La vicepresidenta filipina Duterte buscará la presidencia en 2028 pese a mociones de destitución

La vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, dijo el miércoles que se postularía a la presidencia en las elecciones de 2028, una candidatura que tendría que resistir nuevos intentos de someterla a un juicio político en el Congreso y denuncias penales que podrían inhabilitarla para ejercer cargos públicos si es condenada.

Hizo el anuncio en un discurso televisado en el que reiteró acusaciones de corrupción y mala gestión contra el presidente, Ferdinand Marcos Jr. Ambos fueron compañeros de fórmula en una vertiginosa alianza en las elecciones de 2022, pero desde entonces han protagonizado una amarga ruptura.

Ella y su familia han culpado a Marcos por la detención de su padre, el expresidente Rodrigo Duterte, quien enfrenta un posible juicio por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional, que ordenó su arresto y detención en Holanda el año pasado por su mortífera ofensiva antidroga.

Sara Duterte acusó a Marcos de incumplir sus promesas de campaña y de gobernar mal. Pidió repetidamente perdón al público por problemas como la corrupción gubernamental, los asuntos de orden público y la inflación.

“Los políticos a menudo evitan anunciar sus planes con anticipación para no convertirse en blanco de ataques”, comentó Duterte. “Pero este gobierno hace tiempo que destruyó mi nombre”.

Luego anunció su candidatura presidencial y abandonó una conferencia de prensa sin aceptar preguntas.

Marcos, cuyo mandato está limitado a un solo periodo de seis años, no reaccionó de inmediato a la candidatura presidencial de la vicepresidenta ni a sus acusaciones. Una portavoz presidencial, Claire Castro, señaló que Duterte debería pedir disculpas al público por las numerosas irregularidades y acusaciones de corrupción que enfrenta, junto con sus frecuentes viajes personales al extranjero.

“Debería pedir perdón por centrarse en destruir la reputación de otras personas en lugar de hacer su trabajo y ayudar al gobierno”, afirmó Castro.

La mayoría de las acusaciones contra Duterte habían sido incluidas en una denuncia de juicio político que ella superó por una cuestión técnica el año pasado.

La Cámara de Representantes había votado a favor de someterla a juicio político y envió el caso al Senado para su juicio. Sin embargo, la Corte Suprema dictaminó posteriormente que la cámara baja violó una norma constitucional que establece que sólo puede tramitarse un caso de juicio político por año contra un funcionario sujeto a ese procedimiento.

Las denuncias de juicio político presentadas este mes se centraron en su presunto uso ilegal y manejo indebido de 10,3 millones de dólares en fondos confidenciales de la oficina de la vicepresidenta y de su etapa como secretaria de Educación bajo Marcos.

Otra denuncia la acusó de tener riqueza sin explicación, incluso en cuentas bancarias personales. Un fiscal anticorrupción indicó que su agencia intentaba obtener acceso a esas cuentas como parte de una investigación penal separada.

La amenaza de la vicepresidenta durante una conferencia de prensa en línea en 2024 de mandar matar al presidente, a su esposa y al presidente de la Cámara de Representantes si ella misma era asesinada fue citada en una de las denuncias de juicio político.

Durante la investigación original de la Cámara sobre las acusaciones, Duterte se negó a responder en detalle a las preguntas y se ausentó de algunas de las audiencias televisadas.

El abogado de la vicepresidenta, Michael Poa, ha dicho que Duterte estaba preparada para enfrentar estas acusaciones y confiaba en que “una revisión justa e imparcial demostrará que las acusaciones carecen de fundamento tanto fáctico como jurídico”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.