Abogados de venezolanos deportados y encarcelados en El Salvador piden a Bukele una "prueba de vida"

Un grupo de abogados contratados por el gobierno de Venezuela pidieron el lunes al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que intervenga para que puedan ver y tener una “prueba de vida” de los venezolanos deportados por Estados Unidos y recluidos una cárcel de máxima seguridad de El Salvador desde mediados de marzo.

En una carta entregada a la Casa Presidencial salvadoreña, los abogados solicitaron que se establezca un canal de comunicación, ya sea físico o virtual, para poder entrevistar a los más de 250 venezolanos que fueron deportados a El Salvador y encerrados en el Centro de Confinamiento de Terrorismo (Cecot), una cárcel construida por Bukele para integrantes de pandillas.

Entre los pedidos incluidos en la misiva, solicitan que “se garantice el respeto de los derechos fundamentales de los detenidos” y se permita la entrevista “como muestra o prueba de vida de cada uno de los ciudadanos venezolanos”.

Además, que se les informe cuáles son los hechos criminales que les atribuyen, así como conocer bajo las autoridades de qué jurisdicción en que se encuentran y el estado de salud de cada uno de ellos.

El envío de 252 venezolanos por parte de Estados Unidos a esa prisión salvadoreña —como parte de un acuerdo entre ambos países— ha generado gran controversia. El país norteamericano aseguró, sin pruebas, que los deportados eran miembros de la banda criminal Tren de Aragua, mientras que organizaciones como Human Rights Watch señaló a las autoridades de El Salvador y de Estados Unidos de estar cometiendo desaparición forzada y detenciones arbitrarias.

Los familiares de los deportados han reclamado por la falta de contacto con sus parientes que se encuentran detenidos en el Cecot. También han negado sus vínculos con organizaciones criminales.

Por su parte, el gobierno de Venezuela contrató un grupo de abogados para que representara a sus connacionales y presentara una solicitud de hábeas corpus a favor de 30 de ellos —que beneficiaría a todos los demás— para que fueran liberados. Dicen que no han recibido respuesta.

En la carta entregada al gobierno salvadoreño, los abogados piden que “como muestra de buena voluntad y en aras de la transparencia y el debido proceso, se nos permita a estos servidores en calidad de abogados, así como también a sus familiares establecer un canal de comunicación ya sea física o vía videoconferencia con todos los detenidos”.

Los abogados y los familiares de los venezolanos también se refirieron a la propuesta de canje que Bukele envió a Maduro — intercambiar los 252 detenidos por otros tantas personas encarceladas en Venezuela consideradas como presos políticos— y dijeron no compartirla “debido a la ausencia de asidero legal que determine tal procedimiento”.

Maduró ya rechazó previamente la propuesta de canje.

Uno de los abogados, Jaime Ortega, denunció falta de respuestas de las autoridades salvadoreñas ante las gestiones realizadas para conseguir la liberación de los detenidos. “Hay retardación de la justicia”, coincidió el abogado Salvador Ríos, del Bufete Grupo Ortega.

Ortega reiteró que los venezolanos trasladados al Cecot no pertenecen al Tren de Aragua sino que fueron detenidos en Estados Unidos por su condición migratoria irregular y que, además, carecen de antecedentes penales.

El país centroamericano y el gobierno de Trump alcanzaron el mes de marzo un acuerdo para albergar a migrantes detenidos en Estados Unidos. El ejecutivo estadounidense sostuvo que El Salvador podría incluso recibir a ciudadanos estadounidenses, aunque Estados Unidos no puede deportar a sus nacionales a otro país.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y Bukele discutieron los detalles del acuerdo que contempla un costo de aproximadamente 20.000 dólares para albergar a cada prisionero durante el año. Un documento del Departamento de Estado también sugiere que podría reservar 15 millones de dólares para enviar a El Salvador para custodiar a miembros adicionales de la pandilla.

El acuerdo con Estados Unidos incluyó la entrega de 23 miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) buscados por la justicia salvadoreña, incluyendo a dos cabecillas.