Jueza dice que Trump y sus abogados manipularon el sistema judicial al demandar al IRS

La demanda del presidente Donald Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la filtración de sus declaraciones de impuestos se presentó con un “propósito impropio”, dijo el lunes una jueza, quien señaló que la queja de 10.000 millones de dólares era un ejercicio de beneficio propio y remitió a uno de los abogados del mandatario para una posible acción disciplinaria.
La jueza federal de distrito Kathleen Williams acusó a Trump y a sus abogados de haber manipulado el sistema judicial cuando Trump demandó a una agencia federal bajo control del Poder Ejecutivo, eludiendo el requisito de que las partes en una demanda deben tener intereses contrapuestos y sentando las bases para un acuerdo fuera de tribunales que le otorgaría al mandatario inmunidad frente a auditorías fiscales y crearía un fondo para compensar a aliados del presidente que dicen haber sido procesados judicialmente por razones políticas.
La jueza no anuló el arreglo judicial que protege a Trump del escrutinio fiscal, pero afirmó que el gobierno no puede sostener que el acuerdo fue el resultado de un proceso legal legítimo.
Williams, designada por el entonces presidente Barack Obama, afirmó: “Nunca se planteó ante este tribunal si actores del Poder Ejecutivo pueden acordar en privado otorgarse a sí mismos y a sus antiguos clientes inmunidades generales y miles de millones de dólares en dinero de impuestos por agravios no definidos legalmente. La cuestión es si las Partes podían hacerlo alegando ser adversarias y recurriendo a la legitimidad de un procedimiento judicial. La respuesta es un rotundo ‘no’”.
El fallo llega justo antes de una audiencia clave de confirmación
Aunque los efectos prácticos del fallo pueden ser limitados, ya que la demanda fue retirada hace meses y el gobierno ya había abandonó el fondo de compensación de 1.776 millones de dólares para aliados de Trump que surgió del caso, la orden aun así constituye una severa reprimenda y prepara una línea de preguntas políticamente incómoda para el secretario de Justicia interino Todd Blanche, cuando comparezca ante la Comisión Judicial del Senado para su audiencia de confirmación el miércoles.
“La naturaleza misma de la demanda y la conducta de las Partes y de los abogados desde su presentación dejan claro que esto fue un intento de usar al tribunal para dar cierta legitimidad a un acuerdo destinado a conferir inmunidad a personas y entidades afiliadas al presidente y a reservar miles de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses para reparar agravios no definidos en la ley”, escribió Williams en su fallo.
Añadió: “El presidente puede ser el ‘dominus litus’ funcional del Poder Ejecutivo, pero como parte en una demanda civil, él, así como todas las partes y abogados ante un tribunal, están sujetos a las reglas. Garantizar que nuestros tribunales se utilicen únicamente para el propósito expreso creado por la Constitución es la obligación de cada juez y una obligación que este tribunal debe cumplir a la luz del asunto que tiene ante sí”.
La demanda contra el IRS y el Departamento del Tesoro, presentada en enero, acusaba a las agencias federales de no haber evitado la filtración de la información fiscal del presidente a medios de comunicación entre 2018 y 2020.
Sin embargo, el gobierno anunció en mayo que llegaría a un acuerdo en el caso y se crearía un "fondo antipolitización" para compensar a personas que creen haber sido maltratadas por el sistema de justicia penal. El fondo se archivó rápidamente en medio de críticas bipartidistas, aunque el gobierno de Trump ha dicho que pretende seguir adelante con un elemento separado del acuerdo que otorga a Trump y a miembros de su familia protección frente a auditorías.
Desde el inicio, la jueza mostró escepticismo sobre la demanda y asignó a un grupo de abogados para determinar si existía un conflicto en el caso, ya que, como presidente en funciones, Trump estaba demandando a “entidades cuyas decisiones están sujetas a su dirección”.
Incluso después de que se dio a conocer el acuerdo, la jueza ordenó a los abogados de Trump que expusieran sus posturas sobre si las partes del caso eran realmente adversarias entre sí, si el acuerdo se basaba en fraude y si el caso debía reabrirse.
Dejó claro en su fallo que las respuestas de los abogados no la satisfacían.
“Tras revisar el expediente y las declaraciones de las Partes, el tribunal se niega a adoptar o aceptar el ejercicio crédulo de separar el cargo actual del presidente Trump de la comprensión de lo que ocurrió aquí”, escribió.
El fallo también plantea la posibilidad de acciones disciplinarias
La jueza remitió al abogado de Trump, Alejandro Brito, quien presentó el caso, para una posible acción disciplinaria ante el colegio de abogados del estado de Florida y dijo que a otro abogado, Daniel Epstein, no se le concederá permiso para presentar escritos en el Distrito Sur de Florida por hasta un año.
Un portavoz del equipo legal de Trump respondió a una solicitud de comentarios dirigida a Brito con un comunicado que culpó al IRS por permitir que se filtraran sus declaraciones de impuestos.
La jueza también ordenó que su fallo se envíe a los colegios de abogados del estado de Nueva York y del Distrito de Columbia, donde se han presentado quejas éticas contra Blanche y el fiscal general adjunto Stanley Woodward.
Williams señaló el testimonio de Blanche ante el Congreso a principios de junio, en el que él reveló que el fondo antipolitización ya no seguiría adelante. Aunque no se había presentado nada ante el tribunal, Blanche se mostró seguro en su testimonio de que “podía hablar por, y obligar, a ambas partes en este asunto”, dijo Williams.
“La aparente capacidad del secretario de Justicia interino Blanche para hablar tanto por los demandantes como por los demandados, firmar un documento de ‘acuerdo’ en nombre de todas las Partes de esta acción y luego repudiar parte de ese acuerdo demuestra que solo había una parte cuyos intereses estuvieron representados durante todo este caso”, escribió la jueza.
La jueza también expresó preocupaciones éticas sobre la participación de Blanche y Woodward en el acuerdo, dado que Blanche ha representado anteriormente a Trump, y Woodward defendió a acusados del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, y a un coacusado en el caso de documentos clasificados de Trump.
“En lugar de recusarse por sus representaciones previas o defender enérgicamente esta demanda como se exige hacerlo por las políticas y procedimientos del Departamento de Justicia, estos abogados aceptaron un ‘acuerdo’ que implicaba una cantidad de dinero asombrosa que potencialmente beneficiaría a antiguos clientes”, afirmó.
Blanche negó en una entrevista con CNN la primavera pasada que él hubiera ideado los términos del acuerdo, al decir: “El presidente tiene abogados externos, y sus abogados, el Departamento de Justicia, yo no”.
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Las periodistas de The Associated Press Fatima Hussein y Michelle L. Price contribuyeron a este reportaje.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.






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