Estados demócratas ponen fin a acuerdos de cooperación con el ICE

En los últimos 18 años, los funcionarios de la cárcel del condado de Frederick, en Maryland, han hecho a miles de reclusos dos preguntas estándar: ¿De qué país es usted ciudadano?, y ¿dónde nació?

Si la respuesta no era Estados Unidos, los agentes locales, investidos con una autoridad federal especial, iniciaban una investigación para determinar si la persona estaba en el país de manera ilegal. Desde 2008, el condado de Frederick ha entregado a 1.884 personas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), afirmó el jefe de la policía Charles Jenkins.

Pero eso se detendrá de inmediato con una ley firmada el martes por el gobernador demócrata Wes Moore, que prohíbe los acuerdos de aplicación de leyes migratorias con el gobierno federal.

La nueva ley de Maryland pone de relieve hasta qué punto los estados gobernados por demócratas hacen frente a la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump. Diez estados —todos ellos gobernados por demócratas— tienen ahora políticas de alcance estatal que prohíben que los agentes del orden cooperen en uno de los principales programas que el mandatario utiliza para llevar a cabo su agenda de deportaciones masivas.

Las leyes que prohíben los acuerdos de cooperación con el ICE se firmaron a principios de este mes en Nuevo México y entraron en vigor el mes pasado en Maine. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, también respalda una legislación que prohibiría que agentes del orden locales sean investidos por el organismo. Y la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, puso fin recientemente a acuerdos estatales con el ICE firmados en el régimen de su predecesor republicano, aunque su orden no canceló los arreglos existentes con jefes de policía locales.

La resistencia demócrata aumenta mientras el gobierno de Trump enfrenta un creciente escrutinio por sus esfuerzos de aplicación de leyes migratorias a gran escala en varias ciudades y por los tiroteos mortales de Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales en Minnesota.

“Tiene que haber rendición de cuentas para esta organización, porque en este momento, la operación del ICE de Trump-Vance no avanza con medidas adecuadas de rendición de cuentas”. declaró Moore a los reporteros tras firmar las nuevas restricciones.

El jefe policial republicano de larga trayectoria del condado de Frederick sostiene que la terminación de un acuerdo de cooperación con el ICE lo obligará a dejar en libertad a algunas personas que podrían cometer más delitos después.

“Estoy extremadamente decepcionado con la legislación, porque, de verdad, va a poner al público en riesgo de muchas maneras”, manifestó Jenkins.

Los acuerdos con el ICE se multiplican por diez bajo Trump

Al asumir el cargo el año pasado, Trump reactivó un programa de varias décadas de antigüedad en el que se capacita a agentes del orden locales para interrogar y detener a personas sospechosas de estar en Estados Unidos de manera ilegal.

El programa 287(g) —llamado así por una sección de la ley de 1996 de la cual se deriva— se había utilizado durante el gobierno del presidente Joe Biden solo para inmigrantes que ya estaban en la cárcel o en prisión por cargos. Pero Trump lo amplió para incluir equipos especiales locales que pueden realizar arrestos en las calles, resucitando un modelo que el expresidente Barack Obama había descontinuado ante preocupaciones por acciones policiales con tintes raciales.

La participación en el programa se ha disparado, de 135 acuerdos en 20 estados antes de que Trump asumiera el cargo, a más de 1.400 acuerdos vigentes en un total de 41 estados y territorios. Algunas agencias locales tienen múltiples acuerdos que cubren distintas funciones de aplicación de las leyes migratorias.

Unas 800 entidades tienen pactos de equipos especiales, que otorgan la autoridad más amplia. Como incentivo, el ICE ofrece 100.000 dólares para adquirir vehículos nuevos a las agencias locales que firman ese tipo de acuerdos. Y por cada agente de un equipo especial capacitado, el ICE cubre el salario, las prestaciones y 7.500 dólares para equipo.

Arkansas, Florida, Georgia y Texas —estados gobernados por republicanos— exigen que las cárceles locales participen en el programa. Esos estados representan la mitad de todos los acuerdos 287(g).

