Perú rechaza informe de AI que apunta a responsabilidad de presidenta en muertes durante protestas
Perú rechazó el jueves un informe de Amnistía Internacional que afirma que la presidenta Dina Boluarte debería ser investigada como posible autora intelectual de las graves violaciones a los derechos humanos que dejaron 50 civiles muertos en las protestas para exigir su renuncia entre 2022 y 2023.
El primer ministro Gustavo Adrianzén dijo a la prensa que el Estado no le responde a una organización no gubernamental, sino que más bien “se relaciona directamente con organismos internacionales”.
"Rechazamos rotundamente cada uno de los apartados del informe... más aún cuando de manera indebida se le pretende atribuir a la presidenta una responsabilidad mediata en los hechos ocurridos en las protestas”, declaró.
Las manifestaciones se encendieron en Perú el 7 de diciembre de 2022 luego de que el Congreso destituyó al entonces presidente Pedro Castillo, quien poco antes había intentado cerrar el Parlamento, pero no recibió apoyo de las fuerzas de seguridad. Boluarte, que era vicepresidenta, lo sucedió en el cargo.
Los manifestantes —en su mayoría indígenas del sur de los Andes que habían votado abrumadoramente por Castillo— exigieron la renuncia de Boluarte, quien se había comprometido a renunciar si Castillo era removido por el Congreso. Al final Castillo fue encarcelado y la justicia ordenó su prisión preventiva por tres años mientras es investigado por los delitos de rebelión y corrupción.
Madeleine Penman, investigadora de Amnistía para Sudamérica, dijo en una conferencia de prensa que hicieron un análisis jurídico "de todas las decisiones y omisiones por la presidenta durante tres meses, y con base a ese análisis hemos llegado a la conclusión que confirma que Dina Boluarte podría ser considerada como autora mediata (autora intelectual) por las graves violaciones de derechos cometidas durante las protestas”.
Para ese análisis Amnistía revisó los conceptos desarrollados por la Corte Suprema de Perú en su sentencia de 2009, en la que condenó a 25 años de cárcel al expresidente Alberto Fujimori como autor mediato del asesinato de 25 peruanos, incluido un niño, a manos de un grupo militar que actuaba bajo su conocimiento durante su gobierno (1990-2000).
“Los requisitos para comprobar la autoría mediata que pone la Corte Suprema de Perú habrían sido cumplidos en el caso de Dina Boluarte”, dijo Penman.
La investigadora indicó que, desde el primer día de las protestas, la presidenta desoyó informes de inteligencia que decían que los manifestantes no tenían vínculos con terroristas ni criminales y que el número de personas no ameritaba el despliegue de las fuerzas armadas. Boluarte "no hizo caso de esa información", agregó Penman, y pidió a los ministros declarar el estado de emergencia y desplegar a militares.
Horas antes, el Congreso archivó una denuncia constitucional enviada por la fiscalía a fines de 2023, en la que pedía enjuiciar a Boluarte al término de su mandato en 2026 por el homicidio calificado de cinco manifestantes y lesiones graves de otro.
En las protestas murieron 50 civiles y 716 quedaron lesionados, según la fiscalía. También fallecieron seis soldados y un policía. El 88% de los fallecimientos y el 59,1% de los lesionados ocurrieron en el sur de los Andes, de mayoría indígena y donde se habla la lengua quechua.
Informes previos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos coincidieron en que las fuerzas de seguridad infringieron derechos humanos, usaron armas de fuego y torturaron durante las manifestaciones, que se extendieron hasta marzo de 2023.
La mandataria registra una popularidad en julio de 5% y un rechazo de 90%, mientras que un 5% de la población no opina, según una encuesta nacional del Instituto de Estudios Peruanos.