ICE puede deportar a inmigrantes a “terceros países” tras solo seis horas del aviso, dicta un nuevo memorándum

Los inmigrantes pueden ser deportados de EE. UU. a países que no sean el suyo tras solo seis horas de haber recibido una notificación, o incluso sin previo aviso, según un reciente memorándum de un alto funcionario del Gobierno de Donald Trump.

El memorándum, emitido por el director en funciones de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.), Todd Lyons, llega después de una decisión de la Corte Suprema del país que abre la puerta a que los funcionarios comiencen “inmediatamente” a deportar inmigrantes a los llamados “terceros países”, desarraigando potencialmente a miles de personas y enviándolas a países donde no tienen ciudadanía, familia o conexión alguna.

Los inmigrantes enviados a países en los que funcionarios extranjeros no han dado a EE. UU. “garantías diplomáticas” de que no sufrirán torturas o abusos contra los derechos humanos deben ser avisados con 24 horas de antelación, dice el memorando. O, en circunstancias “exigentes”, con solo seis horas de antelación.

Los inmigrantes de países que sí ofrezcan esas “garantías” podrían ser deportados sin previo aviso, según el memorándum, del que informó en primer lugar The Washington Post. Si el Departamento de Estado de EE. UU. cree que esas garantías son “creíbles”, entonces ICE puede deportar a alguien a ese país “sin necesidad de más procedimientos”, dice el documento.

“Esta es la misma operación que teníamos en el pasado, según la cual la gente puede ir a terceros países”, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a Fox News Sunday, y afirmó que el memorando era “increíblemente importante” para garantizar que “lo peor de lo peor” saliera del país.

“Muchas veces, si otros países no reciben a sus propios ciudadanos, otros países han acordado acogerlos y cuidar de ellos hasta que su país de origen los reciba”, dijo, y añadió: “Eso es lo que confirmaba este memorándum, y todo eso se ha negociado con esos países a través del Departamento de Estado”.

Es probable que entre los inmigrantes afectados se encuentren miles de personas sobre las que pesa una orden firme de expulsión y que no pueden ser deportadas a sus países de origen porque los jueces de inmigración han determinado que se enfrentan allí a amenazas de violencia o peligro inminente.

Otros inmigrantes no pueden regresar a sus países de origen porque esos gobiernos —como el de Cuba— no cooperan con las deportaciones estadounidenses.

En marzo, los abogados de un grupo de inmigrantes presentaron una demanda alegando que el Gobierno infringió la ley federal al no permitirles impugnar su expulsión a países donde podrían sufrir daños o morir. El juez de distrito de Massachusetts Brian Murphy ordenó al Gobierno que notificara a esos hombres de forma “significativa” y les diera la oportunidad de impugnar sus órdenes de expulsión.

Pero el 23 de junio, la mayoría conservadora de la Corte Suprema bloqueó la decisión del juez.

“Las consecuencias de la orden de la Corte Suprema serán horribles: elimina protecciones críticas del debido proceso que han estado resguardando a nuestros miembros de la tortura y la muerte”, se lee en una declaración de Trina Realmuto, directora ejecutiva de la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración.

La sentencia de la Corte Suprema se dictó a raíz de un recurso judicial contra ocho deportados enviados a Sudán del Sur, país devastado por la guerra. Tras una batalla legal de varias semanas, los hombres aterrizaron en el país antes de la medianoche del 4 de julio.

El Gobierno de Sudán del Sur dijo que los hombres, todos ellos condenados por delitos en EE. UU., estaban “bajo el cuidado de las autoridades pertinentes”, pero no reveló su paradero, su estado de salud o lo que ocurriría con ellos.

Ninguno de sus familiares ha sabido nada de ellos desde que llegaron allí, según los abogados.

La jueza Sonia Sotomayor escribió un extenso comunicado de disenso en el que criticaba el “abuso” por parte de la mayoría conservadora de la autoridad del tribunal para considerar otra petición de emergencia del presidente.

El tribunal está “premiando la anarquía”, afirmó, y continuó: “En asuntos de vida o muerte, es mejor proceder con cuidado. En este caso, el Gobierno implementó la estrategia opuesta”.

Los funcionarios de la Administración celebraron rápidamente la sentencia de la Corte Suprema.

“Enciendan los aviones de deportación”, escribió en X la secretaria adjunta de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin. Por su parte, Noem publicó un GIF de Trump bailando.

Desde que asumió el poder, la Administración Trump ha retenido a cientos de inmigrantes en la base naval de Guantánamo, Cuba, y ha deportado a decenas de presuntos pandilleros venezolanos a una violenta prisión de máxima seguridad en El Salvador.

Documentos judiciales revelaron que el gobierno de El Salvador dijo a las Naciones Unidas que los deportados de EE. UU. retenidos dentro de ese país son responsabilidad del Gobierno estadounidense, lo que contradice declaraciones de funcionarios de la Administración Trump.

Asimismo, un grupo contratado por la ONU acusó a la Administración de llevar a cabo “desapariciones forzadas” patrocinadas por el Estado.

Traducción de Sara Pignatiello