¿Cómo puede superar el Comité del 6 de enero la estrategia legal de Donald Trump para obstaculizarlo?

Desde que los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes en 2019, han utilizado tenazmente el poder del Congreso para empujar a los documentos y testimonios de Donald Trump y aquellos en su órbita, y la mayoría de las veces, se han topado con un muro de desprestigio y negación de Trump y aplazamientos.

Al comienzo de la investigación del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes que condujo al primero de los dos juicios políticos de Trump, el entonces abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, envió una carta al liderazgo de los demócratas de la Cámara que rechazaba rotundamente la legitimidad de las prerrogativas de investigación de la Cámara.

"Para cumplir con sus deberes para con el pueblo estadounidense", escribió Cipollone el 8 de octubre de 2019, "la Constitución, el Poder Ejecutivo y todos los futuros ocupantes de la Oficina de la Presidencia, el presidente Trump y su Administración no pueden participar en su partido e investigación inconstitucional en estas circunstancias".

Dos años después, a pesar de haberse visto obligado a renunciar a la presidencia en enero pasado, la posición de Trump no ha cambiado.

En una carta al exestratega jefe de la Casa Blanca, Steve Bannon, quien el mes pasado recibió una citación propia del comité del 6 de enero, el actual abogado de Trump, Justin Clark, escribió que el expresidente “instruye al Sr. Bannon a… invocar cualquier inmunidad y privilegios que puede tener de testimonio obligado en respuesta a la Citación… no presentar ningún documento relacionado con material privilegiado en respuesta a la Citación… y… no proporcionar ningún testimonio con respecto a material privilegiado en respuesta a la Citación”.

Y la semana pasada, Trump envió una carta al archivero de los Estados Unidos, David Ferriero, en la que pretendía invocar el privilegio ejecutivo sobre los registros de la Casa Blanca que los archivos, bajo la dirección de la administración Biden, se están preparando para entregar al Congreso como parte de la investigación de la insurrección.

En un comunicado, el expresidente afirmó que la investigación de la Cámara “no se basa en la ley ni en la realidad” y que está haciendo valer privilegios “en defensa de la Oficina de la Presidencia”.

Pero los expertos legales dicen que el hombre al que a los funcionarios de la administración de Biden les gusta llamar "el exchico" no tiene una pierna sobre la que pararse.

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Según Laurence Tribe, profesor emérito de la Facultad de Derecho de Harvard, el privilegio ejecutivo no existe para los expresidentes. "Solo tenemos un presidente a la vez", explicó Tribe a The Independent, "y la presunción constitucional es que el presidente en funciones es el mejor juez de los factores que influyen en sí y cuándo invocar el privilegio ejecutivo para retener documentos o testimonios".

Debido a que el comité selecto de la Cámara que investiga la insurrección del 6 de enero debe ser reautorizado por el nuevo Congreso que comienza en 2023, el objetivo de Trump al desempolvar su estrategia de obstrucción es frustrar los esfuerzos del comité en los tribunales el tiempo suficiente para dar paso a una nueva Cámara con mayoría republicana que permitirá que la investigación muera silenciosamente.

Y aunque el presidente y vicepresidente del comité, los representantes Bennie Thompson y Liz Cheney, han prometido presentar cargos penales por desacato contra quienes no cooperen, no está claro si tales esfuerzos recibirán una audiencia rápida en los tribunales.

Y, sin embargo, hay razones para creer que Trump podría tener menos espacio para maniobrar esta vez. Norm Eisen, el académico de Brookings Institution que se desempeñó como abogado del Comité Judicial de la Cámara durante el primer juicio político de Trump, predijo que las tácticas del 45 ° presidente podrían fallar simplemente porque los demócratas han aprendido a tratar con él y su círculo.

“La determinación del comité es evidente en el cronograma de cumplimiento extremadamente acelerado que han establecido tanto para los documentos como para el testimonio en estas tres oleadas de citaciones”, explicó.

