Gobierno de EEUU busca mantener en operaciones "Alcatraz de los Caimanes" en medio de disputa legal
El gobierno de Estados Unidos solicitó durante el fin de semana a una jueza en Miami la suspensión de su fallo en el que ordena el cierre gradual de un centro de detención de inmigrantes en los Everglades de Florida conocido como “Alcatraz de los Caimanes” en lo que se apela la decisión.
En su solicitud de suspensión, los abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) dijeron que, de implementarse, la orden que la jueza federal Kathleen Williams emitió la semana pasada interrumpiría la capacidad del gobierno federal para aplicar las leyes de inmigración. Pidieron a la jueza que se pronuncie sobre su solicitud el lunes por la noche.
La solicitud se produce después de que un grupo defensor de los derechos civiles interpuso el viernes una demanda contra las prácticas dentro de la instalación, argumentando que el estado de Florida no tenía autoridad para operar un centro de detención de inmigrantes.
En una declaración en apoyo a la solicitud de suspensión, Garrett Ripa, director de la oficina de operaciones de ejecución y remoción del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) en Miami, dijo que las 2.000 camas del centro de detención en los Everglades eran sumamente necesarias ya que las instalaciones de detención en Florida estaban sobrepobladas.
"Su eliminación pondría en riesgo la capacidad del gobierno para aplicar las leyes de inmigración, salvaguardar la seguridad pública, proteger la seguridad nacional y mantener la seguridad fronteriza", destacó Ripa.
Los grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee, cuya demanda condujo al fallo de la jueza, se opusieron a la solicitud.
La jueza señaló en su orden que esperaba que la población del centro disminuya dentro de los próximos 60 días mediante la transferencia de detenidos a otras instalaciones, y una vez que eso suceda, se deberían retirar las cercas, la iluminación y los generadores. Escribió que los demandados estatales y federales no pueden traer a nadie más a la propiedad más que a aquellos que ya se encuentran detenidos dentro de la instalación.
Los grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee habían argumentado que la construcción y las operaciones adicionales debían llegar a su fin hasta que las autoridades federales y estatales cumplieran con las leyes ambientales federales. Su demanda aseguraba que la instalación representaba un riesgo para humedales delicados que son hogar de flora y fauna protegida y que su operación revertiría los miles de millones de dólares que se han invertido a lo largo de varias décadas para la restauración ambiental.
El centro de detención se construyó a toda prisa hace dos meses en un aeropuerto de poco uso ubicado en medio de los Everglades. Los funcionarios estatales firmaron más de 245 millones de dólares en contratos para la construcción y operación de la instalación, la cual se inauguró oficialmente el 1 de julio.
El presidente Donald Trump recorrió las instalaciones el mes pasado y dejó entrever que podría ser un modelo para futuras cárceles en todo el país en momentos en que su gobierno expande a toda prisa la infraestructura necesaria para aumentar las deportaciones.
Grupos defensores de los derechos civiles presentaron una segunda demanda el mes pasado contra los gobiernos estatal y federal por las prácticas al interior de la instalación, arguyendo que a los detenidos se les negaba el acceso al sistema legal. Otro juez federal en Miami desestimó la semana pasada partes de la denuncia, la cual había sido interpuesta en el distrito sur de Florida, y luego trasladó los cargos restantes contra el estado de Florida al distrito medio.
Grupos defensores de los derechos civiles presentaron el viernes una tercera demanda en torno a las prácticas dentro de la instalación en un tribunal federal en Fort Myers, solicitando una orden de restricción y una orden temporal que le prohíba a las agencias de Florida y a sus contratistas retener detenidos en "Alcatraz de los Caimanes". Describieron "serios problemas" dentro de la instalación que eran "previamente desconocidos dentro del sistema de inmigración". Los detenidos estaban siendo retenidos durante semanas sin que se les presentaran cargos, estaban desaparecidos del localizador de detenidos en línea del ICE y no había nadie dentro de la instalación que realizara determinaciones iniciales de custodia o fianza, afirmaron los grupos demandantes.
"A menudo, los abogados no pueden encontrar a sus clientes, y las familias no pueden localizar a sus seres queridos dentro del enorme sistema de detención del ICE", afirmaron los abogados de los grupos defensores de los derechos civiles. "A los detenidos se les ha impedido de distintas formas el acceso a abogados. Los detenidos sin abogado no han tenido acceso a los canales normales para obtener un abogado".
La inmigración es un asunto federal, y las agencias de Florida y los contratistas privados del estado no tienen autoridad para operar la instalación, argumentaron los grupos defensores de los derechos civiles al solicitar que su demanda se certifique como colectiva.
Los abogados describieron las duras condiciones dentro de la instalación, incluidas inundaciones, mosquitos, falta de agua y exposición a los elementos como castigo. Al menos 100 personas ya han sido deportadas desde el lugar, entre ellas varias que se vieron presionadas a firmar formularios de expulsión voluntaria sin poder consultar con abogados, aseguraron.
La oficina del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, se alista a abrir una segunda instalación de detención de inmigrantes conocida como "Depósito de Deportación" en una prisión estatal en el norte del estado.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.