Justicia argentina: arzobispo y otros religiosos cometieron violencia de género contra monjas
En un fallo inédito, la justicia argentina resolvió que el arzobispo de la ciudad de Salta y otros tres religiosos cometieron distintas formas de violencia contra las monjas de clausura de un convento y ordenó que reciban tratamiento terapéutico y se capaciten en cuestiones de género.
La jueza Carolina Cáceres consideró probadas las denuncias que las cerca de veinte carmelitas descalzas del Monasterio San Bernardo presentaron en 2022 contra el arzobispo Mario Cargnello, el sacerdote Lucio Ajaya, el obispo emérito Martín de Elizalde y el vicario judicial Loyola Pinto y de Sancristóval que causaron revuelo en la conservadora Salta, situada 1.400 kilómetros al norte de Buenos Aires.
“Concluyo y afirmo que (las monjas) han padecido hechos de violencia de género en el ámbito institucional del tipo religiosa, física, psicológica y económica, por un lapso de más de 20 años”, sostuvo el jueves la titular del juzgado de Violencia Familiar y de Género en un fallo que puede ser apelado.
Cáceres ordenó que los acusados inicien tratamiento psicológico para modificar “patrones de comportamiento y de vinculación” y sean capacitados "en materia de género a través del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de la Provincia de Salta”, cuya capital es la ciudad homónima.
José Viola, abogado de las religiosas, dijo el viernes a The Associated Press que el fallo “es inédito y rompe un ‘status quo’, ya que se refiere a una persona con mucho poder”.
Viola destacó que se produzca en la provincia de Salta, que carece "de una fuerte tradición jurídica como Buenos Aires" y ”lidera las estadísticas" sobre violencia de género. “En la Iglesia católica ese era un tema tabú, como fueron los abusos sexuales, y ahora lo pone sobre el tapete”, aseveró el letrado.
AP intentó contactarse con el abogado del arzobispo pero no tuvo éxito.
La determinación de las carmelitas de acudir a la justicia generó admiración entre las agrupaciones feministas en un país que está a la vanguardia de la defensa de los derechos de las mujeres en América Latina. A su vez movilizó a grupos civiles y religiosos en defensa de los denunciados.
"Valoramos la valentía de la jueza. Impuso medidas en contra del agresor más allá de su investidura, poniendo en evidencia que las mujeres son víctimas de la violencia machista intramuros o extramuros”, dijo a AP Tania Kiriaco, asesora legal de la Fundación Gema, Género y Masculinidades.
Las carmelitas actuaron lideradas por la priora del convento María Fátima del Espíritu Santo. Sus denuncias llegaron al Vaticano y un Dicasterio dispuso en 2023 medidas de protección para las religiosas.
El episodio que las empujó a denunciar ocurrió en el convento tres años antes, durante el velatorio de una monja.
Según las carmelitas, Cargnello dio un responso de muy mal talante ante el féretro porque cerca estaba instalada una imagen de la Virgen del Cerro, muy popular en Salta luego de que una mujer dijo que se le había aparecido y a la cual el arzobispo no reconoce, lo que ha generado tensiones con las monjas.
El momento de violencia física ocurrió cuando, por pedido de la priora, una hermana filmó el velatorio, lo que fue observado por el sacerdote Ajaya, quien acompañaba al arzobispo y el cual se le "abalanzó para quitarle la filmadora”, según la denuncia de las religiosas. Tras ello, la priora recuperó la máquina de manos de Ajaya, lo que hizo que éste la golpeara en un brazo y el arzobispo en el otro para que la soltara. Ese material visual y los audios acompañaron la denuncia.
La jueza apuntó que en dicho velatorio "las denunciantes padecieron violencia de género del tipo física y psicológica”.
Cáceres también cuestionó la negativa del arzobispo para elegir a nueva priora para el convento, lo que generó problemas para administrar el monasterio, así como un préstamo de dinero que recibió de las religiosas “sin devolución a la fecha, lo que configuró violencia de género del tipo psicológica y económica”.
En lo que se refiere a los otros dos religiosos, Cáceres consideró que incurrieron en violencia psicológica por desechar las denuncias contra el arzobispo, violar las medidas de protección que la justicia dispuso para las monjas y difamarlas ante la opinión pública.