Así vive Ghislaine Maxwell en la cárcel por el caso de Jeffrey Epstein: roedores, abuso y negligencia
En 2021, la ex socialité fue declarada culpable de reclutar y traficar con chicas menores de edad para el despreciado multimillonario Jeffrey Epstein y recibió una sentencia de 20 años de cárcel. Mientras Maxwell vuelve a ser el centro de atención, Andy Gregory informa sobre su vida en prisión
En las resecas y onduladas colinas de Tallahassee, Florida, se encuentra una destartalada prisión federal de mujeres de baja seguridad que alberga a una de las convictas más infames de Estados Unidos, Ghislaine Maxwell.
Suciedad negra embadurnada en las paredes, plagas de roedores y uso de productos sanitarios para tapar las goteras de los destartalados alojamientos son algunos de los problemas registrados en la Institución Correccional Federal (FCI) de Tallahassee, según un informe de vigilancia del Departamento de Justicia, visto por The Independent.
La antigua socialité, acostumbrada hasta entonces a una vida de opulento lujo, fue trasladada a la mísera cárcel tras ser declarada culpable de reclutar y traficar con chicas menores de edad para el multimillonario caído en desgracia Jeffrey Epstein en 2021 y condenada posteriormente a 20 años de prisión.
En su juicio, las víctimas relataron cómo Maxwell las había atraído a las casas de Epstein, donde fueron abusadas. La jueza Alison Nathan, que presidió el juicio, manifestó: “Ella [Maxwell] participó en algunos de los abusos. Su conducta fue atroz y depredadora”. Añadió que Maxwell había “normalizado” los abusos cometidos por Epstein, que murió en prisión en 2019 mientras esperaba juicio.
Durante una serie de desgarradoras declaraciones de impacto leídas en su sentencia, una de las víctimas dijo que Maxwell y Epstein habían “arruinado vidas”. Otra expresó: “Durante mucho tiempo quise borrar de mi mente los crímenes que Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell cometieron contra mí... pero he tenido que reconocer los efectos duraderos”.
De manera inesperada, su caso volvió a generar atención en julio de 2025, después de que el Departamento de Justicia y el FBI de Donald Trump anunciaran abruptamente que no existía ninguna “lista de clientes” de Epstein y que la muerte del financiero no era el resultado de un delito. Los partidarios de Trump se enfurecieron, ya que esperaban desde hacía tiempo que los aliados y facilitadores del traficante sexual rindieran cuentas.
Su veredicto inspiró semanas de luchas internas entre la coalición MAGA (Hagamos a Estados Unidos grande otra vez) del presidente, en las que la fiscal general Pam Bondi, el director del FBI Kash Patel y el subdirector Dan Bongino se llevaron la peor parte de las críticas y fueron acusados de orquestar un “encubrimiento”.
Obligado a actuar en medio de la creciente presión política para que se hicieran públicos todos los expedientes federales sobre Epstein, el fiscal general adjunto Todd Blanche anunció el 22 de julio que solicitaría una entrevista con Maxwell. Posteriormente fue citada a declarar por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.
Maxwell fue declarada culpable de cinco cargos de reclutamiento y manipulación de cuatro niñas menores de edad para que el difunto financiero pederasta abusara de ellas entre 1994 y 2004, y sigue recurriendo su condena de 20 años.
Antes de comparecer ante el tribunal para impugnar esos cargos el 12 de marzo de 2024, el hermano de Maxwell, Ian Maxwell, declaró a The Independent: “El sistema judicial estadounidense y el tribunal fueron parciales contra mi hermana y no tuvo un juicio justo. Su jurado no fue imparcial: tres de ellos habían sufrido abuso sexual, pero no lo revelaron, y privaron a la defensa de la oportunidad de impugnar su selección como jurados. ¿Cómo podrían considerar de forma justa y fría las pruebas en un caso de abuso sexual?”.
El gobierno de EE. UU. instó en su momento al tribunal de apelaciones a que confirmara su condena, lo que hizo debidamente, según los fiscales: “Las pruebas del gobierno en el juicio establecieron que en el transcurso de una década, Maxwell facilitó y participó en el abuso sexual de múltiples niñas”.
Como la reclusa 02879-509, se entiende que Maxwell ha estado trabajando en la biblioteca de la prisión desde que llegó al FCI Tallahassee hace tres años. También ha impartido clases de etiqueta para reclusas.
Además, se dice que su jornada incluye clases de yoga en un bloque de la prisión y dormir en un espacio que alberga a unas 100 reclusas por habitación en literas.
Al parecer, Maxwell se ha ganado fama de “quejumbrosa” tras presentar cientos de quejas desde que fue trasladada a la cárcel de baja seguridad, entre otras cosas por la falta de opciones de comida vegana.
Un reciente informe de la Oficina del Inspector General de Estados Unidos reveló las “alarmantes” condiciones a las que están sometidas las reclusas, y los inspectores descubrieron “graves deficiencias operativas” en una visita no anunciada.