Como señaló, el comité no solo otorgó tiempos de respuesta cortos para los documentos y testimonios de los destinatarios de las citaciones, sino que también prescindió de la práctica habitual de solicitar el cumplimiento voluntario antes de emitir las citaciones en primer lugar, ambas señales de que la Cámara reconoce lo que está en juego en esta investigación.

"Este momento es nada menos que una amenaza existencial desde dentro para la democracia estadounidense", aseguró Eisen. “Hay una urgencia que rodea el momento que creo que los llevará a seguir adelante en los procedimientos judiciales. Podría ser un desacato criminal… podría ser civil, y cuando la Cámara vote, anticipo que ambos serán autorizados”.

Eisen también declaró que cree que cualquier impugnación judicial por motivos de privilegio se resolverá rápidamente porque el uso frecuente de reclamos de privilegio por parte de Trump durante su administración provocó numerosos fallos judiciales que ahora pueden guiar casos futuros.

“Las cuestiones legales subyacentes a las que nos enfrentamos, sobre el testimonio en el litigio McGahn y sobre los documentos en el litigio Mazers, ahora han sido abordadas en profundidad por el Circuito de DC y la Corte Suprema, respectivamente. Entonces se ha labrado la tierra, eso permite que las cosas se muevan más rápido”, opinó. “La única pregunta que enfrentarán los tribunales es si Trump tiene algún privilegio ejecutivo residual después de dejar el cargo, lo cual no tiene absolutamente”.

Sin embargo, Eisen no cree que la Cámara utilice lo que podría ser su herramienta más poderosa contra los testigos recalcitrantes del Trumpworld: el desprecio inherente. Bajo este principio, si la Cámara invocara su propia autoridad para declarar en desacato a los testigos en lugar de depender de los tribunales, podría aprobar una resolución ordenando al Sargento de Armas de la Cámara (con la ayuda de la Policía del Capitolio de EE. UU.) arrestar a los testigos y detenerlos hasta que testifiquen.

El mes pasado, el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, dijo que el desprecio inherente estaba "sobre la mesa", y algunos demócratas de la Cámara, sobre todo el representante de Maryland y el miembro del comité selecto Jamie Raskin, han expresado su apoyo para invocar esa autoridad por primera vez desde la década de 1930.

Sin embargo, Eisen cree que hacerlo podría desencadenar el tipo de lucha legal prolongada que los demócratas no pueden permitirse en este momento.

"El problema es que ... Debido a que no se ha probado en un tiempo, habrá una batalla judicial al respecto", señaló.

Si los demócratas optan por autorizar las remisiones por desacato criminal, la pelota aterriza en la cancha del Departamento de Justicia de Merrick Garland. La ley que rige el desacato al Congreso requiere que el Fiscal Federal del Distrito de Columbia presente cualquier remisión de desacato a un gran jurado para una posible acusación. Si bien las administraciones anteriores han ignorado esta disposición del Código de los Estados Unidos, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo recientemente a los medios de comunicación que la administración Biden "por supuesto" honraría los requisitos de la ley.

Glenn Kirschner, ex fiscal federal adjunto para el Distrito de Columbia, mencionó a The Independent que si Garland y el Departamento de Justicia no actúan, el departamento estaría “respaldando todo lo que Trump y sus grupos criminales han hecho durante los últimos cuatro o cinco años".

Y aunque cree que Garland actuará en última instancia a partir de una remisión del comité del 6 de enero, Kirschner advirtió que la inacción del Congreso ante un desafío aún más abierto tendría consecuencias de gran alcance.

"Si el Congreso se niega a hacer cumplir sus propias citaciones, se está ... Castrando para siempre; despídase de la supervisión, porque ya nadie va a cumplir con las citaciones", mencionó.

“Estarían haciendo un daño incalculable a nuestra democracia, porque a menos que podamos responsabilizar a todos los insurrectos, incluidos los que incitaron a la insurrección y la planearon y conspiraron, lo volverán a hacer, van a para tener éxito, y van a estar completamente libres de restricciones, porque no ha habido consecuencias".