Psiquiatra de Maradona acusada por su muerte apunta contra empresa de medicina

La psiquiatra especializada en adicciones que enfrenta un juicio por la muerte de la leyenda del fútbol Diego Maradona responsabilizó el jueves ante el tribunal a una empresa de medicina privada por la deficiente atención en la internación domiciliaria que recibió el astro futbolístico antes de morir en 2020.

Agustina Cosachov es uno de los siete profesionales médicos responsables del cuidado médico de Maradona sentados en el banquillo de los acusados por homicidio simple por dolo eventual, que es cuando el victimario sabe que su conducta puede ocasionar un daño, pese a lo cual continúa con la acción.

En su comparecencia ante el tribunal que la juzga, la psiquiatra sostuvo que la empresa de medicina privada Swiss Medical no cumplió con las indicaciones que ella había solicitado para la atención médica de Maradona durante su internación domiciliaria en una casa rentada en las afueras de Buenos Aires.

“Le pedí médico clínico, neurólogo, ambulancia, enfermeros, preferentemente hombres y especializados en consumo de sustancias”, dijo la psiquiatra. “Yo firmé pensando que se iba a cumplir”.

El excapitán de la selección que conquistó el Mundial en 1986 falleció de un ataque cardiaco, mientras cumplía una internación domiciliaria en una casa situada en las afueras de Buenos Aires. Allí el exfutbolista, entonces de 60 años, intentaba recuperarse de una cirugía practicada dos semanas antes en una clínica para removerle un hematoma subdural.

Familiares de Maradona y médicos han declarado que la casa donde el exfutbolista estaba internado, al cuidado de Cosachov y el resto de los profesionales de la salud acusados, carecía de la aparatología adecuada para tratarlo y que estaba anormalmente hinchado a causa de un edema al momento de morir.

A su vez, una junta médica con diferentes peritos determinó en 2021 que el equipo tratante ignoró las señales de riesgo cardiovascular que padecía Maradona. Concluyó que este último padecía una miocardiopatía dilatada que provocó una insuficiencia cardíaca.

Cosachov detalló que empezó a tratar a Maradona, un paciente con un largo historial de consumo problemático de drogas y alcohol, en junio de 2020 a solicitud del neurocirujano Leopoldo Luque, otro de los acusados y quien en los hechos oficiaba de médico de cabecera del exfutbolista.

La especialista reconoció que lo “ideal” hubiera sido que Maradona continuara su recuperación tras la cirugía en “un centro de rehabilitación”, pero “el paciente estaba lúcido y él manifestaba que se quería ir”.

“Frente a una posibilidad que era imposible, se nos ocurre esa opción intermedia que era la internación domiciliaria”, añadió. Durante la misma, la orden médica era “consumo cero de sustancias tóxicas y que tome ordenada y supervisada la medicación psiquiátrica”.

Pero según Cosachov, de parte de Swiss Medical “noté cierto desentendimiento con lo que veníamos hablando” y que cuando hizo el reclamo ante la empresa le respondieron que el servicio que le iban a prestar a Maradona era de “cuidados domiciliarios”.

“En nuestro país no existe la figura de cuidados domiciliarios, existe internación domiciliaria que se divide en grados de complejidad en tres niveles, no todos iguales. Cuidados domiciliarios no existe, no tenemos ley para eso”, remarcó la psiquiatra.

La respuesta de la empresa

En la misma audiencia de este jueves, Mariana Flichman, gerente de riesgo y calidad médica de Swiss Medical, declaró que la empresa de salud no avalaba la internación domiciliaria de Maradona y que recomendaba trasladarlo a una clínica de rehabilitación, pero esta posibilidad fue descartada por la familia y los médicos tratantes Luque y Cosachov.

“Swiss Medical estaba en una posición incómoda porque estaba dando prestaciones a un domicilio, pero por otro lado no tenía la manera de manejar las cuestiones”, enfatizó Flichman. “Nosotros no teníamos autoridad sobre el equipo médico tratante”.

Además de Luque y Cosachov, están imputados el psicólogo Carlos Díaz y los médicos Nancy Forlini y Pedro Di Spagna; también el representante de la empresa que ofrecía el servicio de enfermería Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón. Todos ellos cumplieron algún papel en la internación domiciliaria del exfutbolista. Todos niegan haber procedido negligentemente.

El código penal prevé una pena máxima de 25 años de prisión para el delito de homicidio simple por dolo eventual.