Comisión de cámara baja indaga táctica de la DEA que mantuvo fentanilo en las calles

Una polémica táctica policial que permitió que cantidades asombrosas de fentanilo mortal llegaran a las calles cuando las autoridades federales buscaban armar casos antidrogas de mayor envergadura se encuentra ahora bajo investigación de los republicanos de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes.

El presidente de la comisión, el congresista James Comer, republicano de Kentucky, envió una carta el lunes al secretario de Justicia Todd Blanche para solicitar registros relacionados con la controvertida estrategia de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) de vigilar —pero no incautar— grandes cargamentos de fentanilo.

La solicitud evoca las preocupaciones planteadas por funcionarios de Nuevo México, el epicentro de la crisis del fentanilo, donde informantes de la DEA revelaron recientemente que se les ordenó hacerse a un lado en lugar de incautar cientos de miles de pastillas de fentanilo, en posible violación de normas del Departamento de Justicia destinadas a proteger a las comunidades. La semana pasada, el fiscal general del estado, Raúl Torrez, demandó al Departamento de Justicia a fin de intentar obligarlo a entregar algunos de los mismos registros que buscan los republicanos de la comisión de Comer.

“Si bien los agentes de la DEA quizá no tengan los recursos para interceptar cada envío conocido, una política que les ordene no interceptar envíos cuantiosos es inconcebible y sin duda provocó un daño considerable y la pérdida de vidas”, escribió Comer en la carta —de la cual The Associated Press obtuvo una copia.

La DEA no ha respondido a una solicitud de declaraciones al respecto.

La demanda y la pesquisa del Congreso llegan dos meses después que una investigación de la AP hallara que agentes de la DEA vigilaron repetidamente grandes cargamentos de fentanilo en Nuevo México entre 2023 y 2025, que se permitió que llegaran a las calles al tiempo que las autoridades federales fortalecían casos penales.

El fentanilo no fue incautado en medio de la epidemia de drogas más mortífera en la historia de Estados Unidos, e incluso cuando la DEA encabezaba una campaña de concientización pública —“One Pill Can Kill” (“Una pastilla puede matar”)— que subrayaba que incluso unos pocos miligramos de la sustancia pueden ser letales. El año pasado, la Casa Blanca designó al opioide sintético como un “arma de destrucción masiva”.

Comer solicitó registros que abarcan únicamente el gobierno de Joe Biden, al citar lo que describió como su “relajación de los protocolos de mitigación de riesgos del fentanilo” desarrollados durante el primer mandato del presidente Donald Trump. Esos protocolos, sostuvo Comer, deberían haber evitado que el fentanilo llegara a las calles en cantidades tan grandes.

La política anterior, adoptada en 2017, pedía a los agentes “incautar o impedir de otro modo la distribución” de fentanilo “tan pronto como fuera practicable”. El Departamento de Justicia reescribió esas normas en 2024 para dar a las fuerzas policiales mucha más discrecionalidad sobre si actuar para impedir el tráfico de fentanilo, al citar “los beneficios que se lograrían al preservar la investigación”.

La indagación de la AP reveló que la estrategia investigativa —conocida como permitir que las drogas “caminen”— continuó durante el segundo gobierno de Trump, en el periodo previo al mayor decomiso de fentanilo en la historia de la DEA, una operación anunciada en mayo de 2025 por la entonces secretaria de Justicia Pam Bondi.

Como parte de esa investigación, las autoridades incautaron alrededor de 3 millones de pastillas de fentanilo. Pero cantidades aún mayores no fueron decomisadas, al tiempo que agentes en Albuquerque se mantenían al margen y observaban desde helicópteros y vehículos de vigilancia cómo distribuidores de droga entraban a hoteles con mochilas que se creía que llevaban hasta 100.000 pastillas de fentanilo.

Toda la red pudo haberse desmantelado seis meses antes, según un exsupervisor de la DEA que trabajó en el caso y que ahora figura entre tres denunciantes que están dando la voz de alarma sobre la práctica de larga data.

El organismo de control interno del Departamento de Justicia anunció este mes una revisión a nivel nacional de las políticas gubernamentales y de las investigaciones con escuchas telefónicas para determinar si las autoridades federales han utilizado la misma táctica en otros lugares.

“Nuestras investigaciones son de largo plazo, son complejas y se realizan bajo la guía de la ley", declaró el administrador de la DEA, Terry Cole, en una entrevista este mes para Fox News, en la que dio la bienvenida a la revisión del inspector general. "Seguiremos haciéndolo, pero necesitamos mantenernos 100% enfocados en el adversario”.

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Mustian reportó desde Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.