¿Cómo debería Israel llevar ante la justicia a los autores del peor ataque de su historia?
La incursión sin precedentes de Hamás en el sur de Israel ha generado un dilema legal: ¿Cómo un país marcado por el ataque más mortífero de su historia lleva a los perpetradores ante la justicia?
Israel mantiene detenidos a cientos de palestinos de Gaza acusados de participar en el ataque del 7 de octubre que desató su guerra contra Hamás. Lidia con cómo procesar a los sospechosos y brindar resolución a los israelíes, incluidas las familias de las víctimas.
Ninguna de las opciones legales disponibles parece adecuada.
Los juicios penales masivos podrían abrumar a los ya lentos tribunales de Israel. Un tribunal dispuesto especialmente para crímenes de guerra establecido bajo el actual gobierno de ultraderecha de Israel podría carecer de credibilidad. Liberar a los sospechosos como parte de un acuerdo para rescatar a los rehenes retenidos en Gaza molestaría a muchos israelíes traumatizados.
“Ellos mataron, violaron, saquearon y fueron sorprendidos con las manos en la masa”, dijo Yuval Kaplinsky, exfuncionario de alto nivel del Ministerio de Justicia israelí. No existe una fórmula mágica sobre cómo llevar a cabo un juicio sobre ellos”.
Los grupos de derechos humanos dicen que cuanto más tarda Israel en decidir el camino legal adecuado, más tiempo languidecen los presuntos perpetradores en malas condiciones y sin contacto conocido con el mundo exterior. Al menos 27 palestinos de Gaza han muerto bajo custodia israelí desde que comenzó la guerra, según cifras israelíes.
¿CÓMO MANEJA ISRAEL A LOS SOSPECHOSOS PALESTINOS?
Israel ha enfrentado desde hace mucho tiempo problemas legales relacionados con sospechosos palestinos —y durante toda esa época ha sido criticado por su enfoque. Utiliza regularmente una medida llamada detención administrativa para retener a los palestinos sin cargos ni juicio.
Los sospechosos palestinos de Cisjordania son juzgados en tribunales militares israelíes que han sido un elemento habitual de su ocupación indefinida del territorio. Los palestinos y los grupos de derechos humanos dicen que el sistema casi siempre emite veredictos de culpabilidad. Israel argumenta que ofrece el debido proceso y encarcela a quienes amenazan su seguridad.
Shawan Jabarin, quien dirige el grupo de derechos palestinos Al-Haq, sostuvo que cualquier juicio celebrado por Israel no sería creíble.
“Éste es el sistema que tienen los israelíes: Inhumano. Injusto. Sin debido proceso”, sostuvo.
En el ataque del 7 de octubre, miles de palestinos cruzaron la frontera desde Gaza hacia Israel, derribaron las defensas del país y arrasaron comunidades aún dormidas. Mataron a familias enteras, cazaron a quienes estaban en un festival de música al aire libre y cometieron violencia sexual.
Hamás tomó aproximadamente 250 rehenes, entre ellos mujeres, niños y adultos mayores, y se cree que todavía retiene a 100 de ellos.
La posterior invasión de Israel ha matado a más de 31.000 palestinos y provocado una hambruna generalizada.
¿Y LOS TRIBUNALES PENALES?
Los tribunales penales de Israel son distintos de los tribunales militares y son considerados ampliamente independientes de la influencia política.
Pero Barak Medina, profesor de Derecho en la Universidad Hebrea de Jerusalén, dijo que juzgar allí a los cientos de sospechosos abrumará al sistema ya atrasado en casos y podría llevar años.
La oficina de defensores públicos de Israel ha dicho que no proporcionará abogados financiados por el Estado para los sospechosos, tras considerar que abogados israelíes también marcados por el ataque de Hamás no son adecuados y carecen de voluntad para hacerlo.
Según Kan, el canal de televisión público y abierto israelí, la oficina ha sugerido contratar a abogados extranjeros, como en el juicio penal de 1961 en Israel contra Adolf Eichmann, uno de los principales organizadores del Holocausto en la Alemania nazi.
Algunos expertos han señalado ese juicio como posible precedente porque fue de alto perfil, abordó un evento traumático y desafió el marco legal existente en Israel. Al ventilar públicamente los atroces crímenes de los nazis, el juicio ofreció cierta catarsis para los sobrevivientes del Holocausto.
