Colombia pide perdón a colectivo de abogados violentado y perseguido a causa de su defensa de DDHH
El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió el viernes perdón público en nombre del Estado al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo por hechos de violencia y persecución de los que fueron víctimas durante la década de 1990 a causa de sus actividades en defensa de los derechos humanos.
“A nombre de ese Estado que aún no está, pido disculpas por lo que un Estado genocida hizo en Colombia”, aseguró Petro, primer presidente de izquierda en el país, quien recordó que también fue víctima de interceptaciones ilegales cuando fue opositor, por lo que también está reclamando disculpas.
El acto público fue realizado en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en 2023 halló al Estado colombiano responsable internacionalmente de violar los derechos del colectivo de abogados, dado que desde la década de 1990 y hasta el 2005 fueron víctimas de actividades ilegales de inteligencia.
“En discursos públicos, desde presidentes de la república hacia abajo, nos estigmatizaron... buscaron neutralizar nuestro trabajo y hasta aniquilarnos”, aseguró durante el evento Yessika Hoyos, presidenta del CAJAR.
El riesgo para el colectivo estaba vinculado a la posición antagónica que tenían en medio del conflicto armado interno, un escenario especialmente peligroso, según reconoció la Corte IDH, para quienes denunciaban e intervenían en procesos judiciales sobre violaciones a derechos humanos.
“Decían que éramos del comunismo internacional y que éramos sus agentes, para desprestigiar nuestra labor”, afirmó Eduardo Carreño, uno de los fundadores del colectivo.
Según Carreño, tanto ellos como sus familias eran catalogados como “enemigos internos” y perfilados por la estatal Departamento Administrativo de Seguridad, que fue usado para perseguir opositores y se disolvió en el 2011.
El exilio y las persecuciones
Según la sentencia, el colectivo de abogados fue víctima de atentados consumados y fallidos, amenazas, seguimientos e interceptaciones de comunicaciones por parte de organismos estatales.
“Recuerdo los días antes de partir (al exilio), el miedo tenía rostro: el de mi padre, cada mañana abrochando su chaleco antibalas”, recordó entre lágrimas Heidy Pérez, hija del miembro del colectivo Luis Guillermo Pérez Casas exiliado en Bélgica en 1995. “Íbamos temporalmente, pero el exilio se volvió casa”.
Soraya Gutiérrez, miembro del colectivo desde 1993, relató que en esa época ingresaban ilegalmente a sus casas para escudriñar e intimidar, sin que fuera un robo porque no se llevaban los objetos de valor. También hacían llamadas intimidantes y seguimientos a sus hijos.
“Nuestro rol público es percibido como una trasgresión a los roles de género en una sociedad que aún sigue siendo muy patriarcal”, reclamó Gutiérrez.
Gutiérrez advirtió que la persecución no ha cesado, porque sigue siendo un riesgo defender los derechos humanos, pese a que el Estado firmó en 2016 un acuerdo de paz con la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Aún quedan disidencias de la guerrilla y otros grupos armados enemigos entre sí.
Desde el 2016 hasta junio de 2025 han sido asesinados 1.577 líderes sociales y defensores, según la estatal Defensoría del Pueblo.