EEUU impone veto de viaje a más de 100 funcionarios nicaragüenses y sus familiares

Estados Unidos ha impuesto prohibiciones de viaje a más de 100 funcionarios nicaragüenses y a sus familiares como parte de una campaña más amplia para castigar al gobierno actual por violaciones de los derechos humanos.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló en un comunicado el lunes que las nuevas sanciones se impusieron en parte por la muerte ocurrida el mes pasado de un activista encarcelado, Brooklyn Rivera, quien criticó las políticas del presidente nicaragüense Daniel Ortega y de su esposa y copresidenta, Rosario Murillo.

“Estados Unidos está con el pueblo nicaragüense que, como Rivera, aspira a ver una Nicaragua libre”, afirmó Rubio.

El gobierno de Nicaragua no respondió a una solicitud de comentarios.

Estados Unidos ya ha prohibido la entrada a más de 2.350 funcionarios nicaragüenses y a sus familiares. No se dieron a conocer las identidades de los más recientes.

En una publicación en X, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos indicó que seis familiares y amigos de Rivera habían desaparecido, y condenó su desaparición.

En abril, el gobierno de Trump impuso sanciones a dos hijos de los copresidentes nicaragüenses, que son marido y mujer.

Rivera era un reconocido líder indígena que pasó años luchando por los derechos de su comunidad y fue encarcelado por el gobierno en septiembre de 2023. Su detención se produjo durante una represión de varios años contra la sociedad civil y la disidencia, que comenzó tras las protestas masivas de 2018 que el gobierno reprimió violentamente.

El gobierno de Nicaragua ha dicho que Rivera murió por una infección bacteriana luego que su salud se deteriorara tras un caso de COVID-19, lo que derivó en su deterioro físico y neurológico.

Activistas y organizaciones de derechos humanos en todo el mundo denunciaron su muerte, y Estados Unidos había pedido su liberación cuando el gobierno publicó fotos de él en el hospital en estado crítico.

El gobierno de Nicaragua también ha encarcelado a adversarios, líderes religiosos, periodistas y a otras personas, para luego exiliarlos, despojando a cientos de su ciudadanía y de sus bienes. Desde 2018, ha clausurado más de 5.000 organizaciones, en su mayoría religiosas, y ha obligado a miles de personas a huir del país.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.