Juez rechaza cancelar supervisión a oficina policial de Arizona en caso de etiquetación racial

Un juez que hace 13 años dictaminó que los hispanos habían sido objeto de etiquetación racial durante las redadas migratorias de Joe Arpaio —en ese entonces jefe policial de un condado de Arizona— rechazó una solicitud para poner fin a la supervisión judicial de la oficina del alguacil.

El condado de Maricopa no logró demostrar que se hubieran alcanzado los objetivos de las órdenes del tribunal —tales como corregir las prácticas que llevaron a la etiquetación—, manifestó el juez federal de distrito Murray Snow en un fallo el jueves. También determinó que no se había establecido “un remedio duradero” para garantizar que las violaciones no vuelvan a ocurrir si la supervisión judicial concluye.

Funcionarios del condado, frustrados por los elevados costos de la supervisión judicial, alegaban que las políticas migratorias de Arpaio ya no están vigentes, que el sesgo racial ya no afecta sus operaciones, y que sus dos estudios más recientes sobre controles vehiculares muestran que la oficina del alguacil ha cambiado. El Departamento de Justicia federal, que en el pasado se había puesto frecuentemente del lado de los demandantes, respaldó poner fin a la supervisión judicial.

El caso se centró en 20 patrullajes de tráfico a gran escala implementados por Arpaio, enfocados en la captura de inmigrantes, desde enero de 2008 hasta octubre de 2011. Los patrullajes implicaron que un gran número de agentes del alguacil llenaran una zona del área metropolitana de Phoenix —incluidos algunos vecindarios hispanos— durante varios días para detener a infractores de tránsito y arrestar a otros delincuentes. Los demandantes eran hispanos que habían sido detenidos, interrogados o registrados por agentes de Arpaio mientras iban en vehículos en el condado de Maricopa.

El fallo del juez de hace 13 años exigió costosas reformas ordenadas por el tribunal en las operaciones de patrullaje de tráfico de la agencia y, posteriormente, en su unidad de asuntos internos.

En su fallo más reciente, Snow puso en duda la validez de los estudios citados por el condado.

Al analizar la duración de las paradas a vehículos en el tránsito, la oficina del alguacil excluyó las detenciones más largas, tales como las que involucraban a presuntos conductores ebrios, barreras idiomáticas y otros factores. Los encuentros excluidos representaron al menos la mitad de las paradas de vehículos efectuadas por la agencia en 2024 y 2025, indicó el juez.

Luego Snow citó el análisis de un perito de los demandantes, que evaluó todos los datos de paradas de tráfico en 2023 y 2024.

El experto encontró una diferencia de 4,7 minutos en la duración de las paradas entre conductores hispanos y blancos. Snow escribió que “estas cifras difieren drásticamente de las diferencias relativamente mínimas y estadísticamente insignificantes” halladas en los informes de la agencia, que excluían las paradas más largas.

Snow señaló que el condado ofreció pruebas limitadas para explicar las disparidades.

Mientras el condado intentaba poner fin a toda la supervisión de la oficina del alguacil, el juez les ordenó a los abogados de todas las partes determinar si podría haber ciertos requisitos que ellos estarían de acuerdo en eliminar de las órdenes judiciales.

En un comunicado, dos funcionarios de la junta de gobierno del condado de Maricopa expresaron decepción por el fallo e indicaron que el condado apelará.

“La supervisión federal continua de la oficina policial del condado de Maricopa sólo serviría para agotar aún más los fondos públicos y desviar el dinero de los contribuyentes de la principal responsabilidad del alguacil: combatir el crimen y proteger la seguridad pública”, expresaron la presidenta de la junta, Kate Brophy McGee, y la vicepresidenta, Debbie Lesko.

En un comunicado, la oficina del alguacil Jerry Sheridan indicó que cree que “ha implementado remedios duraderos para violaciones que ocurrieron hace 19 años y tres administraciones”. La agencia expresó su disposición a trabajar con la parte contraria para ver si es posible eliminar partes de la orden.

Arpaio, quien no logró ser reelegido en 2016, fue declarado en desacato civil y penal por desobedecer una orden de 2011 que le exigía detener sus patrullajes de tráfico enfocados en la detención de inmigrantes. Se libró de una posible pena de cárcel cuando, en 2017, el presidente Donald Trump lo indultó de su condena por un delito menor.

El representante Andy Biggs, el aspirante republicano al puesto que ejerce la gobernadora demócrata Katie Hobbs, ha criticado al funcionario contratado por el tribunal para supervisar la oficina del alguacil, y ha propuesto un proyecto de ley que impondría límites de mandato y topes de compensación a dichos supervisores.

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.