Quinto día de protestas en Panamá para presionar al gobierno a rescindir contrato minero millonario
Las protestas multitudinarias en Panamá llegaron el viernes hasta la Corte Suprema de Justicia para presionar al gobierno a que rescinda un contrato minero millonario que firmó con una empresa canadiense para extraer por al menos otros 20 años más cobre de una zona boscosa.
Durante cinco días, panameños críticos con la estrategia minera del ejecutivo del presidente Laurentino Cortizo, han cerrado carreteras y se han concentrado en varios puntos de Ciudad de Panamá y en otras provincias del interior contra un acuerdo ya aprobado que, aseguran, pone en riesgo el medioambiente del país.
Por momentos, también ha habido episodios en la última semana de enfrentamientos con la policía, que utilizó gases lacrimógenos. Algunos establecimientos han cubierto sus puertas y ventanas con grandes planchas de madera como un intento de protegerse contra posibles destrozos.
En la tarde del viernes, una marcha convocada por jóvenes desde las redes sociales recorría la calle 50, una de las más conocidas en el sector bancario de la capital del país y otrora sitio de lucha contra el pasado régimen militar a fines de los años 80.
“Por mis hijos, por el agua, por la vida... No a la minería”, se leí en un cartel que alzaba una mujer joven que caminaba en la marcha.
Más temprano, educadores llegaron en manifestación a la principal sede de la justicia panameña con arengas y discursos de rechazo. Pidieron a la Corte Suprema de Justicia, en una concentración a las afuerzas del edificio, que intervenga con prontitud respecto de los recursos de insconstitucionalidad que presentados contra el contrato.
El Estado panameño y una subsidiaria de la minera canadiense First Quantum Minerals firmaron un acuerdo, con aval del Legislativo, que otorga a la empresa el derecho a extraer y vender cobre y otros minerales afines durante 20 años, prorrogables a 20 más.
La zona de extracción a cielo abierto está en un área boscosa que, según los detractores del acuerdo, puede derivar en daños al ambiente e incluso a fuentes de agua cercanas que se usan para consumo humano.
Tampoco están de acuerdo con el argumento del gobierno de que con el contrato el país recibirá diez veces más en aportes económicos respecto al anterior acuerdo contenido en una ley de 1997, que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2017.
La Corte Suprema informó el viernes que había admitido una segunda demanda de inconstitucionalidad contra la ley que aprobó el contrato minero.
Al menos cinco reclamos de inconstitucionalidad habían sido presentados antes. El pronunciamiento de la Corte está pendiente.
Los expertos dicen que la única manera de que el contrato sea eliminado —como exigen los manifestantes— sin que haya demandas multimillonarias por parte de la compañía minera es que el máximo tribunal considere que el pacto representa una violación a la Constitución.
En las protestas, lideradas por el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, educadores, grupos indígenas y por jóvenes desde las redes sociales, los manifestantes exigen que se derogue el contrato minero y que, además el gobierno convoque a una moratoria minera y a un referendo para decidir sobre la política del país en esa materia.
Un informe de la Policía Nacional recogía que durante los cinco días de movilizaciones se ha detenido a 445 personas, entre ellas, a 64 menores de edad, quienes presuntamente están vinculados con hechos de vandalismo, daños a la propiedad y otros delitos cometidos durante las protestas y disturbios.
Asimismo informó que se han registrado afectaciones a 47 locales comerciales en diversos puntos del país.