hubo algunos asistentes, caso por caso, que debieron haber trabajado de manera marginal, más sustancial o completamente... en beneficio del partido. Y voilà", dijo Le Pen al panel de tres jueces.

El juicio de cinco semanas que comenzó la semana pasada podría impactar significativamente el panorama político de Francia. El tribunal de apelaciones debe emitir su fallo antes del verano.

En marzo pasado, Le Pen fue inhabilitada de ocupar cargos electos por cinco años, dos años de arresto domiciliario con un brazalete electrónico y una sentencia suspendida adicional de dos años por haber violado las regulaciones del bloque de 27 naciones.

Un tribunal de París dictaminó que ella estaba en el corazón de "un sistema fraudulento" que su partido utilizó para desviar fondos del Parlamento de la UE por valor de 2,9 millones de euros (3,4 millones de dólares). El fallo describió la malversación como "un atajo democrático" injusto para los competidores.

Si se le permite postularse, se espera que Le Pen esté entre los principales contendientes en las elecciones presidenciales de 2027. Si no es elegible, ha designado a su protegido de 30 años, Jordan Bardella, como su sucesor en la candidatura presidencial.

Durante un intenso interrogatorio el miércoles, Le Pen negó firmemente la existencia de "un sistema" destinado a contratar trabajadores del partido con fondos de la UE. Insistió en que su partido nunca cometió ningún movimiento ilegal a propósito.

"No diría que hicimos todo perfectamente. Se nos puede criticar en algunos aspectos", dijo Le Pen. "Pero actuamos con total buena fe".

Cuestionada sobre el proceso de toma de decisiones para cada contratación, Le Pen reconoció "ambigüedad" en la asignación de algunos asistentes. Su asistente personal, que tenía un contrato como asistente parlamentario de la UE, "puede haber comprado algunos boletos de avión para mí como presidenta del partido, lo admito, sí", dijo.

La jueza principal, Michèle Agi, señaló que como eurodiputada desde 2004 y presidenta de su partido desde 2011, Le Pen había aprobado esas contrataciones.

"Eres abogada, conoces la ley; inevitablemente, una firma, un contrato son nociones que tienen un significado para ti", le dijo Agi a Le Pen.

Le Pen, en cambio, culpó al Parlamento Europeo por no haberle dicho a su partido en ese momento que la forma en que estaba contratando personas era potencialmente contraria a las reglas.

Preguntada sobre su guardaespaldas, declaró que creía que el Parlamento Europeo aceptó que tenía un contrato como asistente porque su caso era "un poco especial".

"No hay muchos eurodiputados que necesiten ser protegidos... y uno también puede pensar que el Parlamento Europeo toma en cuenta esa situación excepcional. Creo que no cometimos ninguna irregularidad", indicó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.