Operativos de Colombia y Panamá afectan al cártel Clan del Golfo en zona fronteriza

Las autoridades de Colombia y Panamá realizaron sendos operativos en contra del Clan del Golfo en la zona fronteriza donde contaba con una central de comunicaciones y una explotación de minería ilegales, en los que un presunto integrante del grupo murió y más de una docena fueron capturados, según informó el jueves el ejército colombiano.

El presunto miembro del Clan del Golfo abatido, que no fue identificado, murió durante el operativo realizado la víspera por esa fuerza colombiana en la zona rural de Riosucio, en el departamento colombiano de Chocó, mientras que tres personas fueron capturadas luego de que efectivos militares ingresaran por una zona selvática hasta un campamento improvisado que pertenecería al mayor cártel activo en Colombia.

En el lugar cubierto con plásticos negros fueron incautadas armas, municiones, cartillas alusivas al Clan del Golfo, material de dotación militar, equipos de comunicaciones y explosivos improvisados, agregó el reporte.

La central ilegal de comunicaciones habría sido empleada para informar sobre movimientos de las autoridades en la zona y “coordinar acciones terroristas en contra de la población civil”, explicó el ejército en un comunicado.

En paralelo, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá llevó a cabo un operativo en la Loma de las Banderas, ubicada en territorio panameño y parte de la frontera que era usada como ruta de migrantes que cruzaban por la selva del Tapón del Darién.

Tras recibir información de inteligencia de Colombia, las autoridades panameñas hallaron una explotación ilícita de oro y capturaron a 13 personas, incluidos tres menores de edad. Los detenidos responderán ante las autoridades panameñas, indicó Colombia.

Héctor de Sedas, subdirector general de Senafront, aseguró en un video divulgado a la prensa sobre el caso de uno de los menores de edad, de 14 años, que “deja en evidencia las violaciones de derechos de los menores por parte de esta organización delictiva transnacional”.

Los operativos se dieron en el marco de la cooperación de las autoridades de Colombia y Panamá, congregadas para la sexta edición de la “Reunión de Mandos Regionales de Frontera”, que se realiza en Medellín, en el noroeste de Colombia.

El Clan del Golfo es señalado por las autoridades colombianas de estar involucrado en delitos como el narcotráfico, el tráfico de migrantes y la minería ilegal. Las autoridades calculan que el cártel tiene más de 10.200 miembros armados, siendo el grupo ilegal más numeroso del país.

El gobierno estadounidense designó al Clan del Golfo como una “organización terrorista”, al considerar que es “violenta y poderosa", tiene "miles de miembros” y obtiene su principal fuente de ingresos del tráfico de drogas.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, de signo conservador, dio por terminada la negociación sociojurídica que pretendía el sometimiento del Clan del Golfo —abierta por su predecesor Gustavo Petro (2022-2026)— dentro de los cambios realizados a la política de seguridad, con la que promete “mano de hierro” contra los grupos ilegales.

Al cumplir dos meses en el poder, De la Espriella aseguró que durante su mandato —que comenzó el 7 de agosto— la fuerza pública ha capturado a más de 32.000 personas e incautado 135.515 kilos de estupefacientes y 3.414 armas de fuego.

Gobierno defiende el “estatuto antiterrorista”

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, defendió el jueves la propuesta de crear el “estatuto antiterrorista”, consistente en un listado de las organizaciones ilegales que se consideren “terroristas”, lo que acarrearía a esos grupos consecuencias jurídicas y financieras. La iniciativa aún no ha sido formalmente presentada al Congreso para su debate.

Lara indicó que un texto al respecto que ha sido divulgado por la prensa local es preliminar. Agregó que se han recibido comentarios del Departamento de Estado estadounidense y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

“Los únicos que deben temerlo son las organizaciones terroristas. Ningún expresidente, ningún partido y mucho menos quien ejerza la oposición o un derecho político tiene nada que temer", aseguró Lara en X.

La versión preliminar de la propuesta ha generado preocupación entre sectores de la oposición que consideran que podría ser usada para limitar derechos a los ciudadanos.

“Crea el delito político, legaliza la tortura y las operaciones de inteligencia criminal, anula el poder judicial y el derecho a un debido proceso”, advirtió el jueves Iván Cepeda, senador opositor y excandidato presidencial.