Expertos de la ONU: Ortega y Murillo posiblemente cometieron crímenes de lesa humanidad en Nicaragua

Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas señalaron el miércoles que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, han establecido una dictadura y que existen “motivos razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad”.

El grupo de expertos abrió una investigación a partir de abril de 2018 en torno a las denuncias de violaciones y abusos de los derechos humanos en Nicaragua, algo que el gobierno del país centroamericano niega rotundamente. Los expertos señalaron que han documentado acciones de Ortega y Murillo con el objetivo de eliminar a la oposición mediante detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, persecución política y el despojo de la ciudadanía de sus adversarios.

“Lo que estamos viendo es una dictadura absoluta, y esa dictadura tiene un objetivo claro: un gobierno dinástico permanente”, señaló Jan-Michael Simon, presidente del grupo designado por el Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra. “Hace cuatro meses, Daniel Ortega lo dijo en voz alta: Nicaragua no volverá a celebrar elecciones”.

En respuesta, Nicaragua se refirió al Consejo de Derechos Humanos —un organismo del cual se ha retirado— como “manipulado, obsoleto e injerencista” y acusó a las “potencias neocolonialistas” de convertir los derechos humanos en un arma para la “agresión política”.

Ortega y su esposa se han aferrado al poder desde las protestas multitudinarias de 2018, que resultaron en una sangrienta represión gubernamental que dejó cientos de muertos.

Ortega se declaró ganador de las elecciones de 2021 —unos comicios considerados ampliamente como ilegítimos por parte de la comunidad internacional— después de ordenar el encarcelamiento de todos los candidatos que podrían haberlo derrotado. Estados Unidos no reconoce la presidencia de Ortega.

El gobierno de Nicaragua ha encarcelado o exiliado a adversarios políticos, líderes religiosos y periodistas, entre otros, y ha despojado a cientos de su ciudadanía, viviendas y pertenencias. Desde 2018, ha ordenado el cierre de más de 5.000 organizaciones, en su mayoría religiosas, y ha obligado a miles de personas a huir del país.

El gobierno suele acusar a sus críticos de trabajar para Estados Unidos y sus enemigos con el fin de socavar su poder.

Reed Brody, integrante del grupo de expertos de la ONU, indicó que el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional tiene “control absoluto” sobre la policía, los tribunales y las prisiones, y que la Constitución adoptada el año pasado establece que el poder legislativo y el judicial ya no son independientes, sino que están controlados por Ortega y Murillo.

“No quedan partidos de oposición, no hay prensa independiente dentro del país, no hay organizaciones no gubernamentales que sean críticas”, sostuvo Brody, abogado y fiscal de derechos humanos. “Simplemente no queda espacio para que nadie discrepe”.

Desde febrero de 2023, al menos 452 nicaragüenses considerados como opositores políticos han sido declarados “traidores” y despojados de su ciudadanía, quedando apátridas, incluidos exdirigentes sandinistas, un exvicepresidente y todos los candidatos presidenciales de 2021, indicó Brody.

También existe una red transnacional de vigilancia que “monitorea, intimida y ataca a cientos de miles de nicaragüenses” en el extranjero, afirmó.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua “ha encontrado motivos razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad”, sostuvo Brody.

Los expertos hicieron un llamado a los países a presentar un caso contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de la ONU, por violar los convenios relacionados con personas apátridas, indicó.

Nicaragua, sin embargo, no forma parte de la Corte Penal Internacional.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.