Denuncian condiciones “inhumanas” en centro de detención del ICE cerca de Chicago
Defensores de derechos humanos en Illinois demandaron el viernes a las autoridades federales por presuntas condiciones “inhumanas” en una instalación federal de inmigración en el área de Chicago.
Abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Illinois y del MacArthur Justice Center afirman que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) han negado llamadas privadas con abogados a las personas detenidas en la instalación de Broadview y han impedido que miembros del Congreso, líderes religiosos y periodistas entren al edificio, creando una “caja negra” que, según ellos, ha permitido a las autoridades actuar “con impunidad”.
Presuntamente, los agentes también han coaccionado a las personas detenidas en el centro de procesamiento para que firmen documentos que no entienden, llevándolos a renunciar a sus derechos sin saberlo y enfrentar la deportación, según la demanda.
Hasta el viernes, representantes del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional (NHS, por sus siglas en inglés) no habían respondido a varios correos electrónicos donde se solicitan sus comentarios.
Alexa Van Brunt, directora de la oficina en Illinois del MacArthur Justice Center y abogada principal de la demanda, dijo que los miembros de la comunidad están “siendo secuestrados de las calles, amontonados en celdas de retención, privados de alimentos, atención médica y necesidades básicas, y obligados a renunciar a sus derechos legales”.
“Todos, sin importar su estatus legal, tienen derecho a acceder a un abogado y a no estar sujetos a condiciones horribles e inhumanas”, expresó.
Los abogados acusan al ICE, al DHS y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) de violar el derecho de los detenidos a un debido proceso en virtud de la Quinta Enmienda y el derecho a un abogado, consagrado en la Primera Enmienda, y han solicitado al tribunal que obligue a las agencias a mejorar las condiciones de la instalación.
Durante meses, los defensores han expresado preocupaciones sobre las condiciones en la instalación, que ha atraído la atención de miembros del Congreso, candidatos políticos y grupos activistas. Abogados y familiares de personas detenidas en el lugar lo han calificado como un centro de detención de facto, donde hasta 200 personas han sido retenidas a la vez sin acceso a asesoría legal.
El DHS desestimó anteriormente las afirmaciones, diciendo que los detenidos en la instalación reciben alimentos adecuados, tratamiento médico y acceso a la comunicación con familiares y abogados.
En el centro de Broadview también se han realizado protestas en las que se ha arrestado a numerosos manifestantes. Las protestas son el centro de otra demanda, presentada por una coalición de medios de comunicación y manifestantes que afirman que los agentes federales violaron sus derechos de la Primera Enmienda al usar repetidamente gas lacrimógeno y otras armas contra ellos.
La jueza federal de distrito, Sara Ellis, se puso del lado de la coalición a principios de este mes y exigió que los agentes federales del área de Chicago usen placas de identificación y les prohibió el uso de ciertas técnicas de control de disturbios contra manifestantes pacíficos y periodistas. Más tarde, también exigió que los agentes que poseen cámaras corporales las porten, después de expresar preocupaciones sobre el incumplimiento de su orden inicial.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.