Agencia de EEUU cancela contrato de rastreo telefónico tras inquietudes de legisladores

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés) canceló su contrato para usar una herramienta de vigilancia que permite rastrear dispositivos móviles sin orden judicial, después de que dos legisladores, un fiscal y un juez plantearan dudas sobre la legalidad de la herramienta en investigaciones penales.

La ATF, la agencia federal encargada de hacer cumplir las leyes de armas del país, informó a The Associated Press que suspendió lo que calificó como un programa “piloto” que utilizaba una herramienta llamada Webloc, después de que el representante republicano de Texas, Michael Cloud, y el senador demócrata de Oregon, Ron Wyden, expresaran reservas sobre el uso por parte de la agencia de datos comerciales masivos de ubicación.

Webloc, fabricada por un proveedor llamado Penlink, obtiene datos de aplicaciones de consumo y redes publicitarias, que recopilan la ubicación de dispositivos móviles de consumidores que descargan aplicaciones o navegan por internet. A esos datos a veces se les llama “ad tech” o tecnología de anuncios, y su uso en la aplicación de la ley penal ha sido controvertido, ya que permiten que las agencias eludan los requisitos de una orden judicial para identificar los dispositivos móviles presentes en determinadas zonas en momentos específicos.

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en 2018 que la policía necesitaba una orden judicial para que las compañías de telefonía celular proporcionen datos históricos de movimientos de un sospechoso en una investigación penal. Pero nunca ha abordado la práctica creciente de usar datos adquiridos comercialmente.

Otros usuarios de Webloc son el Ejército de Estados Unidos y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), pero también agencias locales de seguridad pública, como la policía de lugares como Elk Grove, California, y Durham, Carolina del Norte. La tecnología también se ha expandido por todo el mundo, con clientes como la policía nacional de El Salvador y agencias de inteligencia húngaras, según un informe publicado a principios de este año por Citizen Lab, un grupo de investigadores de la Universidad de Toronto que analiza amenazas digitales contra la sociedad civil.

“Una victoria para los derechos constitucionales de los estadounidenses”

La ATF señaló en un comunicado que determinó que la herramienta “no satisface nuestras necesidades”. La agencia indicó que no utiliza ningún otro servicio basado en ad tech.

“La ATF evalúa continuamente herramientas y técnicas para mejorar nuestras investigaciones y, en última instancia, reducir el crimen violento en las comunidades estadounidenses. Sí realizamos una prueba piloto con Webloc para determinar si podía mejorar nuestras capacidades de investigación”, escribió en un correo electrónico un portavoz de la ATF.

Wyden calificó la decisión de la ATF de abandonar el software como “una victoria para los derechos constitucionales de los estadounidenses”.

“Durante años, he advertido que la compra por parte del gobierno de datos de ubicación de estadounidenses a oscuros intermediarios de datos es una maniobra inaceptable para eludir la Cuarta Enmienda”, manifestó Wyden en un comunicado. “Después de que el representante Cloud y mi personal informaran a la ATF sobre el atolladero legal y de privacidad que rodea los datos de ad tech, la agencia hizo lo correcto”.

Ante las preguntas de Cloud, el director de la ATF, Robert Cekada, reconoció en mayo, en una audiencia ante el Congreso, que la agencia había adquirido datos de geolocalización de teléfonos celulares de estadounidenses.

Tras la audiencia, la ATF informó a Wyden y a la oficina de Cloud. En un comunicado de prensa conjunto, ambos legisladores dijeron haberse enterado de que la ATF había realizado más de 300 búsquedas sin orden judicial usando la herramienta, entre ellas, más de 200 vinculadas a casos activos de la ATF.

En un caso relacionado con un presunto incendio provocado en una instalación perteneciente a un contratista de defensa de Estados Unidos, un fiscal y un juez expresaron sus preocupaciones sobre el uso de datos de ad tech de Webloc, según los dos legisladores. La agencia “finalmente se vio obligada a dar marcha atrás y obtener una orden judicial tradicional para obtener un volumen de datos de torres de telefonía celular” de las compañías telefónicas, indicaron Wyden y Cloud en el comunicado.

Webloc fue creada originalmente por una empresa israelí llamada Cobwebs antes de ser comprada y fusionada con una empresa de Estados Unidos llamada Penlink.

Penlink afirmó en un comunicado que está “orgullosa de mantener una relación de larga data con la ATF que nos ha permitido apoyar su misión de proteger a las comunidades de Estados Unidos contra el crimen violento relacionado con el uso ilegal de armas de fuego, explosivos e incendios provocados”. La empresa agregó que espera “continuar nuestra relación en apoyo de esa misión”.

La práctica continúa en otras agencias gubernamentales

Otras agencias de seguridad pública, como el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), siguen comprando datos comerciales de geolocalización.

En enero, el DHS emitió una solicitud de información al sector privado en la que preguntaba cómo podrían utilizarse datos publicitarios disponibles comercialmente para ayudar en su misión de deportación y aplicación de la ley. Y a principios de este año, el director del FBI, Kash Patel, declaró ante el Senado: “Sí compramos información disponible comercialmente que cumpla con la Constitución y las leyes conforme a la Ley de Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas, y eso nos ha aportado información de inteligencia valiosa”.

Un grupo bipartidista de legisladores, entre ellos Wyden, el senador republicano de Utah Mike Lee, el representante republicano de Ohio Warren Davidson y la representante demócrata de California Zoe Lofgren, presentó un proyecto de ley que prohibiría la práctica de comprar datos sin una orden judicial.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.