Fotos publicadas de los documentos incautados por el FBI en Mar-a-Lago confirman el carácter de “alto secreto”

Se han publicado las primeras imágenes de los documentos incautados en la finca de Mar-a-Lago de Donald Trump por agentes del FBI a principios de este mes, mientras el Departamento de Justicia asegura tener pruebas de que es probable que los registros del gobierno hayan sido movidos para obstruir su investigación.

En las imágenes publicadas como parte de una presentación judicial del DoJ (Departamento de Justicia) a última hora de la noche del miércoles, pueden verse con claridad marcas con la leyenda “secreto” y “alto secreto”, lo que despeja toda duda sobre si Trump guardaba documentos clasificados en el complejo turístico y residencia no protegida en la que vive en la actualidad.

Y en un documento marcado como “secreto”, el encabezado indica que el contenido se refiere a inteligencia humana. No hay ninguna razón para guardar legalmente esos documentos en una residencia privada sin el consentimiento y la cooperación de los Archivos Nacionales y tal vez de otras agencias, y no hay ninguna indicación de que Trump contara con ese permiso.

La publicación de la foto se produjo como parte de una presentación de última hora de los abogados del Departamento de Justicia en el tribunal de Florida, donde Donald Trump ha presentado una demanda para exigir que se designe a un perito encargado de revisar los documentos tomados por los agentes del FBI y determinar si alguno está protegido por el privilegio ejecutivo.

En la presentación que acompaña a la foto, el Departamento de Justicia también reveló por primera vez que es probable que Trump o sus asociados sean investigados también por obstrucción a la justicia.

“El gobierno también desarrolló evidencia de que los registros del gobierno probablemente fueron ocultados y eliminados de la Sala de Almacenamiento y que es probable que se hayan tomado medidas para obstruir la investigación del gobierno”, reza la presentación.

Además recuerda a Trump y a sus defensores en Washington y en los medios de comunicación que los documentos incautados “pertenecen a los Estados Unidos, no al expresidente”, y también ridiculiza la afirmación del expresidente sobre el privilegio ejecutivo, al aseverar que es legalmente infundada.

“Como tal, el expresidente no puede alegar que se ve afectado de forma personal por una revisión de esos registros por parte del personal del Poder Ejecutivo”, decía la presentación. Además, escribieron que incluso si la revisión de los materiales causara un perjuicio al presidente, el perjuicio ya sería completo.

“El Tribunal Supremo dejó claro que un expresidente no puede hacer valer con éxito el privilegio ejecutivo ‘contra el propio Poder Ejecutivo en cuyo nombre se invoca el privilegio’“, escribieron los abogados, citando la jurisprudencia.

“Incluso si el expresidente hubiera hecho valer el privilegio ejecutivo con respecto a cualquiera de los documentos incautados (lo que no ha hecho), e incluso si tuviera autoridad legal para hacerlo (lo que no está establecido), tal afirmación no prosperaría en este caso porque se trata de la recuperación y la revisión de registros ejecutivos por parte de funcionarios ejecutivos que realizan funciones ejecutivas básicas”, continúa su presentación.

Los abogados del Departamento de Justicia también culparon a Trump por no seguir la propia Ley de Registros Presidenciales que él insistió en seguir en un post de Truth Social hecho apenas unas horas antes. Según el Departamento de Justicia, las impugnaciones de Trump a la negativa de Joe Biden a hacer valer el privilegio ejecutivo sobre los documentos relacionados con el caso deberían haberse presentado en el Distrito de Columbia.

La presentación indica con claridad que el presidente y sus aliados en Mar-a-Lago pueden estar en serio peligro legal como resultado de su último drama legal; por separado, se cree que el presidente y algunos miembros de su círculo íntimo, incluido Rudy Giuliani, son objeto de una investigación en el condado de Fulton, Georgia, sobre los esfuerzos para presionar a los funcionarios locales para anular las elecciones, mientras que al mismo tiempo una investigación del gran jurado encabezada por el Departamento de Justicia en relación con el 6 de enero sigue funcionando en Washington, DC.

Un miembro de la asesoría legal de Trump está incluso acusado de mentir potencialmente a los investigadores sobre cuántos documentos clasificados había en el edificio.

“El hecho de que el FBI, en cuestión de horas, recuperara el doble de documentos con marcas de clasificación que la ‘búsqueda diligente’ que el asesor del expresidente y otros representantes tuvieron semanas para realizar pone en serio entredicho las declaraciones hechas en la certificación del 3 de junio”, escribió el DoJ.

La presentación también desacreditó las afirmaciones de Trump que estaban fuera del alcance de la orden de registro del Departamento de Justicia. Ya antes, Trump había dicho que el FBI había robado sus tres pasaportes. Más bien, la presentación dice que el gobierno incautó el contenido de un cajón de escritorio con documentos clasificados y registros gubernamentales que se mezclaron con otros.

“Los otros documentos incluían dos pasaportes oficiales, uno de los cuales estaba caducado, y un pasaporte personal, que estaba caducado”, dice la presentación. “La ubicación de los pasaportes es una prueba relevante en una investigación de retención no autorizada y mal manejo de información de defensa nacional; no obstante, el gobierno decidió devolver esos pasaportes a su discreción”.

En caso de que el tribunal falle a favor de Trump, lo que parece poco probable, el DoJ pidió que se impongan una serie de restricciones en el proceso de revisión de los documentos, incluyendo un límite de tiempo.

El expresidente y sus aliados han tejido una amplia red de conspiraciones, acusaciones infundadas y defensas sin sentido en respuesta a la políticamente embarazosa redada de su casa por agentes del FBI; Entre las afirmaciones hechas por los partidarios de Trump en las últimas semanas se incluye la afirmación de que Trump había emitido una orden permanente de desclasificación de todos los documentos que se llevó a Mar-a-Lago al salir de la Casa Blanca, así como la siniestra acusación de que los agentes del FBI estaban siendo dirigidos por el Departamento de Justicia para plantar pruebas incriminatorias en los archivos incautados.

Los defensores de Trump aún no han explicado la presencia de documentos clasificados en Mar-a-Lago sin el consentimiento de los Archivos Nacionales, ni su almacenamiento en zonas no seguras, ni siquiera la hipocresía de ser investigado penalmente por un acto así después de su brutal campaña contra Hillary Clinton en 2016, que se centró significativamente en una investigación sobre su propio manejo de documentos en el Departamento de Estado que terminó sin que se presentaran cargos.