Activista Mahmoud Khalil pide que exfuncionario de Justicia salga del panel que evalúa su apelación

Los abogados de Mahmoud Khalil, el exestudiante de posgrado de la Universidad de Columbia que trata de impedir su deportación, han pedido al juez Emil Bove que se aparte de un panel de apelaciones que podría pronunciarse sobre su caso debido al papel previo de Bove como alto funcionario del Departamento de Justicia involucrado en la investigación de estudiantes manifestantes.

Los abogados de Khalil solicitaron esta semana que el pleno de jueces de la Corte de Apelaciones del 3er Circuito —sin Bove— revise y revoque un fallo emitido en enero por un panel de tres jueces del 3er Circuito que acercó un paso más al gobierno de Trump a detener y, en última instancia, deportar al activista propalestino.

En su calidad de principal fiscal general adjunto asociado del Departamento de Justicia, Bove “dirigió investigaciones y decisiones de aplicación de las leyes migratorias contra estudiantes manifestantes en campus universitarios”, incluido en Columbia, escribieron los abogados de Khalil.

El trabajo de Bove en materia de aplicación de leyes migratorias “demuestra la existencia, o al menos la apariencia, de un conflicto de intereses” que debería inhabilitarlo para opinar en la apelación de Khalil, sostuvieron.

Bove ha sido juez de la Corte de Apelaciones del 3er Circuito, con sede en Filadelfia, desde septiembre. Antes de su cargo en el Departamento de Justicia, se desempeñó como uno de los abogados defensores del presidente Donald Trump, al representarlo en asuntos penales, incluido el caso de pagos para silenciar en Nueva York que terminó con la condena de Trump por 34 delitos graves.

La decisión sobre la recusación depende del propio Bove. El Departamento de Justicia, cuyos abogados representan al gobierno en la apelación de Khalil, “no ve fundamento para la recusación, pero lo deja a criterio del juez Bove”, según documentos judiciales.

A través de la Corte del 3er Circuito, Bove declinó hacer comentarios.

Durante el proceso de confirmación judicial, Bove reconoció que su cargo en el Departamento de Justicia, al supervisar asuntos penales y civiles en todo el país, “podría dar lugar a conflictos reales o potenciales” y que se recusará “en casos en los que yo haya estado personalmente involucrado, si algún asunto de ese tipo llegara ante la Corte”.

Khalil, residente legal permanente, fue la primera persona cuyo arresto se hizo públicamente conocido durante la ofensiva contra no ciudadanos que criticaron públicamente a Israel y sus actos en Gaza.

Permanece en Estados Unidos con su esposa, ciudadana estadounidense, y su hijo pequeño al tiempo que combate el fallo de enero, que determinó que un juez federal de Nueva Jersey que le había dado la razón no tenía jurisdicción para decidir el asunto. La ley federal exige que las impugnaciones a la detención y la deportación pasen primero por el sistema separado de cortes de inmigración, señaló el fallo.

La decisión del panel de tres jueces, por 2-1, no resolvió el asunto clave del caso de Khalil: si el intento del gobierno de Trump de expulsar a Khalil de Estados Unidos por su activismo en el campus y sus críticas a Israel es inconstitucional. Luego pasó tres meses detenido en una cárcel de inmigración en Luisiana, y se perdió el nacimiento de su hijo.

El gobierno de Trump ha acusado a Khalil de encabezar actividades “alineadas con Hamás”, aunque no ha presentado pruebas que respalden la afirmación ni lo ha acusado de conducta delictiva. También lo acusó de no revelar información en su solicitud de tarjeta de residencia permanente.

Khalil, que nació en Siria en una familia palestina y tiene ciudadanía argelina, ha desestimado las acusaciones como “infundadas y ridículas”, y ha catalogado su arresto y detención como una “consecuencia directa de ejercer mi derecho a la libertad de expresión al abogar por una Palestina libre y el fin del genocidio en Gaza”.

El gobierno estadounidense justificó el arresto de Khalil en virtud de una ley poco utilizada que permite la expulsión de no ciudadanos cuyas creencias se considera que representan una amenaza para los intereses de política exterior de Estados Unidos.

Bove fue coautor de un memorando en febrero de 2025, un mes antes del arresto de Khalil, sobre la creación por parte del Departamento de Justicia de un grupo de trabajo orientado a “investigar y procesar actos de terrorismo, violaciones antisemitas de derechos civiles y otros delitos federales cometidos por simpatizantes de Hamás en Estados Unidos, incluidos en campus universitarios”. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.