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Duro golpe contra el derecho al voto luego de que la Corte Suprema ratifica leyes restrictivas en Arizona

Al revertir el fallo del tribunal inferior, la decisión del tribunal superior podría dificultar la impugnación de las leyes de voto restrictivas de los legisladores republicanos.

Alex Woodward
Jueves, 01 de julio de 2021 19:53 EDT
Justice Department to challenge Georgia voting restrictions
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En una prueba importante de lo que queda de la histórica Ley de Derechos Electorales, la Corte Suprema de Estados Unidos ha ratificado dos leyes de Arizona que, según los defensores del derecho al voto, han perjudicado de manera desproporcionada a los votantes de minorías, una decisión que probablemente hará más difícil desafiar las leyes recientes respaldadas por los republicanos: restringir el acceso a la votación.

La decisión de 6 a 3 de la corte podría repercutir en desafíos legales a leyes electorales radicales y campañas de supresión de votantes de los legisladores republicanos a raíz de sus pérdidas electorales de 2020.

Una ley de 2016 en Arizona convirtió en delito la devolución de la boleta por correo firmada y sellada de otra persona, una práctica condenada como "recolección de boletas" por los republicanos, pero que se ha vuelto popular entre las campañas de promoción del voto y en las comunidades con dificultades, acceso al correo u oficinas postales, particularmente en comunidades nativas rurales donde el servicio de correo puede ser limitado.

Otro rechaza las boletas provisionales (boletas utilizadas por los votantes si los funcionarios no pueden determinar de inmediato en las urnas si un votante es elegible para emitir una boleta electoral normal en persona) si se emiten en el lugar de votación incorrecto, a pesar de la frecuencia de cambios de ubicación y cierres. El estado lidera al país en el lanzamiento de papeletas provisionales.

Los tres jueces liberales de la corte discreparon el jueves, el último día del mandato actual de la corte superior.

“Hoy, la Corte socava la Sección 2 y el derecho que otorga”, escribió la jueza Elena Kagan en su disenso. “La mayoría teme que el estatuto que redactó el Congreso sea demasiado 'radical', que invalide demasiadas leyes estatales de votación.... Entonces, la mayoría escribe su propio conjunto de reglas, limitando la Sección 2 desde múltiples direcciones".

En una disensión que traza la historia de la discriminación y el derecho al voto de los votantes de la nación, dijo que la mayoría de la corte ha "reescrito, para debilitar, un estatuto que se erige como un monumento a la grandeza de Estados Unidos y protege contra sus impulsos más bajos".

Si bien la decisión defiende las leyes de Arizona, no toma el paso serio de derogar la Sección 2 de la Ley de Derechos Electorales, una disposición fundamental que prohíbe las leyes discriminatorias racialmente.

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El fallo sigue al reciente aniversario de la decisión de la Corte Suprema en el condado de Shelby contra Holder que eliminó las medidas críticas de supervisión federal de la Ley de Derechos Electorales de 1965 para proteger contra leyes discriminatorias.

Ese fallo de 2013 eliminó las pautas federales de "autorización previa" que requerían que los estados con antecedentes de discriminación racial en las urnas implementaran nuevas leyes electorales sin la aprobación federal.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, escribió en contra de las disposiciones de autorización previa para la opinión 5 a 4 del tribunal, y escribió que "las cosas han cambiado drásticamente" tras la aprobación de la Ley de Derechos Electorales, sugiriendo que las leyes discriminatorias eran cosa del pasado.

Después de la aprobación de la Ley de Derechos Electorales en 1965, el Departamento de Justicia rechazó más de mil cambios propuestos a las leyes electorales para evitar resultados discriminatorios.

Pero después del fallo del tribunal superior en 2013, los estados cerraron cientos de lugares de votación, apuntando desproporcionadamente a áreas con votantes de color, y los legisladores republicanos han presentado decenas de leyes de votación restrictivas, que culminaron en una campaña masiva respaldada por el lobby de derecha para inundar el estado legislaturas en 2021 con proyectos de ley de imitación para "corregir los errores de noviembre".

En Arizona, las leyes electorales restrictivas presentadas a raíz de la decisión de Shelby "crearon una cultura de privación del derecho al voto" con impactos desproporcionados en los votantes de minorías, según la demanda de 2016 presentada por defensores del derecho al voto.

El año pasado, un juez de la corte federal de apelaciones anuló ambas leyes de Arizona, que “revelan de manera acumulativa e inequívoca que la discriminación racial fue un factor motivador” en su implementación, violando así la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto, escribió el juez.

El Departamento de Justicia de EE.UU. bajo Donald Trump creía que los demandantes deberían tener que demostrar la intención de los legisladores de discriminar a ciertos votantes en sus leyes electorales, pero los defensores argumentaron que eso socavaría décadas de leyes con impactos dispares en ciertas poblaciones que han sido impugnadas en los tribunales bajo la Sección 2, que prohíbe las leyes de voto discriminatorias.

Cuando asumió el cargo, el Departamento de Justicia de Joe Biden no impugnó el fallo del tribunal de apelaciones y agregó en su presentación ante el tribunal superior que el escrito presentado por la administración anterior “no representa las opiniones actuales de Estados Unidos”.

Mientras tanto, el fiscal general Merrick Garland anunció este mes que la agencia está demandando a Georgia por violar la Sección 2 de la Ley de Derechos Electorales sobre las leyes electorales recientemente aprobadas por el estado, lo que indica los próximos desafíos del gobierno federal a leyes similares en otros estados.

En los primeros meses de 2021, los legisladores republicanos, motivados por la narrativa infundada del ex presidente de que los resultados de las elecciones fueron "robados" o manipulados, presentaron casi 400 proyectos de ley en casi todos los estados para revertir la votación por correo e imponer una identificación estricta de votantes, requisitos como recortar las horas de votación anticipada y criminalizar la distribución de alimentos y agua en largas filas en los lugares de votación, entre otras medidas.

Al menos 14 estados han promulgado 22 nuevas leyes que restringen el acceso a la boleta, según el Brennan Center for Justice at NYU Law.

Un esfuerzo paralelo de los legisladores republicanos ha visto más de 200 proyectos de ley en 41 estados que se otorgan más autoridad sobre el proceso electoral, según el Centro de Democracia de Estados Unidos . Al menos 24 de esos proyectos de ley se han convertido en ley en 14 estados.

Los republicanos del Senado bloquearon la aprobación de una importante renovación de los derechos de voto, que los legisladores demócratas esperaban que pudiera servir como un antídoto contra el aluvión de leyes electorales en las legislaturas estatales.

Los próximos procesos de redistribución de distritos electorales locales y del Congreso también serán los primeros sin protecciones clave eliminadas de la Ley de Derechos Electorales según la sentencia de 2013 de la Corte Suprema. Se espera que el Departamento de Justicia emita una nueva guía antes de esos debates.

Una propuesta de renovación de la Ley de Derechos Electorales, que llevará el nombre del difunto congresista y líder de los derechos civiles John Lewis, restablecería partes de la ley que el tribunal eliminó. Pero ese proyecto de ley también ha sido rechazado por los republicanos del Congreso, incluido el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, quien lo calificó de "innecesario".

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