El aumento en el número de acuerdos con el ICE se ha producido junto con un aumento del financiamiento federal para la aplicación de las leyes migratorias. En una gran ley de recortes de impuestos que Trump firmó el año pasado se asignan 150.000 millones de dólares para la aplicación de leyes migratorias, incluidos más de 46.000 millones para contratar a 10.000 agentes del ICE y 45.000 millones para ampliar los centros de detención de inmigrantes.

Menos cooperación podría significar más agentes del ICE

Nueve condados de Maryland con jefes policiales republicanos tienen acuerdos de cooperación con el ICE. Esos pactos deberán terminar en virtud de la nueva ley, aprobada de manera abrumadora en la Asamblea General, controlada por demócratas.

La presidenta de la Cámara de Representantes de Maryland, Joseline Peña-Melnyk, quien emigró desde República Dominicana cuando tenía 8 años, dijo que el proyecto de ley muestra que Maryland valora los derechos civiles.

“Valoramos la empatía”, expresó. “Valoramos la contribución de las personas. Valoramos la Constitución. Valoramos, apoyamos y protegemos los derechos civiles”.

Pero prohibir los acuerdos de cooperación podría hacer que el ICE envíe más de sus propios agentes al estado, señalaron algunos jefes policiales y legisladores republicanos.

“Creo que lo que verán es más aplicación de leyes migratorias, no menos”, indicó el jefe de policía del condado de Harford, Jeffrey Gahler, cuya agencia ha entregado a unos 430 reclusos al ICE durante los últimos nueve años “Nuestro programa era la forma más segura y la mejor manera de identificar a personas” que están en Estados Unidos de manera ilegal, indicó.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la nueva ley “hará que Maryland sea menos seguro” y aumentará su carga de trabajo en el estado.

“Cuando los políticos impiden que las fuerzas del orden locales trabajen con el DHS, nuestros agentes del orden deben tener una presencia más visible para que podamos encontrar y detener a los delincuentes que son liberados de las cárceles y regresan a las comunidades”, indicó el departamento en un comunicado, refiriéndose al Departamento de Seguridad Nacional por sus siglas en inglés).

Los nuevos límites al ICE reflejan el rechazo del público

Cerca de 6 de cada 10 adultos en Estados Unidos dicen que Trump “ha ido demasiado lejos” al enviar agentes federales de inmigración a ciudades de Estados Unidos, según una encuesta de AP-NORC que sugiere que quienes se definen como políticamente independientes se sienten cada vez más incómodos con sus tácticas.

Nayna Gupta, directora de políticas del grupo sin fines de lucro American Immigration Council, afirmó: “El creciente rechazo del público a la aplicación de leyes migratorias de Trump —especialmente en estados con mayor inclinación demócrata— ha creado presión política y una oportunidad política para aprobar leyes como la de Maryland”.

El martes, la Cámara Alta de Virginia aprobó un proyecto de ley según líneas partidistas que impondría fuertes salvaguardas a cualquier acuerdo 287(g) propuesto. El proyecto aún debe pasar a la Cámara.

“Busco dar algo de tranquilidad a miles de hombres, mujeres y niños en la Mancomunidad que viven con el temor de que agentes federales puedan enviarlos a ellos o a sus familiares a un país del que huyeron, o a un país en el que nunca han estado”, indicó el senador estatal demócrata Saddam Azlan Salim, quien presentó el proyecto.

Los legisladores de Nuevo México también mencionan los intensos esfuerzos de aplicación de leyes migratorias en Minnesota como una razón para limitar la cooperación con el ICE. La medida de Nuevo México prohíbe contratos de gobiernos estatales y locales para instalaciones de detención del ICE y veta acuerdos que permitan que agentes del orden locales lleven a cabo funciones federales de inmigración.

El condado de Curry, una zona rural a unos 161 kilómetros (100 millas) al suroeste de Amarillo, Texas, es la única jurisdicción de Nuevo México con un acuerdo 287(g). El jefe policial Michael Brockett dijo que el arreglo ha proporcionado una forma segura de transferir a personas a la custodia del ICE, “en lugar de que agentes federales busquen a prisioneros liberados en las calles y en los vecindarios de nuestra comunidad”.

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La periodista de The Associated Press Olivia Diaz contribuyó a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.