Amnistía acusa al gobierno de Israel de "limpieza étnica" contra los palestinos en Cisjordania

Amnistía Internacional acusó el miércoles a Israel de llevar a cabo una campaña de “limpieza étnica” de palestinos en la Cisjordania ocupada con la intención de anexionar el territorio palestino.

La acusación se formuló en un nuevo informe de 149 páginas que sostiene que el desplazamiento forzado de palestinos de Cisjordania fue el resultado de una política estatal coordinada, y no sólo de las acciones de colonos violentos.

Datos de la ONU indican que más de 100 aldeas de Cisjordania han quedado total o parcialmente vaciadas entre enero de 2023 y abril de 2026. Al mismo tiempo, Naciones Unidas ha registrado más de 7.280 casos de desplazamiento individual de palestinos debido a la demolición de viviendas y estructuras por parte de fuerzas israelíes, una cifra que incluye a personas que fueron desplazadas más de una vez.

Israel, que en el pasado ha denunciado este tipo de acusaciones —incluidas las de limpieza étnica— por considerarlas un sesgo injusto arraigado, no respondió de inmediato al informe.

“Estos abusos no son el resultado de unas cuantas ‘manzanas podridas’. La violencia de los colonos es un componente central de una campaña de limpieza étnica sancionada por el Estado”, afirmó Agnès Callamard, directora de Amnistía. “Lo que estamos presenciando es una anexión deliberada, dirigida por el Estado, en completa violación del derecho internacional, que se desarrolla ante los ojos del mundo entero”.

Dirigentes israelíes han condenado episodios particularmente graves de violencia por parte de colonos judíos, pero tienden a calificarlos de excepciones. Ministros clave del gabinete del gobierno derechista del primer ministro, Benjamin Netanyahu, impulsan una anexión formal del territorio, y varios funcionarios han expresado apoyo a la soberanía israelí sobre Cisjordania.

Amnistía señala que ha identificado decenas de proyectos de ley en el parlamento de Israel, el Knéset, para extender el derecho civil israelí y su jurisdicción sobre bloques de asentamientos, así como sobre tribunales que juzgan a palestinos. El parlamento aprobó hace poco una medida que establece la pena de muerte como castigo predeterminado para palestinos de Cisjordania condenados por asesinatos de carácter nacionalista.

El año pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no permitiría que Israel se anexionara Cisjordania. El alto el fuego negociado por Estados Unidos entre Israel y el grupo miliciano Hamás, que buscaba detener la guerra en la Franja de Gaza, también reconoció las aspiraciones palestinas de formar un Estado.

Amnistía sostiene que el desplazamiento a gran escala de comunidades beduinas palestinas en el territorio se debe a la violencia de los colonos, al avance de nuevos asentamientos y a la apropiación israelí de grandes extensiones de tierras no registradas. Organizaciones de derechos humanos ya habían dado la alarma sobre esta forma de desplazamiento antes de 2023, pero se intensificó de manera drástica después del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que desencadenó la guerra.

Organizaciones de derechos humanos afirman que las comunidades beduinas de pastoreo en zonas remotas de Cisjordania son las más vulnerables al desplazamiento. A diferencia de los palestinos en ciudades y localidades de toda Cisjordania, los habitantes de estas aldeas tienen menos capacidad para resistir la presión de colonos, a menudo armados, a medida que establecen nuevos puestos de avanzada alrededor de poblados palestinos.

El grupo de monitoreo contrario a los asentamientos Peace Now afirma que 212 de al menos 363 puestos de avanzada existentes en Cisjordania se crearon desde 2023. Estos puestos se construyen sin permiso de las autoridades israelíes, que a veces los desmantelan, pero en otras ocasiones miran a otro lado o incluso los legalizan de manera retroactiva.

La comunidad internacional, en su gran mayoría, considera ilegales los asentamientos. Israel, por su parte, considera Cisjordania como un territorio en disputa y sostiene que su estatus final está sujeto a negociaciones.

Amnistía indicó que su informe examinó 27 poblaciones y aldeas de Cisjordania de donde palestinos fueron desplazados entre 2023 y 2025. Investigadores entrevistaron a decenas de palestinos y abogados, hablaron con testigos de la violencia de colonos, vieron más de 420 videos y analizaron declaraciones gubernamentales y otros documentos.

El grupo también afirmó que la comunidad internacional no ha actuado para detener el desplazamiento.

Más de 700.000 israelíes viven en la ocupada Cisjordania y en Jerusalén Oriental, territorios capturados por Israel en 1967 y que los palestinos reclaman para su estado independiente, junto con la Franja de Gaza.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.