Las reclusas declararon temer represalias si se quejaban al personal, y algunos empleados fueron acusados de utilizar un lenguaje discriminatorio y de no hacer cumplir las normas.
El informe destacaba el servicio de comida y las instalaciones de almacenamiento de la prisión, donde se encontraron verduras pudriéndose en los refrigeradorrres y se servía pan mohoso a las reclusas. En la cafetería se encontraron taburetes rotos con bordes afilados que podían utilizarse como armas, ventanas con goteras y decenas de insectos muertos.
Se descubrió que los almacenes de alimentos presentaban “condiciones de insalubridad graves”, incluidas pruebas de excrementos de roedores que habían mordisqueado cajas de alimentos, bolsas de cereales infestadas de insectos y contenedores de alimentos oxidados y deformados.
“Debido a la gravedad de los problemas detectados y a los riesgos inmediatos que planteaban para la salud de las reclusas, informamos nuestras observaciones a la dirección del centro de detención de Tallahassee”, señala el informe. El documento agrega que, 24 horas después del aviso, el personal de FCI Tallahassee retiró grandes volúmenes de alimentos de los almacenes.
La prisión, calificada de “alto riesgo” por la inspección, también sufre “graves problemas con los procedimientos de registro de las reclusas”, advirtieron los inspectores. Las deficiencias permiten el contrabando en su interior, incluidos opiáceos y sustitutos sintéticos del cannabis inseguros.
Y a pesar de que una reclusa se había suicidado meses antes, el personal denunció que sus compañeros no realizaban rondas por los módulos de alojamiento de la prisión, lo que, según advertía el informe, aumentaba el riesgo de que las reclusas intentaran autolesionarse, participaran en actos de violencia física o en otras conductas ilícitas, como el consumo de drogas.
Además de la falta de controles por parte del personal, se descubrió que la prisión “carecía del número de cámaras necesario para observar suficientemente las actividades del personal y de las reclusas”, con “muchos puntos ciegos” que creaban oportunidades para que las reclusas tuvieran comportamientos inadecuados sin ser detectadas.
Los inspectores también descubrieron que algunas reclusas eran reacias a denunciar irregularidades cometidas por otras reclusas y por el personal “por miedo a represalias”, como consecuencia de la falta de confianza entre el personal y las 746 reclusas, 100 menos de la capacidad total de la cárcel.
El informe incluía denuncias de que las incoherencias en los registros de las presas llevaron a algunas reclusas a pensar que el personal que registraba sus pertenencias “tomaba represalias injustas contra ellas”, y en una investigación previa se denunció el uso de términos insultantes y despectivos por parte del personal.
En concreto, el informe descubrió que el personal utilizaba repetidamente pronombres erróneos con las reclusas transexuales, a pesar de que Tallahassee albergaba el mayor número de todas las instituciones de la Oficina de Prisiones, con 119 en el momento de la inspección.
Los directivos expresaron su temor de que los retrasos en las investigaciones de mala conducta del personal hicieran que el proceso fuera “ineficaz para hacer cumplir las normas de conducta”. Había 191 investigaciones de mala conducta abiertas en el momento de la inspección contra los 307 funcionarios de la prisión y se descubrió que se habían iniciado hace más de dos años en promedio.
También se expresó preocupación por las condiciones de vida en las viviendas para mujeres. Según los inspectores, es necesario reemplazar los techos que cubren las cinco unidades, ya que las goteras habituales han provocado importantes filtraciones de agua que han dañado ventanas y paredes.
Según el informe, se ha tenido que pedir al personal que evite dar a las reclusas camas directamente afectadas por las goteras, a pesar de los esfuerzos de las reclusas y el personal por hacer reparaciones parcheadas, entre ellas meter productos sanitarios en los huecos de las ventanas con goteras.
También se encontró moho negro en paredes y techos, que, según las reclusas, el personal había intentado cubrir con pintura blanca antes de una visita anterior de la Oficina de Prisiones.
También se constató que los baños comunes eran “muy preocupantes” y causaban diversos problemas sanitarios. Los inspectores hallaron “duchas descompuestas con los desagües de ducha atascados, una sustancia negra encharcándose dentro de una ducha, una ducha que inundaba de agua el suelo del cuarto de baño cuando estaba en uso y un inodoro que no funcionaba”.
También se detectaron problemas para acceder a tiempo a los medicamentos, como la insulina, ya que el centro médico de la prisión carecía de un tercio del personal necesario. Mientras tanto, el ascensor que comunica las dos plantas del departamento de salud quedó fuera de servicio (lo que podría retrasar las respuestas de emergencias), después de que la puerta de seguridad funcionara mal y una enfermera cayera por el hueco abierto del ascensor y sufriera heridas graves.
Traducción de Michelle Padilla