Arabia Saudita ejecuta a una mujer y un hombre de Bangladesh por un supuesto “acto inmoral” en una mezquita

Dos personas de nacionalidad bangladesí, una mujer y un hombre, fueron ejecutadas el 14 de octubre en Arabia Saudita por cometer presuntamente un “acto inmoral” dentro de una mezquita. Sin embargo, las autoridades de Bangladesh no habían sido informadas de las condenas a muerte y se enteraron de las ejecuciones cuando ya se habían llevado a cabo.

Según trascendió, el consulado de Bangladesh en Yeda recibió el 30 de septiembre una lista de unos 2.500 prisioneros de las autoridades sauditas, entre los que figuraban las dos personas ejecutadas. No obstante, el documento incluía acusaciones distintas de las que se dieron a conocer después y no mencionaba las sentencias de muerte.

Así lo reveló un memorando confidencial del consulado al que tuvo acceso The Daily Star, un periódico de Daca, capital de Bangladesh. Según el documento, Suety Akhter, de 24 años, figuraba como acusada de adulterio, mientras que Nazrul Islam Abdul Basir, de 22, aparecía vinculado con una infracción de la ley de delitos informáticos. Estas diferencias habrían impedido que los funcionarios consulares identificaran a ambos como las personas condenadas a muerte.

Los registros también indicaban que Basir fue detenido el 1 de agosto de 2023 por una presunta infracción de la legislación saudita sobre delitos informáticos, mientras que Akhter fue arrestada al día siguiente por acusaciones de adulterio.

Según el memorando, Basir permanecía recluido en un centro penitenciario de Yeda y Akhter en la prisión de mujeres de la misma ciudad. Ambos trabajaban en labores de limpieza para una empresa llamada Al Majal.

Tras enterarse de las ejecuciones, el Gobierno de Bangladesh convocó al embajador saudita para exigir explicaciones sobre lo ocurrido.

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El consulado de Bangladesh también solicitó copias de las sentencias judiciales e información sobre los procedimientos que llevaron a las ejecuciones.

Las autoridades sauditas explicaron que las condenas a muerte se dictaron bajo la figura de ta'zir, un tipo de castigo que queda a criterio de los jueces, y aseguraron que las ejecuciones se realizaron tras una revisión judicial y una orden real. Sin embargo, el comunicado oficial no precisó en qué consistió el supuesto “acto inmoral”, en qué mezquita ocurrió ni cuándo fueron detenidas las dos personas.

El Ministerio del Interior de Arabia Saudita señaló que ambas fueron ejecutadas tras ser declaradas culpables de cometer un “acto inmoral” dentro de una mezquita de La Meca. Además, reafirmó el compromiso del Gobierno de proteger los lugares de culto y hacer cumplir la ley islámica contra quienes atenten contra su carácter sagrado. También advirtió que cualquier persona que cometiera delitos similares sería castigada conforme a la legislación saudita, según informó Gulf News.

Por otra parte, el memorando consular indicó que 306 ciudadanos de Bangladesh estaban encarcelados en la región occidental de Arabia Saudita, de los cuales 147 cumplían condenas de entre un mes y 15 años. El documento también mencionaba tres casos de delitos informáticos con penas de prisión de entre seis meses y cinco años.

Una de las personas ejecutadas era Suety Akhter, originaria de la aldea de Nagar Chhawali, en Mirzapur. La mujer fue detenida en agosto de 2023, aunque su familia no se enteró hasta un año después. En un principio, les contó que había sido arrestada tras una pelea.

“Durante los primeros cinco meses, enviaba dinero a casa. Un día nos llamó y nos dijo que estaba en prisión”, relató su padre, Fazal Mia, a The Daily Star.

Sin embargo, según The Telegraph, un policía de su localidad natal aseguró que la familia descubrió más tarde que la detención estaba relacionada con una relación sentimental que Akhter mantenía con un joven de la zona.

Su última conversación con sus familiares tuvo lugar el 13 de octubre, apenas un día antes de su ejecución. “Les dijo que regresaría a casa en unos dos meses y medio. No sabía que iban a ejecutarla”, explicó el agente.

Por su parte, el padre de Akhter sostuvo ante medios locales que su hija había sido acusada sin fundamento y encarcelada tras una disputa con otras trabajadoras en Arabia Saudita.

La familia pasó cerca de un año sin tener noticias de ella. Cuando retomaron el contacto, Akhter comenzó a llamar a casa aproximadamente una vez al mes, pero nunca mencionó el juicio ni la condena que había recibido.

Su madre, Johura, contó que Akhter estaba divorciada y tenía una hija de cuatro años. Cuando se trasladó a Arabia Saudita, dejó a la niña al cuidado de su hermana.

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Al parecer, la familia de Akhter todavía no recibió ninguna confirmación oficial del Gobierno de Bangladesh sobre su ejecución.

Por su parte, Nazrul Islam Abdul Basir, de 22 años, llegó a Arabia Saudita en noviembre de 2022. Era el mayor de cuatro hermanos y provenía de la aldea de Birampur, en el distrito bangladesí de Brahmanbaria. Según su familia, se comunicó con ellos seis meses después de su arresto para contarles que estaba detenido y que había sido acusado injustamente, aunque no dio más detalles sobre su situación.

“Si mi hijo fue ejecutado sin una causa justificada, quiero justicia”, declaró su padre, Abdul Basir, a The Daily Star.

Hasta el momento, el Gobierno de Bangladesh no confirmó oficialmente la identidad de las dos personas ejecutadas y, según trascendió, solicitó explicaciones a Riad por la presunta falta de comunicación sobre el caso. La situación genera especial preocupación en un país que tiene a más de 3,5 millones de ciudadanos trabajando en Arabia Saudita.

Mientras tanto, el ministro de Estado de Asuntos Exteriores de Bangladesh, Humaiun Kobir, aseguró que las autoridades estaban recopilando más información. Por su parte, The Independent se puso en contacto tanto con el Ministerio de Asuntos Exteriores saudita como con la misión diplomática bangladesí en Riad para solicitar comentarios.

En medio de los cuestionamientos, la Sociedad de Apoyo a los Derechos Humanos (HRSS) exigió una investigación imparcial y que se determinen las responsabilidades por las ejecuciones. La organización expresó su preocupación por los informes según los cuales ni el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bangladesh ni sus misiones diplomáticas recibieron una notificación previa.

De acuerdo con The Dhaka Tribune, HRSS reclamó que se hagan públicos los cargos, las actas judiciales, las sentencias y los detalles de la asistencia legal que recibieron ambas personas. También pidió al Gobierno investigar posibles negligencias de los organismos responsables, sancionar a quienes corresponda si se comprueban irregularidades y mejorar la coordinación entre las misiones diplomáticas.

Asimismo, insistió en la necesidad de garantizar que los ciudadanos de Bangladesh acusados de delitos graves en el extranjero tengan acceso a abogados calificados.

“Las responsabilidades de los ministerios pertinentes en la protección de los derechos de los ciudadanos que viven en el extranjero no pueden limitarse a meras formalidades”, afirmó el director ejecutivo de HRSS, Ejazul Islam, en un comunicado.

“Si hubo negligencia o alguna falla en este caso, deben determinarse las responsabilidades y los culpables deben rendir cuentas”, agregó.

Traducción de Leticia Zampedri