Agencia de ciberseguridad de EEUU publica plan para infraestructura electoral a 40 días de comicios

La agencia de ciberseguridad de Estados Unidos dio a conocer el jueves un plan de seguridad para la infraestructura electoral, a 40 días de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, en el que expone posibles amenazas a los sistemas electorales y enumera los servicios que ofrecería a las autoridades electorales para proteger la votación.

El plan, cuya publicación había sido prometida originalmente por el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para a mediados de agosto como máximo, llega en un momento en el que el gobierno del presidente Donald Trump intenta reactivar los esfuerzos para ayudar a los estados a proteger los sistemas de votación. Autoridades electorales afirman que esos esfuerzos son demasiado escasos y llegan demasiado tarde, después de que el gobierno desmantelara el año pasado el trabajo de la agencia en materia de seguridad electoral, lo que llevó a las autoridades a pagar servicios privados para asegurarse de estar preparados para las próximas elecciones.

“La seguridad electoral es la seguridad nacional”, afirmó Mullin el jueves en un comunicado. “Este plan, que se implementará en su totalidad, es crucial para la seguridad, la libertad y la equidad al elegir a los líderes de nuestro país”.

En el documento se advierte sobre diversas amenazas a la seguridad electoral, incluidas vulnerabilidades de software, ataques informáticos a bases de datos de registro de votantes, amenazas internas e incidentes de seguridad física, como amenazas de bomba dirigidas a varios centros de votación en las elecciones de 2024.

Pero en él se indica que muchas prácticas electorales de larga data pueden abordar esas amenazas y afirma que el objetivo de la agencia es “garantizar que el pueblo estadounidense pueda confiar en los sistemas de votación y sepa que habrá medidas de seguridad física cuando acuda a sus centros de votación asignados para emitir su voto”.

Su publicación se produce tras los esfuerzos realizados por Mullin en meses recientes para promover afirmaciones sin respaldo de que hay cientos de miles de no ciudadanos en los padrones electorales de varios estados. En julio, el funcionario amenazó con multas, penalizaciones o prisión a los funcionarios electorales si no participaban en una base de datos federal de votantes, actualmente suspendida, para cazar a no ciudadanos en sus padrones. Aun mientras Trump sigue afirmando que el voto de no ciudadanos es un problema generalizado, las investigaciones demuestran que es algo extremadamente raro.

Desde su creación en 2018, la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura de Estados Unidos, que depende del Departamento de Seguridad Nacional, ha ayudado a advertir a funcionarios electorales estatales y locales sobre posibles amenazas de gobiernos extranjeros.

Pero la CISA, como se la conoce, estuvo en gran medida ausente de ese papel en las elecciones del año pasado después de que el gobierno de Trump desmantelara buena parte de su función en la seguridad electoral. El gobierno recortó alrededor de 1.000 empleados del organismo y redujo en 10 millones de dólares dos iniciativas de ciberseguridad, incluida una dedicada a ayudar a autoridades electorales estatales y locales.

La CISA también ha estado sin un director confirmado por el Senado durante todo el segundo mandato de Trump, y en su lugar, ha ido rotando por una serie de líderes interinos.

El plan se refiere a un apoyo “constante” que, según muchos funcionarios electorales, ha faltado

En el documento de 13 páginas, publicado el jueves, se indica que el Departamento de Seguridad Nacional ha “apoyado de manera constante la prestación de servicios de ciberseguridad y seguridad física a los funcionarios electorales por parte de la CISA”, y que dichos servicios se brindan sin costo a los funcionarios electorales estatales y locales cuando estos los solicitan.

Numerosos funcionarios electorales estatales de todo el país han dicho lo contrario a The Associated Press, al señalar que servicios que históricamente proporcionaba el organismo, como ejercicios de simulación en vivo y pruebas de penetración para evaluar la seguridad de sus sistemas, no estuvieron disponibles en el período previo a las elecciones de mitad de mandato de este año.

El secretario de Estado de Minnesota, Scott Simon, de tendencia demócrata, dijo en agosto que su oficina espera gastar aproximadamente 250.000 dólares en proveedores privados para realizar pruebas de penetración, que pueden revelar vulnerabilidades de seguridad y recomendar correcciones aplicables.

