Fiscalía, ya lista para pedir imputación de Trump por obstrucción a la justicia y la Ley de Espionaje

El Departamento de Justicia está preparándose para pedirle a un gran jurado de Washington D.C. que impute cargos al expresidente Donald Trump por violar la Ley de Espionaje y por obstrucción a la justicia tan pronto como el jueves. La acusación agregaría más peso a la carga de problemas legales que enfrenta Trump mientras hace campaña para la nominación de su partido en las elecciones presidenciales del próximo año.

The Independent se enteró de que los fiscales están listos para pedirle al gran jurado que apruebe una imputación de cargos contra Trump por violar una parte del código penal de los EEUU conocida como artículo 793, que prohíbe la “recopilación, difusión o pérdida” de cualquier “información respecto a la defensa nacional”.

Se entiende que el uso del artículo 793, que no hace referencia a información clasificada, es una decisión estratégica de los fiscales para minar la capacidad de Trump de alegar que usó su autoridad como presidente para desclasificar los documentos que sacó de la Casa Blanca y conservó en su propiedad de Palm Beach, Florida, mucho después de que expirara su mandato el 20 de enero de 2021.

Dicho artículo de la ley penal estadounidense está escrito de una manera que podría abarcar la conducta de Trump incluso si estuviera autorizado a poseer la información como presidente. Establece que cualquier persona que “tenga posesión legal de, acceso a, control sobre o la encomienda de cualquier documento… relativo a la defensa nacional”, e “intencionadamente comunique, entregue, difunda o haga que se comunique, entregue o difunda o intente comunicar, entregar, difundir o hacer que se comunique, entregue o difunda el mismo a cualquier persona que no tenga derecho a recibirlo, o que retenga intencionalmente el mismo y no lo entregue a pedido del funcionario o empleado de los EEUU con derecho a recibirlo” puede ser castigado con hasta 10 años de prisión.

Se entiende que los fiscales tienen la intención de pedir a los miembros del gran jurado que voten sobre la acusación el jueves. Sin embargo, tal votación podría retrasarse hasta una semana hasta la próxima reunión del gran jurado para permitir una presentación completa de las pruebas, o para permitir que los investigadores recopilen más evidencia para su presentación si es necesario.

Un gran jurado separado en Florida también ha estado examinando evidencia en la investigación de documentos. Ese gran jurado se formó en parte para superar los problemas legales planteados por el hecho de que algunos de los delitos supuestamente cometidos por Trump tuvieron lugar en esa jurisdicción, no en Washington. Según la ley federal, los fiscales deben presentar cargos contra los acusados federales en la jurisdicción donde ocurrieron los delitos.

Incluso si los miembros del gran jurado votan a favor de la acusación contra el expresidente esta semana, es probable que los cargos permanezcan confidenciales hasta que los grandes jurados de Washington y Florida completen su trabajo.

Otra fuente familiarizada con el asunto aseveró hace poco que se informó al equipo de Trump que él es un “blanco” de la investigación del Departamento de Justicia, que comenzó a principios de 2022 después de que funcionarios de la Administración Nacional de Archivos y Registros descubrieran más de 100 documentos con marcas de clasificación en un conjunto de 15 cajas de registros del gobierno de Trump recuperados de Mar-a-Lago, la mansión centenaria convertida en club de playa privado donde Trump mantiene su residencia principal y su oficina posterior a la presidencia.

En el transcurso del año pasado, los miembros del gran jurado escucharon el testimonio de numerosos asociados del expresidente, incluidos casi todos los empleados de Mar-a-Lago, exfuncionarios del gobierno que trabajaron en la oficina de Trump luego de su presidencia y en su operación política, y antiguos altos funcionarios del gobierno, como su último jefe de personal de la Casa Blanca, Mark Meadows.

Meadows ya prestó declaración ante el gran jurado y se dice que está cooperando con las investigaciones sobre su antiguo jefe. Se entiende que el excongresista de Carolina del Norte testificó como parte de un trato por el cual ya recibió inmunidad limitada a cambio de su testimonio.

Una fuente que fue informada sobre el acuerdo afirmó que supuestamente implicará que el exjefe de personal se declare culpable de delitos federales no especificados, pero un abogado de Meadows, George Terwilliger, lo negó a The Independent. Terwilliger dijo que la idea de que su cliente se declarara culpable era “completa tontería”, mas no abordó el tema de la inmunidad en una breve conversación telefónica con este reportero.

Aún no se sabe si el testimonio o los cargos en cuestión se relacionan con la investigación de documentos o con una investigación separada sobre el ataque del 6 de enero al Capitolio. Ambas investigaciones están siendo supervisadas por un fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith. Según ABC News, Meadows ha prestado testimonio tanto en el asunto de los documentos como en la investigación del 6 de enero.

En el asunto de los documentos, los fiscales también están preparados para pedir a los miembros del gran jurado que acusen formalmente a Trump por obstruir a la justicia durante la investigación de un año y provocar declaraciones falsas a los investigadores por parte de personas que trabajan para él.

Es posible que tales cargos se deriven de una declaración presentada a los investigadores federales hace aproximadamente un año, cuando los agentes del FBI y los fiscales visitaron su casa para recuperar una carpeta sellada llena de 38 documentos clasificados que los abogados de Trump entregaron en respuesta a una citación del gran jurado. De ser así, tales cargos podrían presentarse en un tribunal federal de Florida, en lugar de en Washington.

Según los documentos judiciales, el gobierno posteriormente obtuvo pruebas que indican que los documentos habían sido retirados de una sala de almacenamiento donde sus abogados habían declarado que todos esos documentos estaban almacenados en los días posteriores a la recepción de la citación del gran jurado.

Con esa evidencia, que supuestamente incluye imágenes de vigilancia de cámaras del interior de Mar-a-Lago, los fiscales obtuvieron una orden de allanamiento de la propiedad que llevaron a cabo agentes del FBI el 8 de agosto del año pasado.

Durante el cateo, los agentes especiales descubrieron 103 documentos con marcas de clasificación confidencial, incluidos 18 marcados como “ultrasecreto”, 54 marcados como “secreto”, y 31 marcados como “confidencial”, además de una serie de documentos que se almacenaron en la oficina personal de Trump.

Se actualizó este artículo para incluir comentarios del abogado de Meadows, George Terwilliger.

_{Traducción de Michelle Padilla}