Eichmann, quien fue capturado por agentes del Mossad en Argentina, estuvo representado por un abogado alemán y fue declarado culpable de crímenes contra la humanidad, crímenes contra el pueblo judío y crímenes de guerra. Fue ejecutado en 1962, la única vez que Israel llevó a cabo una sentencia de muerte.
Un juicio público similar por los crímenes de Hamás podría ofrecer a los israelíes cierto sentido de justicia. Pero el juicio de Eichmann se centró en un solo acusado.
Kaplinsky, exfuncionario del Ministerio de Justicia, dijo que las narrativas presentadas en los juicios penales también podrían jugar contra Israel al proporcionar argumentos para sus oponentes.
Por ejemplo, si los fiscales no logran incluir los cargos de violación en ninguna acusación porque las pruebas que tienen no alcanzan el umbral legal, eso podría alimentar argumentos sobre si existió la violencia sexual. Los abogados defensores podrían utilizar tiroteos con fuego amigo para despertar sospechas sobre el número de muertos por el ataque.
¿QUÉ HAY DE UN TRIBUNAL?
Kaplinsky presentó un plan a una comisión parlamentaria israelí que sugiere la creación de un tribunal que tome los acontecimientos del 7 de octubre como un hecho establecido. El tribunal no llamaría a testigos, pero se basaría en documentos de las fuerzas de seguridad de Israel, así como en los interrogatorios de los sospechosos. Los sospechosos financiarían su propia defensa.
No es claro si su plan está siendo considerado.
Dahlia Scheindlin, una analista política que escribió un libro sobre la democracia de Israel, dijo que cualquier tribunal creado bajo el actual gobierno de ultraderecha de Israel estaría políticamente contaminado.
“Parecerá que las leyes son adaptadas al capricho político del actual gobierno”, agregó.
Medina, el profesor de Derecho, dijo que parece que el Estado posterga tomar cualquier decisión sobre cómo juzgar a los sospechosos porque supone que serán liberados como parte de un acuerdo para liberar a los rehenes.
El Ministerio de Justicia israelí declinó hacer comentarios.
¿QUÉ PASA AHORA CON LOS SOSPECHOSOS?
Por ahora, se dice que muchos de los sospechosos son considerados “combatientes ilegales”, lo que significa que Israel puede extender su detención indefinidamente, retrasar su acceso a un abogado y mantener confidenciales los procedimientos legales. Los grupos de derechos humanos dicen que la falta de transparencia puede permitir abusos.
El predicamento de Israel es similar al que enfrentó Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre cuando intentaba capturar a Osama bin Laden, el líder de la red Al Qaeda. Estados Unidos envió cientos de sospechosos a la Bahía de Guantánamo, en Cuba. El centro de detención se convirtió en foco de la indignación internacional debido a la tortura de prisioneros y la insistencia de Estados Unidos de que podía retener a los hombres indefinidamente sin cargos.
Avi Kalo, quien dirige el programa de derecho internacional del grupo de expertos del Instituto Internacional Antiterrorismo de la Universidad Reichman de Israel, y que es ex asesor jurídico del cuerpo de inteligencia del ejército israelí, dijo que esta situación es diferente porque los detenidos el 7 de octubre están retenidos en territorio de Israel y sujetos a la ley israelí. Eso incluye la supervisión judicial de sus casos, aunque los grupos de derechos humanos dicen que esa supervisión tiene deficiencias.
Tal Steiner, director ejecutivo del Comité Público Contra la Tortura en Israel —una organización no gubernamental de derechos humanos—, dijo que los relatos de los prisioneros liberados indican que los detenidos reciben poca comida y sufren un trato inhumano que podría equivaler a tortura.
El Servicio Penitenciario de Israel, que retiene a algunos de los sospechosos, manifestó que a los prisioneros se les garantizan sus derechos básicos.
Steiner opinó que la comisión no ha tomado una posición sobre la mejor manera de llevar a los atacantes ante la justicia.
“Es una cuestión jurídica complicada”, dijo. “Pero la alternativa de mantenerlos detenidos durante mucho tiempo, incomunicados y en condiciones tan duras tampoco es una opción legal normal”.