Shenna Bellows, la secretaria de Estado demócrata de Maine, dijo a la AP ese mismo mes que las comunicaciones con la CISA habían sido “esporádicas e irregulares, por decir lo menos”.

Señaló que sería útil que el gobierno de Trump pudiera restablecer las sesiones informativas de inteligencia que antes se ofrecían a los funcionarios electorales sobre amenazas de adversarios extranjeros, pero observó que la confianza con las autoridades federales se había quebrado con los recortes a la agencia.

En el plan del jueves no se menciona ninguna amenaza específica en 2026 proveniente de adversaries como Rusia, Irán o China, todos los cuales han buscado interferir en las elecciones en Estados Unidos, ya sea directa o indirectamente al tratar de influir en las campañas.

Kris Warner, secretario de estado republicano de Virginia Occidental, dijo el jueves que una parte de la ayuda de la CISA para su estado ha sido continua durante el gobierno de Trump, y ha incluido revisiones sin costo de sus sitios web públicos en busca de problemas de ciberseguridad.

Warner reconoció que la CISA ha sido recortada durante el mandato de Trump, pero afirmó que considera a la agencia como “un recurso y no como un proveedor de servicios”, y señaló que, el año pasado, su oficina contrató a un asesor de seguridad electoral que dejó la CISA y ha ayudado a subsanar cualesquier deficiencias que pudieran existir

Cisco Aguilar, secretario de estado demócrata de Nevada, dijo el jueves que no ha tenido la oportunidad de revisar el informe, pero que su tardanza indica “un fracaso absoluto de liderazgo”.

“Para que vengan a cinco semanas de la elección, sí, es un buen esfuerzo”, dijo Aguilar, y añadió que le habría gustado ver que el gobierno federal asignara más fondos para la ciberseguridad en lugar de que los contribuyentes de Nevada pagaran por ella.

En el nuevo documento se explica que el apoyo de la CISA a los funcionarios electorales está encabezado por 10 “directores regionales”, una estructura que se aparta de la forma en que el organismo había operado en el pasado, dijo David Becker, director ejecutivo del Center for Election Innovation and Research. Antes, indicó, había asesores estatales y regionales.

Becker consideró que el nuevo informe fue un paso positivo, pero quizá más bien performativo, dado que los estados ya han adoptado otros recursos.

“La realidad es que ningún estado, republicano o demócrata, recurre al gobierno federal para obtener esta asistencia en este momento”, expresó.

El informe surge tras una llamada de agosto entre la CISA y funcionarios electorales

A principios de agosto, dos funcionarios de la CISA, el director interino Nick Anderson y el subdirector de operaciones integradas Jim Harrell, se sumaron a una llamada de la Asociación Nacional de secretarios de estado a la que asistió un grupo bipartidista de secretarios de estado, según varios administradores electorales.

Simon dijo que los funcionarios parecían interesados en reconstruir relaciones y adelantar sus planes futuros, lo cual valoró. Pero añadió que el gesto de buena voluntad llegó más tarde de lo que los funcionarios electorales necesitaban.

“Yo diría que es una vara bastante baja para que ganen la batalla de las expectativas, porque los secretarios de estado ya siguieron adelante y buscaron otros socios y otros recursos para los servicios de los que la CISA se ha retirado durante el último año y medio”, manifestó.

En un momento de la llamada, el secretario de estado de Arizona, el demócrata Adrian Fontes, expresó sus preocupaciones por el retiro de recursos federales.

Fontes declaró a la AP en ese momento que les dijo a los funcionarios de la CISA que no confiaba en ellos. Afirmó que le parecía que los funcionarios estaban allí “para cubrirse las espaldas”.

“Incluso reconocieron en la llamada que era demasiado tarde para que hicieran algo para 2026”, señaló.

Aun así, dijo que confía en que las elecciones de noviembre serán seguras.

“Vamos a tener una buena elección, tengamos o no un socio en la CISA o en el Departamento de Seguridad Nacional”, concluyó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.