Jueza bloquea temporalmente esfuerzos de EEUU para deportar a niños guatemaltecos y hondureños
Una jueza federal en Arizona le prohibió temporalmente a la administración Trump remover a niños guatemaltecos y hondureños que viven en refugios o en cuidado de crianza después de llegar solos a Estados Unidos, según una decisión del jueves.
La jueza de distrito Rosemary Márquez en Tucson extendió hasta al menos el 26 de septiembre una orden de restricción temporal emitida durante el fin de semana del Día del Trabajo. Márquez expresó preocupación sobre si el gobierno había arreglado que algunos padres o tutores legales en Guatemala se hiciera cargo de los niños.
Laura Belous, abogada del Proyecto de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Florence, que representa a los niños, declaró en la corte que los menores no habían expresado deseo de ser repatriados a sus países de origen, Guatemala y Honduras, debido a preocupaciones de que podrían enfrentar negligencia, posible tráfico infantil o dificultades asociadas con condiciones médicas individuales.
Los abogados de los niños dicen que sus clientes han manifestado que temen regresar a casa y que el gobierno no está siguiendo las leyes diseñadas para proteger a los niños migrantes.
Un grupo de asistencia legal presentó una demanda en Arizona en nombre de 57 niños guatemaltecos y otros 12 de Honduras, de entre 3 y 17 años.
Denise Ann Faulk, una asistente del fiscal bajo la administración Trump, enfatizó que las repatriaciones de los niños fueron negociadas a altos niveles diplomáticos y evitarían prohibiciones prolongadas de regresar a Estados Unidos.
Casi todos los niños estaban bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos y vivían en refugios en las áreas de Phoenix y Tucson. Demandas similares presentadas en Illinois y Washington, D.C., buscan impedirle al gobierno remover a los niños.
La demanda de Arizona exige que el gobierno permita a los niños su derecho a presentar sus casos ante un juez de inmigración, tener acceso a asesoría legal y ser colocados en el entorno menos restrictivo que sea en su mejor interés.
La administración Trump ha argumentado que está actuando en el mejor interés de los niños al intentar reunirlos con sus familias a petición del gobierno guatemalteco. Después de que funcionarios guatemaltecos recorrieran las instalaciones de detención en Estados Unidos, el gobierno dijo que estaba "muy preocupado" y que aceptaría a los niños que quisieran regresar voluntariamente.
Los niños comenzaron a cruzar la frontera solos en grandes números en 2014, alcanzando un pico de 152.060 en el año fiscal 2022. El recuento de arrestos de julio se traduce en un ritmo anual de 5.712 arrestos, reflejando cómo los cruces ilegales han caído a sus niveles más bajos en seis décadas.
Los guatemaltecos representaron el 32% de los residentes en instalaciones de detención administradas por el gobierno el año pasado, seguidos por hondureños, mexicanos y salvadoreños. Una ley de 2008 requiere que los niños comparezcan ante un juez de inmigración con la oportunidad de solicitar asilo, a menos que sean de Canadá y México. La gran mayoría son liberados a padres, tutores legales o familiares inmediatos mientras sus casos avanzan en el tribunal.
La demanda de Arizona fue enmendada para incluir a 12 niños de Honduras que han expresado a un grupo de asistencia legal en Arizona que no quieren regresar a Honduras, así como a cuatro niños adicionales de Guatemala que han ingresado a la custodia del gobierno en Arizona desde que la demanda fue presentada inicialmente el 30 de agosto.
La jueza Márquez dijo que le parecía "aterrador" que los funcionarios estadounidenses no hubieran coordinado con los padres de los niños. También expresó preocupación de que el gobierno estaba negando a los niños el acceso a la revisión por un juez de inmigración experimentado, y señaló que los representantes legales de los niños fueron notificados de los preparativos para las salidas de los niños con poco aviso, tarde en la noche.
"En un asunto práctico, simplemente parece que muchas de estas cosas que (la Oficina de Reasentamiento de Refugiados) ha asumido hacer —como exámenes y decisiones judiciales que deberían ser hechas por un juez de inmigración con experiencia y tiempo para reunirse con un abogado y reunirse con un niño— simplemente se superan diciendo 'los estamos reuniendo'" con los padres, dijo Márquez en la corte mientras presionaba a Faulk por más información.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.