“Una pesadilla kafkiana”: juez critica duramente las deportaciones de Trump a prisión salvadoreña

Un juez federal comparó el miércoles el uso de Donald Trump de una ley del siglo XVIII para deportar sumariamente a decenas de inmigrantes venezolanos y que nunca tuvieron la oportunidad de impugnar su expulsión con una historia surrealista de Franz Kafka.

La administración de Trump “sepultó” a esos hombres en una brutal prisión salvadoreña después de deportarlos rápidamente de un centro de detención en Texas el 15 de marzo, a pesar de un “mandato” del juez de distrito James Boasberg que fue “ignorado”, recalcó el juez.

Tras una larga batalla judicial, Boasberg dio al gobierno una semana para explicar cómo los funcionarios “facilitarán” a los 137 de esos hombres la oportunidad de impugnar sus expulsiones ante los tribunales.

El auto del juez comienza con una frase que se repite sobre la novela de Kafka El proceso, en la que el protagonista Josef K. es detenido y procesado sin saber por quién ni por qué razón.

“A diferencia de la nación en la que despierta K., en la nuestra no es suficiente la mera promesa del gobierno de que no ha habido ningún error”, escribió Boasberg. “Cualquier gobierno seguro de la base legal o probatoria de sus acciones no tiene nada que temer de ese requisito. Es, después de todo, ‘básico en nuestro sistema de libertad ordenada’”.

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Casi dos meses después de deportar a decenas de venezolanos a una prisión salvadoreña conocida por sus condiciones extremas, el gobierno de Trump enfrenta batallas legales en todo el país. Las impugnaciones al uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar de forma acelerada a presuntos miembros de la banda Tren de Aragua han llegado incluso hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.

En su proclamación al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, Trump declaró que “todos los ciudadanos venezolanos de 14 años de edad o más que sean miembros del [Tren de Aragua], se encuentren dentro de los Estados Unidos, y no estén realmente naturalizados o sean residentes permanentes legales de los Estados Unidos son susceptibles de ser aprehendidos, sujetados, recluidos y expulsados como enemigos extranjeros”.

No obstante, funcionarios del gobierno admitieron posteriormente que “muchos” de ellos no tenían antecedentes penales. Además, abogados y familiares afirman que sus clientes y parientes —algunos de los cuales estaban en el país con permiso legal y tienen próximas vistas judiciales sobre sus solicitudes de asilo— no tienen nada que ver con el Tren de Aragua.

“Han salido a la luz pruebas significativas que indican que muchas de las personas actualmente encarceladas en el CECOT no tienen ninguna relación con la banda y, por tanto, languidecen en una prisión extranjera por acusaciones endebles, incluso frívolas”, escribió Boasberg el miércoles.

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El Tribunal Supremo dictó varias órdenes derivadas de esos casos.

Los jueces coincidieron en que el presidente puede apoyarse en una ley de tiempos de guerra con siglos de antigüedad para expulsar a inmigrantes del país, siempre y cuando primero se les dé la oportunidad de impugnar esas acusaciones ante un tribunal. Luego, suspendieron de manera temporal la deportación de otro grupo de venezolanos en Texas, mientras sus abogados se apresuraban a presentar recursos legales contra las acusaciones.

El mes pasado, la decisión de 7-2 de los jueces establece que los inmigrantes detenidos en Texas en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros deben disponer de tiempo e información suficientes para poder “de forma razonable” ponerse en contacto con abogados y presentar recursos legales.

Los abogados de los inmigrantes detenidos en la tristemente célebre prisión salvadoreña del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) abogaron por una demanda colectiva, que permitiría a todos los hombres deportados a la cárcel en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros impugnar las acusaciones en su contra.

“En resumen, el Gobierno debe facilitar la posibilidad de que el grupo solicite una medida de hábeas corpus para impugnar su expulsión en virtud de la Ley”, escribió Boasberg. “Lo que dicha facilitación debe implicar exactamente se determinará en futuros procedimientos”.

Boasberg sostiene que es “consciente” de que esos procedimientos podrían “implicar cuestiones diplomáticas o de seguridad nacional delicadas”, tras las furibundas objeciones del presidente y del secretario de Estado Marco Rubio, que ha luchado por ocultar a los tribunales las conversaciones con el gobierno salvadoreño sobre el encarcelamiento de deportados.

Pero planteó que el gobierno “también tiene el deber constitucional de proporcionar un remedio que ‘repare el daño causado’”.

El juez incluso está estudiando por separado la posibilidad de declarar en desacato a funcionarios de la administración por desafiar sus órdenes de que regresaran los vuelos de deportación a Estados Unidos antes de que aterrizaran en El Salvador.

Su sentencia del miércoles “afirma lo que todo estadounidense sabe: en Estados Unidos, las personas tienen derecho al debido proceso y nadie debe ser expulsado del país sin él”, según la presidenta de Democracy Forward, Skye Perryman, uno de los grupos que representan a los demandantes en el caso.

“Lo que ha separado durante mucho tiempo a Estados Unidos de los regímenes autocráticos es el reconocimiento de este proceso”, añadió. “Seguiremos oponiéndonos a los intentos de esta administración de reescribir las protecciones que ofrece la Constitución”.

_{Traducción de Michelle Padilla}