Qué saber sobre medidas de Trump para quitar precios de matrícula estatal a estudiantes ilegales
Decenas de miles de estudiantes universitarios en Estados Unidos sin estatus de residencia legal están perdiendo acceso a los precios de matrícula estatal, parte de la ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración.
El Departamento de Justicia ha estado demandando a algunos estados para poner fin a los descuentos de matrícula a estudiantes sin residencia legal, empezando con Texas en junio. También ha presentado demandas en Kentucky, Minnesota y, más recientemente, Oklahoma. El año pasado, Florida puso fin a su descuento de matrícula para estudiantes que viven allí ilegalmente.
"La ley federal les prohíbe a los extranjeros que no están legalmente presentes en Estados Unidos obtener beneficios de matrícula estatal que se niegan a los ciudadanos estadounidenses de otros estados", argumentó el Departamento de Justicia en una demanda este mes en Oklahoma. "No hay excepciones".
Los descuentos de matrícula solían tener amplio apoyo bipartidista, pero en los últimos años han sido cada vez más criticados por los republicanos.
Esto es lo que es recomendable saber sobre los descuentos de matrícula:
El programa de Texas fue bloqueado primero
En un principio, la política de matrícula de Texas fue aprobada con amplias mayorías bipartidistas en la legislatura y promulgada por el entonces gobernador Rick Perry, de filiación republicana, como una forma de abrir el acceso a la educación superior para estudiantes sin residencia legal que ya vivían en el estado. Los partidarios de dicha aprobación, tanto entonces como ahora, dicen que impulsó la economía del estado al crear una fuerza laboral mejor educada y mejor preparada.
La ley permitía a los estudiantes que carecían de residencia legal calificar para recibir la matrícula estatal si habían vivido en Texas durante tres años antes de graduarse de la escuela secundaria, y durante un año antes de inscribirse en la universidad. También tenían que firmar una declaración jurada en la que prometían solicitar el estatus de residente legal en cuanto les fuera posible.
Ahora Texas tiene unos 57.000 estudiantes que cumplen los requisitos y están inscritos en sus universidades públicas, según la President's Alliance on Higher Education and Immigration, un grupo sin fines de lucro y apartidista de líderes universitarios enfocado en la política de inmigración. El estado tiene unos 690.000 estudiantes en total en sus universidades públicas.
La diferencia en las tasas de matrícula es sustancial.
Por ejemplo, en la Universidad de Texas del Rio Grande Valley —un campus de 34.000 estudiantes a lo largo de la frontera con México—, un residente del estado pagará unos 10.000 dólares en matrícula básica para un horario mínimo de clases a tiempo completo en el próximo año escolar. Un estudiante no residente pagará 19.000.
Oposición política y un rápido final
En gran medida, la ley de Texas no fue impugnada durante años, pero fue criticada a medida que los debates sobre la inmigración ilegal se intensificaron. En las primarias presidenciales republicanas de 2012, Perry se disculpó después de decir que los críticos de la ley "no tenían corazón".
La ley resistió varios intentos de derogación en la legislatura dominada por los republicanos. Durante la sesión legislativa que concluyó el 2 de junio, un proyecto de ley de derogación no obtuvo ni un solo voto.
Pero rápidamente fue atacada. Después de que el gobierno de Trump interpuso una demanda en la que calificó a la ley de inconstitucional, el fiscal general del estado, Ken Paxton —aliado clave de Trump— optó por no defenderla en la corte y en su lugar presentó una petición en la que acordaba que no debería aplicarse.
En Oklahoma, el fiscal general estatal Gentner Drummond, también republicano, presentó una moción similar.
"Recompensar a los ciudadanos extranjeros que están en nuestro país ilegalmente con costos de matrícula más bajos que no están disponibles para los ciudadanos estadounidenses de otros estados no sólo es incorrecto, sino que es discriminatorio e ilegal", declaró Drummond en un comunicado.
Los campus en todo el país sienten el impacto
Al menos 21 estados y el sistema de la Universidad de Michigan tienen leyes o políticas que permiten descuentos de matrícula para los estudiantes inmigrantes, según el National Immigration Law Center, un grupo activista que respalda dichos descuentos. Esos estados incluyen a algunos de tendencia demócrata como California y Nueva York, pero también algunos de tendencia republicana, tales como Kansas y Nebraska.
Según el centro, al menos 16 estados permiten que los estudiantes inmigrantes reciban becas u otra ayuda para ir a la universidad.
Abogados de casos de inmigración y activistas por la educación indicaron que están sopesando si existen vías jurídicas para impugnar los fallos.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.