¿China debería compensar al mundo por la pandemia de covid-19? Un estado de EE. UU. considera que sí
Pekín afirma que sus políticas y medidas durante la pandemia fueron “actos de soberanía nacional” que no están sujetos a la jurisdicción de los tribunales estadounidenses
El estado de Misuri, EE. UU., ha intensificado su intento de embargar activos chinos en el país para cobrar una indemnización de 24.000 millones de dólares en un caso en el que se acusa a Pekín de mentir al mundo sobre la pandemia del covid-19.
Misuri pidió al Departamento de Estado de EE. UU. que notificara formalmente a China su intención de confiscar los activos total o parcialmente en propiedad de los chinos para cumplir la sentencia dictada por el juez de distrito Stephen Limbaugh en marzo.
La medida se deriva de una demanda en la que se alega que China acaparó equipos de protección personal durante los primeros meses de la pandemia, perjudicando a Misuri y a sus residentes. Un juez federal falló a favor de Misuri a principios de este año después de que China declinara participar en el juicio, calificando la demanda de “muy absurda” cuando se presentó en 2020.
Pekín se ha negado a reconocer la sentencia, alegando que sus acciones durante la pandemia no están sujetas a la jurisdicción estadounidense.
La fiscal general de Misuri, Catherine Hanaway, declaró a la prensa el miércoles que estaba recopilando una lista de posesiones y otros activos propiedad del Gobierno chino en todo EE. UU.
El intento de embargar activos chinos se produce en un momento en que las relaciones de Washington con Pekín —que se deterioraron rápidamente después de que Donald Trump lanzara una guerra arancelaria— parecen distenderse tras la reunión del presidente con su homólogo chino, Xi Jinping, en Corea del Sur.
En su primer mandato presidencial hasta 2020, Trump exigió a China el pago de $10 billones en concepto de reparaciones al mundo por la muerte y destrucción causadas por la pandemia. China dijo que Trump había “ignorado repetidamente los hechos, y tratado de eludir su responsabilidad por no responder a la epidemia y desviar la atención de la gente”.
“El patrón de acciones de China sugiere fuertemente que su Gobierno tenía conocimiento de la existencia y la transmisión de persona a persona del covid ya en septiembre de 2019”, dijo el juez Limbaugh en su sentencia.
“Las acciones del Gobierno chino también sugieren que participó en una campaña deliberada para suprimir información sobre la pandemia de covid con el fin de apoyar su campaña para acaparar PPE (equipos de protección individual) que necesitaban Misuri y un mundo desprevenido”.
Algunos juristas dudan de que Misuri pueda cobrar la indemnización, porque la legislación federal de EE. UU. suele proteger a los países extranjeros de demandas ante tribunales estadounidenses.
En el momento álgido de la pandemia, el economista británico Jim O'Neill afirmó que, si bien los dirigentes chinos seguirían viviendo con los errores, estaba “menos claro por qué otros países [creían] que les [beneficiaría] seguir refiriéndose a los errores iniciales de China, en lugar de trabajar para encontrar soluciones”.
“Para muchos gobiernos, nombrar y avergonzar a China parece una estratagema para desviar la atención de su propia falta de preparación”, añadió el también expresidente del Instituto Real de Asuntos Internacionales del Reino Unido.
“Igualmente preocupante es la creciente crítica a la Organización Mundial de la Salud, sobre todo por parte de Donald Trump, que ha atacado a la organización —y amenaza con retirar la financiación estadounidense— por supuestamente no exigir responsabilidades al Gobierno chino”, expresó.
Un informe de Associated Press del año pasado afirmaba que el Gobierno chino había obstaculizado los esfuerzos nacionales e internacionales para rastrear el virus desde las primeras semanas del brote, a pesar de las declaraciones a favor de una investigación científica abierta.
Hubo poco debate público sobre el origen de la enfermedad, notificada por primera vez en la ciudad central de Wuhan en diciembre de 2019. Según la agencia de noticias, esa pauta continúa hasta hoy, con el cierre de laboratorios, la ruptura de colaboraciones, la expulsión de científicos extranjeros y la prohibición de salir del país a investigadores chinos.
Asimismo, la agencia reportó que las autoridades sanitarias de Pekín habían cerrado el laboratorio de un científico que secuenció el virus el 6 de enero de 2020 y que habían prohibido a otros investigadores trabajar con él.
En Misuri, Hanaway declaró a los periodistas que había sido un “largo proceso para que [pudieran] ejecutar esa sentencia”, pero que ahora la ejecutarían, “como cualquier otra sentencia en este ámbito”.
Añadió que Misuri no intentaría hacerse con activos de empresas o ciudadanos chinos.
“Puede que con el tiempo se demuestre que estoy equivocada, pero creo que tenemos que ir tras los activos que realmente son propiedad del Gobierno de China”, afirmó, y continuó: “Creemos que el estado ha salido perjudicado. Queremos recuperarnos. Cuesta dinero proporcionar asistencia sanitaria y otras prestaciones a las personas como consecuencia de la epidemia”.
Como primera medida, la oficina de Hanaway envió el miércoles una carta a un tribunal federal pidiéndole que remitiera copias de la sentencia a la oficina del secretario de Estado de EE. UU. para que fueran entregadas a China.
La embajada china en Washington afirmó que las políticas y medidas de Pekín durante la pandemia habían sido “actos de soberanía nacional, y no [estaban] sujetas a la jurisdicción de los tribunales estadounidenses”.
“Las supuestas demandas de indemnización por pandemia fabricadas por ciertas fuerzas en EE. UU. ignoran hechos objetivos básicos y violan principios jurídicos fundamentales”, declaró el portavoz Liu Pengyu. Prosiguió: “Se trata de demandas frívolas puramente malintencionadas y de manipulación política, con intenciones extremadamente siniestras. China se opone firmemente a ellas y no aceptará ninguno de los llamados fallos por incomparecencia”.
El caso fue desestimado inicialmente por el juez Limbaugh en 2022, diciendo que Misuri no podía demandar a China ni a los demás acusados. Sin embargo, un tribunal de apelaciones permitió que siguiera adelante una parte de la demanda: la alegación de que China había acaparado equipos de protección individual como mascarillas respiratorias, batas médicas y guantes.
Después de que los funcionarios chinos no respondieran, el juez Limbaugh aceptó la estimación de Misuri de daños pasados y potenciales futuros de casi $8.000 millones, la triplicó como permitía la ley federal, y añadió un interés del 3,91 % hasta su cobro.
La demanda fue presentada originalmente por el ex fiscal general del estado Eric Schmitt, un aliado de Trump que posteriormente ganó las elecciones al Senado de EE. UU.
Traducción de Sara Pignatiello