Bukele dice que ningún pandillero va a salir libre, pero revisarán los casos de 10.622 colaboradores

El presidente salvadoreño Nayib Bukele aclaró el viernes que ningún pandillero saldrá libre, y explicó que revisarán los casos de 10.622 detenidos que se considera fueron colaboradores no habituales de estos grupos criminales.

Recientemente el mandatario dijo que tiene un plan, bajo el cual se ofrecería liberación anticipada y condicional para personas encarceladas por colaborar con las pandillas, que hayan cometido delitos menores. Sostuvo que se beneficiaría aproximadamente al 50% de las personas detenidas y procesadas por supuestamente colaborar con estos grupos delictivos.

En conferencia de prensa, explicó que los casos que revisarán son 10.626 “colaboradores no habituales de pandillas”, pero dejó claro que “ningún pandillero va a salir libre nunca”.

Bukele reveló las cifras de las personas encarceladas en el sistema penitenciario del país. Dijo que hay 120.956 reos, de los cuales 96.457 están presos por formar parte de las pandillas o colaborar con estos grupos criminales.

Detalló que, de esos 96.457 detenidos vinculados a las pandillas, 42.125 son “homeboys” (nombre genérico con el que los pandilleros se refieren a los miembros de su pandilla), y que de este grupo 25.910 son “paros”, a los que definió como “no brincados” —que no han participado en el ritual de ingreso a la pandilla—, y 10.626 son colaboradores no habituales, o que lo hacían esporádicamente por distintas circunstancias.

Explicó que se revisarán los casos de estos 10.626 colaboradores no habituales. Dijo creer que, de este grupo, un 50% podrían entrar el programa Cero Ocio, en el que los reos hacen trabajos para la comunidad y reciben beneficios por cada día trabajado, con el fin de reducir el tiempo de sus sentencias.

El Salvador vive bajo un estado de excepción desde marzo de 2022. Posteriormente, en un solo día, las pandillas asesinaron a 62 personas, y después Bukele mandó a construir el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel de máxima seguridad, en la que están recluidos los pandilleros más peligrosos del país.

La prisión está ubicada en una zona rural, alejada de la población, y sin que los reclusos tengan comunicación con el mundo exterior.

Las pandillas operaban en el 90% del territorio, recaudaban casi 2.000 millones de dólares en extorsiones y asesinaban a los que no pagaban, según las autoridades.

El estado de excepción suspendió derechos fundamentales, incluido el de ser informado de los motivos de la detención y el de tener acceso a un abogado. Además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin necesidad de una orden judicial, y la detención sin audiencia se prolonga de 72 horas a 15 días.

Desde que la medida entró en vigor, las autoridades han reportado la captura de 93.162 personas acusadas de pertenecer o tener vínculos con las pandillas. Bukele ha dicho que 8.000 personas que eran inocentes han sido liberadas.

Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos aseguran que han registrado más de 6.000 denuncias durante el régimen de excepción, y documentado la muerte de al menos 575 personas bajo custodia de las autoridades.

En 2015, El Salvador registró 6.656 asesinatos y una tasa de homicidios de 103 por cada 100.000 habitantes. Ese año fue uno de los más violentos en la historia de la nación y el más violento desde el fin de la guerra civil. En comparación, el país concluyó 2025 con apenas 82 homicidios, un mínimo histórico.