Gobierno de Trump revive norma que podría negar green cards a inmigrantes que pidan ayuda

La administración Trump está reactivando una norma que podría negar la residencia permanente (green card) a inmigrantes que utilicen beneficios públicos, entre ellos cupones de alimentos, Medicaid, vales de vivienda y otros.

La política, conocida como “carga pública”, apareció el jueves en el Registro Federal. Se publicará formalmente el 20 de julio y entrará en vigor el 18 de septiembre. En virtud de la política, los solicitantes de la residencia permanente deben demostrar que no serán una carga para el país.

La política se implementó por primera vez en febrero de 2020 como una de las medidas del presidente Donald Trump para limitar la inmigración legal durante su primera administración, pero fue anulada una vez asumió el poder el demócrata Joe Biden.

Su regreso se produce mientras la administración republicana aplica medidas agresivas para frenar tanto la inmigración ilegal como la legal, y cuando aumentan los costos de la atención médica y los alimentos.

El gobierno federal “está reafirmando el requisito de la autosuficiencia, protegiendo los recursos públicos y poniendo fin a políticas que fomentaban la dependencia a costa de los contribuyentes estadounidenses trabajadores”, señaló el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) en su cuenta de X.

“Bajo el presidente Trump, USCIS está restaurando el principio básico de que los inmigrantes deben poder mantenerse por sí mismos”, añadió.

Aunque la ofensiva contra la inmigración pone un mayor énfasis en las detenciones y deportaciones en ciudades de todo el país y en fronteras y puntos de entrada, también ha incluido medidas contra inmigrantes legales y familias de estatus mixto, en las que los padres son ciudadanos extranjeros con hijos nacidos en Estados Unidos.

La ley federal ya exige que quienes buscan la residencia permanente o un estatus legal demuestren que no se convertirán en una carga pública. Sin embargo, la nueva norma incluye una gama más amplia de programas que podrían descalificarlos.

La administración Trump promovió por primera vez la norma en 2018 como una forma de garantizar que solo quienes fueran autosuficientes llegaran a Estados Unidos. Defensores de los derechos de los inmigrantes la criticaron, al afirmar que equivalía a una “prueba de riqueza”. Expertos en salud pública advirtieron que conduciría a peores resultados de salud.

Manatt Health, un grupo que asesora a gobiernos estatales y federales, estimó que la política habría disuadido a hasta 26 millones de personas de buscar atención médica, alimentos, vivienda u otra ayuda mediante programas para los que calificaban según la ley federal. Aproximadamente la mitad eran ciudadanos, en su mayoría niños o adultos que vivían en una familia de estatus mixto, según el grupo.

Los expertos también señalan que la mayoría de las personas que reciben beneficios del gobierno ya son residentes legales.

Un estudio de 2020 del Migration Policy Institute indicó que, aunque los “efectos disuasorios” podrían ser enormes, era pequeño el número de inmigrantes que podrían ser considerados no elegibles para la residencia legal permanente por el uso de uno de los beneficios públicos contemplados en la norma.

El instituto estimó que no más de 167.000 personas —menos del 1% de los 22,1 millones de no ciudadanos que residían en Estados Unidos en ese momento— podrían ser consideradas no elegibles para una residencia permanente debido a su uso de un beneficio incluido en la lista.

Había 22,8 millones de no ciudadanos viviendo en Estados Unidos en 2023, según la Oficina del Censo.

Organizaciones no gubernamentales afirmaron que la política generó confusión y miedo, y llevó a muchos inmigrantes y a sus familiares nacidos en Estados Unidos a abstenerse de solicitar beneficios y servicios a los que tenían derecho.

Defensores de los inmigrantes condenaron la decisión del gobierno de reactivar la norma de “carga pública” y expresaron preocupación.

“Este reglamento es un ataque directo contra las familias inmigrantes y una amenaza para la salud y la seguridad económica de nuestro país", declaró Adriana Cadena, directora ejecutiva de la coalición Protecting Immigrant Families Coalition. "La administración Trump está basando las decisiones migratorias en prejuicios y política, sin importar el daño causado”.

Sarah Krieger, asesora principal de políticas del National Immigration Law Center, advirtió que la norma ahuyentará a los inmigrantes de ir al médico, comprar comida en el supermercado o presentar impuestos.

“Con esta nueva norma, están sembrando miedo y caos para, en última instancia, transformar a Estados Unidos en un país donde solo unos pocos, blancos y ultrarricos, sean bienvenidos", indicó Krieger. "La norma no solo es profundamente dañina, también viola la ley”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.