Corte británica: plan del gobierno de enviar solicitantes de asilo a Ruanda es ilegal

Un tribunal británico dictaminó el jueves que el plan del gobierno para enviar a los solicitantes de asilo a Ruanda en un intento de disuadir a los migrantes de embarcarse en peligrosas travesías a través de Canal de la Mancha es ilegal.

Los jueces de la Corte de Apelaciones indicaron que Ruanda no puede considerarse un “tercer país seguro” al que enviar a los migrantes.

Es posible que el gobierno recurra el fallo ante el Tribunal Supremo.

El gobierno conservador del primer ministro, Rishi Sunak, ha prometido “frenar los botes” — una referencia a las lanchas neumáticas y otras pequeñas embarcaciones sobrecargadas que cruzan desde el norte de Francia con migrantes que esperan obtener una vida mejor en Gran Bretaña.

Más de 45.000 personas llegaron al país a través del Canal en 2022, y varias fallecieron en el intento.

Los gobiernos de ambos países acordaron hace más de un año que algunos de los migrantes que llegasen a territorio británico como polizones o en barcos pequeños serían enviados a Ruanda, donde se procesarían sus solicitudes de asilo. Quienes lo obtuviesen, se quedarían en la nación africana en lugar de regresar a Gran Bretaña.

El ejecutivo británico sostiene que esta política disuadiría a las bandas criminales que transportan a los migrantes en peligrosos viajes por una de las rutas marítimas más transitadas del mundo.

Los grupos de defensa de los derechos humanos, por su parte, dicen que es inmoral e inhumano enviarlos a más de 6.400 kilómetros (4.000 millas) a un país en el que no quieren vivir, y señalan el pobre historial del país en materia de derechos, incluyendo las denuncias de tortura y asesinato de opositores.

Gran Bretaña ya ha pagado 140 millones de libras (170 millones de dólares) a Ruanda en base al acuerdo, pero aún nadie ha sido deportado allí.

Un tribunal de primera instancia determinó en diciembre que la política era legal y no violaba las obligaciones británicas en virtud de la Convención de Refugiados de Naciones Unidas u otros acuerdos internacionales, rechazando la demanda presentada por varios solicitantes de asilo, grupos de ayuda y un sindicato de funcionarios fronterizos.

Pero la corte permitió que los demandantes recurriesen el fallo por cuestiones como si el plan es “sistemáticamente injusto” o si los afectados estarían seguros en Ruanda.

En una victoria parcial para el ejecutivo de Sunak, la corte de apelaciones determinó que las obligaciones internacionales británicas no excluyen la deportación de solicitantes de asilo a un tercer país seguro.

Pero dos de los tres magistrados del tribunal indicaron que Ruanda no era una nación segura porque su sistema de asilo tiene “graves deficiencias”, apuntando que los afectados “enfrentarían un riesgo real de ser devueltos a sus naciones de origen”, donde podrían ser matratados.

El gobierno de Ruanda respondió a la sentencia afirmando que la nación es “uno de los países más seguros del mundo”.

“Como sociedad, y como gobierno, hemos construido un entorno seguro y digno en el que los migrantes y refugiados tienen los mismos derechos y oportunidades que los ruandeses”, afirmó la vocera del ejecutivo, Yolande Makolo. “Todos los reubicados aquí en virtud de este pacto se beneficiarán".