Juez en EEUU ordena a funcionarios comparecer en la corte por envío de migrantes a Sudán del Sur
Un juez ha ordenado a funcionarios de Estados Unidos que comparezcan en una audiencia de emergencia el miércoles para responder preguntas sobre su aparente deportación de inmigrantes a Sudán del Sur y otros países.
El juez federal de distrito Brian E. Murphy en Massachusetts dictaminó el martes por la noche que la administración Trump debe mantener la custodia y el control de aquellos "que actualmente están siendo removidos a Sudán del Sur o a cualquier otro tercer país, para asegurar la viabilidad práctica de su retorno" si él determina que tales remociones fueron ilegales. Los abogados de los inmigrantes dijeron que la administración republicana parece haber comenzado a deportar personas de Myanmar y Vietnam a Sudán del Sur a pesar de una orden judicial que restringe los traslados a otros países.
El juez dejó los detalles a discreción del gobierno, pero dijo que espera que los migrantes "sean tratados humanamente".
Los abogados de los migrantes informaron al juez que las autoridades de inmigración pueden haber enviado hasta una docena de personas de varios países a África. Los abogados dicen que eso viola una orden judicial que establece que las personas deben tener una "oportunidad significativa" para argumentar que enviarlos a un país fuera de su tierra natal pondría en peligro su seguridad.
La aparente remoción de un hombre de Myanmar fue confirmada en un correo electrónico de un funcionario de inmigración en Texas, según documentos judiciales. Se le informó solo en inglés, un idioma que no habla bien, y sus abogados se enteraron del plan horas antes de su vuelo de deportación, dijeron.
Una mujer también informó que su esposo de Vietnam y hasta otras diez personas fueron trasladados a África el martes por la mañana, escribieron abogados de la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración.
Los abogados pidieron a Murphy una orden judicial de emergencia para prevenir las deportaciones.
Murphy, quien fue nominado por el entonces presidente demócrata Joe Biden, anteriormente determinó que cualquier plan para deportar personas a Libia sin previo aviso "claramente" violaría su fallo, que también se aplica a personas que de otro modo han agotado sus apelaciones legales.
El juez citó ante la corte a funcionarios federales el miércoles para identificar a los migrantes afectados, abordar cuándo y cómo se enteraron de que serían trasladados a un tercer país y qué oportunidad se les dio para presentar un reclamo basado en el miedo. También dictaminó que el gobierno debe proporcionar información sobre el paradero de los migrantes aparentemente ya deportados.
El Departamento de Seguridad Nacional y la Casa Blanca no han comentado al respecto.
El portavoz de la policía de Sudán del Sur, el mayor general James Monday Enoka, dijo a The Associated Press el miércoles que no habían llegado migrantes al país y que, si lo hacen, serían investigados y nuevamente "deportados a su país correcto" si se determina que no son sudaneses del sur.
Algunos países no aceptan deportaciones desde Estados Unidos. Eso ha llevado a la administración a llegar a acuerdos con otras naciones, como Panamá, para albergarlos. La administración Trump ha enviado venezolanos a una prisión notoria en El Salvador amparada en una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII, una acción que está siendo impugnada en los tribunales.
Sudán del Sur ha soportado repetidas olas de violencia desde que se independizó de Sudán en 2011, en medio de esperanzas de que pudiera usar sus grandes reservas de petróleo para traer prosperidad a una región golpeada por la pobreza. Hace solo unas semanas, el principal funcionario de la ONU en el país advirtió que los enfrentamientos entre fuerzas leales al presidente y un vicepresidente amenazaban con volver a convertirse en una guerra civil a gran escala.
La situación es "oscuramente reminiscente de los conflictos de 2013 y 2016, que cobraron más de 400.000 vidas", afirmó Nicholas Haysom, jefe de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU, con casi 20.000 efectivos.
El informe anual del Departamento de Estado sobre Sudán del Sur, publicado en abril de 2024, dice que "los problemas significativos de derechos humanos" incluyen asesinatos arbitrarios, desapariciones, torturas o tratos inhumanos por parte de las fuerzas de seguridad y una violencia extensa basada en el género y la identidad sexual.
El Departamento de Seguridad Nacional ha otorgado Estatus de Protección Temporal a un pequeño número de sudaneses del sur que ya viven en Estados Unidos, protegiéndolos de la deportación porque se consideró que las condiciones eran inseguras para su retorno. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, recientemente extendió esas protecciones hasta noviembre para permitir una revisión más exhaustiva.
Las relaciones diplomáticas de Sudán del Sur con Estados Unidos se tensaron en abril, cuando una disputa por deportaciones llevó a la revocación de visas y una prohibición a los nacionales sudaneses del sur.
Estados Unidos es uno de los mayores donantes a los programas de ayuda humanitaria en el país africano, con un financiamiento total en 2024 que supera los 640 millones de dólares, según la embajada estadounidense en Sudán del Sur.
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Tim Sullivan en Minneapolis, Elliot Spagat en San Diego y Rebecca Santana contribuyeron a este informe.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.