Arrestos de ICE disminuyeron en julio por la fuerte respuesta a las redadas y el plan de deportación masiva
En julio hubo menos detenciones por parte de los agentes de inmigración, pero según los datos, las expulsiones diarias aumentaron
En julio, el ritmo de detenciones diarias de inmigrantes cayó casi un 20 %, al mismo tiempo que el gobierno de Trump se enfrentó a recusaciones del tribunal, amenazas contra los agentes y protestas continuas contra sus planes de deportación masiva.
Entre el 1 y el 27 de julio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos efectuó una media de 990 detenciones diarias; una disminución frente a las 1.224 del mes anterior, según datos del gobierno analizados por Transactional Records Access Clearinghouse, un proyecto de investigación no partidista con sede en la Universidad de Syracuse.
A pesar de la ralentización del ritmo de los arrestos ―que los funcionarios federales asocian en parte a una serie de recientes sentencias judiciales de California que impiden a los agentes realizar detenciones indiscriminadas en todo el estado―, las expulsiones del país aumentaron una media de 84 personas más al día durante el mismo periodo.
“A pesar de la cifra histórica de órdenes judiciales ―incluida la (orden de restricción temporal) de Los Ángeles―, el ICE sigue deteniendo a lo peor de lo peor”, aseguró la subsecretaria de Seguridad Nacional Tricia McLaughlin a Axios, que informó primero sobre la caída. “Desde miembros de bandas y terroristas hasta pederastas, cada día el ICE expulsa a estos bárbaros delincuentes ilegales de las comunidades estadounidenses”.
Las cifras están muy por debajo de las 3.000 detenciones diarias que el jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca y partidario de línea dura en materia de inmigración, Stephen Miller, habría instado a los agentes que lleven a cabo.
Miller declaró a Fox News en junio que se había fijado a los agentes un objetivo de un “mínimo” de 3.000 detenciones al día, aunque desde entonces el gobierno ha asegurado ante los tribunales que no existe una cuota formal de arrestos.
Sin embargo, las redadas migratorias masivas han estremecido a comunidades de todo el país.
El 10 de julio, agentes llevaron a cabo una importante operación contra dos cultivos legales de cannabis en el sur de California, el cual resultó en al menos 361 detenciones, según funcionarios federales.
En medio del caos, un hombre cayó de un invernadero y murió, y cientos de manifestantes se enfrentaron a los agentes de inmigración.
Guadalupe Torres manifestó que su marido George Retes ―25 años, veterano del ejército y ciudadano estadounidense que trabaja como guardia de seguridad en Glass House Farms, en Camarillo― estaba entre los detenidos, por lo que tuvo que llamar, en vano, a las fuerzas de seguridad locales para averiguar dónde estaba detenido.
“Él intentó irse, así que no sé qué va a pasar a partir de ahora. Espero de verdad que me llamen o algo, porque estoy destrozada. Mis hijos preguntan dónde está su padre. Tengo que seguir mintiendo, digo que está en el trabajo”, contó Torres a ABC 7 en ese momento.
Retes, quien afirmó haber dicho a los agentes que era un ciudadano estadounidense y que trabajaba legalmente en la granja, fue posteriormente puesto en libertad sin cargos. Asimismo, manifestó que planea demandar, aunque no está seguro de qué agencia lo arrestó y retuvo en el centro de Los Ángeles durante varios días.
“Nadie debería verse en esta situación. No importa si eres inmigrante, no importa el color de tu piel. No importa si votaste a la izquierda, no importa si votaste a la derecha... Nadie merece ser tratado así”, declaró Retes a la prensa en julio. “No debería haber ocurrido y espero que esto no le vuelva a pasar a nadie nunca más”.
En la práctica, la naturaleza de las redadas de inmigración diverge ligeramente en los estados rojos y azules bajo la segunda administración Trump.
En los estados republicanos, cerca del 60 % de los arrestos de inmigrantes han tenido lugar en prisiones y cárceles, mientras que el 70 % de las detenciones en los estados demócratas fueron en la comunidad en general, de acuerdo con un análisis de la CNN.
La división se debe en parte a que muchas jurisdicciones dirigidas por demócratas limitan la cooperación entre las fuerzas de seguridad locales y los funcionarios federales de inmigración.
Defensores aseguran que esto conduce a tácticas de aplicación más severas en áreas liberales con gran población inmigrante.
Iván Espinoza-Madrigal, director ejecutivo de Lawyers for Civil Rights, manifestó a CNN que ve “una estrategia federal deliberada para castigar a Massachusetts y otros estados amigables con los inmigrantes por oponerse al insensato mecanismo de deportación de Trump”.
El gobierno federal, por su parte, afirma que la demonización continua de los agentes de inmigración los pone en peligro y dificulta sus operaciones.
El Departamento de Seguridad Nacional declaró en julio que se registró un aumento del 830 % en las agresiones a agentes, aunque los funcionarios federales no han aportado hasta ahora pruebas detalladas de sus afirmaciones.
Se espera que las operaciones de inmigración aumenten exponencialmente en los próximos años, gracias a una inyección de unos USD 170.000 millones en fondos para fronteras e inmigración como parte del paquete de gastos de la “gran y hermosa ley” del gobierno.
Traducción de Martina Telo