De la Espriella cambia protocolo de uso de la fuerza en protestas bajo críticas en Colombia

El gobierno del conservador Abelardo de la Espriella modificó el martes el protocolo que define el uso de la fuerza durante las protestas en medio de cuestionamientos de quienes consideran que pretende limitar el derecho de los ciudadanos y en la víspera de una manifestación de sectores opositores contra su gobierno.

El decreto firmado modifica una norma de 2021 que daba prioridad al diálogo y la mediación como forma de intervención en las protestas, mientras que dejaba como último recurso la intervención de los agentes antidisturbios para controlar actos de violencia.

La nueva norma permite la intervención policial sin agotar necesariamente el diálogo e indica que puede retomarse después del empleo de la fuerza, siempre que las “acciones violentas” hayan cesado y “se adopten medidas orientadas a garantizar los derechos de quienes manifiestan pacíficamente” y de quienes no participan.

“Frente a actos de violencia, la obligación de privilegiar el diálogo y la mediación constituye una regla de preferencia... y no un requisito previo que condicione, suspenda o posponga las actuaciones de intervención dirigidas individualmente contra quienes ejecuten actos de violencia”, indica el decreto publicado por la Presidencia.

Los actos de violencia son entendidos en la norma como las agresiones contra personas, lanzamiento de objetos, retención de personas, ataques contra infraestructura pública o privada y uso de menores de edad o mujeres embarazadas.

El gobierno argumenta que con las modificaciones en el protocolo busca garantizar los derechos de quienes participan en la protesta y de quienes no lo hacen, por lo que introducen “corredores solidarios” que estarían destinados al tránsito de ambulancias, organismos de socorro y personas gestantes, mayores o menores de edad.

El decreto entra en vigencia justo antes de que los sectores opositores, liderados por el expresidente Gustavo Petro (2022-2026), salgan a las calles el miércoles para manifestarse contra las políticas de De la Espriella, que consideran pueden ser regresivas en temas sociales, especialmente para los trabajadores.

Reaviva miedo al uso excesivo de la fuerza

El protocolo del uso de la fuerza del 2021 se dio en cumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que encontró excesos de la fuerza pública en una protesta de 2019.

La modificación del protocolo genera especial preocupación en los movimientos sociales y sectores de izquierda que recuerdan la violencia registrada en las multitudinarias protestas de 2021 contra el gobierno, en las que hubo al menos 46 víctimas fatales, en muchos de los cuales miembros de la fuerza pública serían los presuntos perpetradores, según la ONU.

“El temor que tenemos es sencillamente que se repita y, de hecho, que se empeore lo que Colombia ya ha vivido”, aseguró a The Associated Press la congresista Jennifer Pedraza, crítica del gobierno de De la Espriella.

Para Pedraza, el gobierno pretende disuadir a la ciudadanía de protestar por sus derechos al estigmatizar a quienes lo hacen y también tener “una justificación en la opinión pública de los posibles excesos de la fuerza pública” que se puedan dar en su gobierno.

“En vez de atender las causas de la ciudadanía... la propuesta del gobierno es represión y justificación a partir de esta modificación regresiva del decreto”, cuestionó Pedraza.