Guatemala anuncia plan para resarcir a víctimas y buscar desaparecidos del conflicto armado

A casi tres décadas de los acuerdos de paz de Guatemala que pusieron fin a un conflicto interno de 36 años que dejó más de 200.000 muertos, el gobierno impulsa un plan de reparación y dignificación de las víctimas y un mecanismo de búsqueda de los desaparecidos durante esa época.

El Diario Oficial de Guatemala publicó el miércoles un acuerdo ministerial en el cual el presidente Bernardo Arévalo ordenó a todas las instancias de gobierno participar en el Plan de Reparación y Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno en Guatemala 2026-2036.

El plan se realizará mediante medidas de reparación individual y colectiva en el marco de los acuerdos de paz firmados en 1996 para poner fin al conflicto iniciado en 1960. Se basa en las 14 sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado guatemalteco por violaciones a los derechos humanos, dijo Elvin Díaz, de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, COPADEH.

“Hasta ahora, desde el Estado no se había tenido un seguimiento y acompañamiento a las víctimas de desapariciones, solo (lo hacían) organizaciones no gubernamentales especializadas; en la región los demás Estados tienen comisiones de búsqueda, pero aquí nunca se había logrado esto”, dijo Díaz a The Associated Press.

El funcionario explicó que el objetivo es recopilar y registrar toda la información de esas organizaciones y la de las instituciones del Estado guatemalteco, incluyendo unos 54.000 expedientes de personas desaparecidas que gobiernos anteriores abandonaron. Además, reconocer la labor de las ONGs y robustecerlas financieramente para continuar la búsqueda.

Francisco Vivar, abogado de familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad, señaló que “la reparación" a las personas que sufrieron violaciones a los derechos humanos “es una deuda del Estado”.

Vivar indicó que “ha habido diferentes iniciativas del Estado para beneficiar a exparamilitares", en referencia a los que participaron combatiendo para el Ejército y realizando tareas de espionaje a comunidades, "lo que contrasta con el poco apoyo que ha tenido las víctimas”.

El Congreso de Guatemala aprobó en 2022 una ley para resarcir económicamente a miles de expatrulleros civiles que fueron reclutados por el Ejército para tareas de control de la población, algunos de los cuales han sido acusados de crímenes de guerra.

El abogado dijo que el Estado mismo ha revictimizado a las víctimas negándolas incluso derechos como el acceso a la justicia.

“Las víctimas (en general) nunca han sido reparadas dignamente. No solo es la reparación económica por la pérdida de sus familiares, son los sistemas de salud, infraestructura...la no repetición de los hechos; también el derecho a obtener justicia”, apuntó Vivar.

Durante la gestión de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público (2018–2026), se desmanteló la fiscalía especializada en atención a las víctimas del conflicto armado y se destituyó o trasladó al personal que por años conoció los procesos judiciales, según han denunciado organizaciones.

El viernes se presentará la parte del plan que hace referencia al mecanismo de búsqueda de los desaparecidos.

Guatemala vivió un cruento conflicto armado entre el Ejército y grupos guerrilleros de izquierda que dejó un saldo de 200.000 muertos y unos 45.000 desaparecidos, según informes de memoria histórica. El Ejército, grupos de seguridad y paramilitares fueron responsables del 93% de los crímenes, dicen los informes. El resto los atribuyen a guerrilleros.