Jueza busca resolución en demanda por acceso jurídico en "Alcatraz de los Caimanes"
Una jueza federal en Florida busca resolver una demanda sobre si los inmigrantes retenidos en un centro de detención en Florida conocido como "Alcatraz de los Caimanes" reciben acceso adecuado a asesoría legal.
La jueza Sheri Polster Chappell, ordenó el pasado viernes que se celebre una conferencia de dos días el próximo mes en su sala de audiencias de Fort Myers, con la presencia de abogados que tengan la autoridad para llegar a un acuerdo. La jueza solicitó una actualización el próximo lunes.
"La corte no aceptará excusas para salir temprano debido a vuelos u otras reuniones", escribió la jueza sobre la conferencia del próximo mes.
La demanda interpuesta por algunos de los detenidos en contra de los gobiernos federal y estatal sobre el acceso a asesoría legal es uno de tres casos federales que impugnan las prácticas en el centro de detención de inmigrantes, el cual fue construido por el gobierno del estado a mediados de este año en un aeródromo en desuso en los Everglades de Florida.
En otra demanda por el impacto ambiental de la instalación, un panel de un tribunal federal de apelaciones permitió en septiembre que el centro se mantenga en operaciones después de suspender la orden judicial preliminar de un tribunal de menor instancia, la cual establecía el cierre de la instalación para finales de octubre. La apelación se suspendió durante el cierre del gobierno, pero se reanudó la semana pasada.
Una tercera demanda afirma que la inmigración es un asunto federal y que las agencias de Florida y los contratistas privados no tienen autoridad para operar la instalación.
El presidente Donald Trump realizó un recorrido por la instalación en julio pasado y dejó entrever que podría convertirse en un modelo para futuros centros de detención en todo el país, mientras su gobierno busca expandir la infraestructura necesaria para aumentar las deportaciones. Aunque el centro fue construido y operado por el gobierno del estado y sus contratistas privados, las autoridades federales han aprobado reembolsar a Florida 608 millones de dólares.
En el caso sobre el acceso a asesoría jurídica, los abogados que representan a los detenidos en la instalación han solicitado una orden judicial preliminar que le facilite a sus clientes tener reuniones y comunicación con sus abogados.
Afirman que los abogados de los detenidos deben hacer una cita con tres días de anticipación para poder visitar la instalación, a diferencia de otros centros de detención en donde los abogados pueden simplemente presentarse durante las horas de visita; que los detenidos a menudo son transferidos a otras instalaciones después de que sus abogados hacen una cita para verlos; y que los retrasos en la programación han sido tan prolongados que los detenidos no pueden reunirse con sus abogados antes de fechas límite clave.
Funcionarios de Florida indicaron en una moción para desestimar que el caso en estos momentos es irrelevante ya que las preocupaciones que plantearon los detenidos y sus abogados en un principio ya fueron abordadas. Cualquier retraso se debió a los intentos por construir una instalación para miles de detenidos en un área remota con poca infraestructura, dijeron.
"En otras palabras, ya no hay una controversia activa", dijeron los funcionarios de Florida en su presentación ante el tribunal.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.