Continúan protestas en región boliviana en pleno Año Nuevo
Las protestas antigubernamentales continuaban hasta las primeras horas del Año Nuevo en la región boliviana de Santa Cruz para exigir la libertad del gobernador Luis Fernando Camacho, líder opositor que se encuentra detenido desde el viernes por cargos de terrorismo
Las protestas antigubernamentales continuaban hasta las primeras horas del Año Nuevo el domingo en la región boliviana de Santa Cruz para exigir la libertad del gobernador Luis Fernando Camacho, líder opositor que se encuentra detenido desde el viernes por cargos de terrorismo.
La policía dispersó con gases lacrimógenos una protesta de seguidores de Camacho que se habían congregado el sábado a la medianoche para esperar el Año Nuevo con una vigilia en la avenida del Cristo Redentor, la más emblemática de la ciudad de Santa Cruz, en el oriente de Bolivia.
La red de televisión Unitel reportó imágenes de un incendio de oficinas de la gobernación y otro ataque con fuego a oficinas del banco estatal Unión. No se han reportado daños ni hubo un informe de la policía. Desde que estallaron las protestas, varias oficinas públicas en la ciudad han sido atacadas, entre ellas la Fiscalía.
Los partidarios de Camacho acusan a personas afines al gobierno de provocar los ataques para inculparlos. El Ministerio de Gobierno acusó a los “violentos” seguidores del gobernador detenido de provocar los disturbios, que hasta ahora han dejado decenas de heridos y cerca de un centenar de detenidos.
Camacho es investigado por presunto terrorismo por su participación en la crisis política de 2019, la cual derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, líder del partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), tras unas elecciones consideradas fraudulentas. Camachó encabezó protestas masivas que duraron 21 días y dejaron 37 fallecidos, una crisis en la que Morales se vio obligado a dimitir después de que observadores de la OEA denunciaran vicios en los comicios.
La Fiscalía ha pedido prisión preventiva para Camacho bajo el argumento de que hay riesgo de fuga y obstaculización de la justicia mientras es investigado. Un juez decidió enviarlo al penal de Chonchocoro en las afueras de La Paz, donde son encerrados los delincuentes más peligrosos. La detención del gobernador en esa fría prisión del altiplano a 3.900 metros de altitud enfureció más a autoridades de Santa Cruz, seguidores y organizaciones ciudadanas de esa región, considerada el motor económico de Bolivia y reducto de la oposición.
Líderes de la oposición, entre ellos el expresidente Carlos Mesa, han denunciado que el gobierno del presidente Luis Arce —heredero político de Morales— ha asumido un perfil autoritario y propiciado una “persecución política”.
El secretario general de la ONU, António Guterres, exhortó a través de su portavoz a la “moderación” de las partes y ha pedido respeto al debido proceso.
Arce viajó el domingo a Brasilia para asistir a la inauguración de la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva y no ha hecho comentarios sobre el asunto.
Por la crisis de 2019 fue condenada a 10 años de cárcel la expresidenta interina Jeanine Áñez, y más de medio centenar de líderes opositores y militares están en prisión y procesados por supuesta conspiración y terrorismo.
En tanto, la Fiscalía ha cerrado toda investigación contra Morales, a pesar de que un grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que los responsables de aquellos sucesos fueron por igual los gobiernos de Morales y la administración transitoria de Áñez.
Morales alega que fue víctima de un golpe de Estado de la derecha tras las elecciones de 2019, en las que intentaba obtener un cuarto periodo consecutivo. Pero la oposición sostiene que se trató de una rebelión popular ante el fraude y que todo ello derivó en una sucesión constitucional tras la renuncia de Morales.
Arce ganó los comicios en 2020 con el apoyo del MAS.