Presentan demanda contra norma de Trump que bloquea alivio de deuda por actividades "ilegales"
Más de 20 estados liderados por demócratas presentaron una demanda contra una nueva norma de la administración Trump que impide perdonarles la deuda a empleados públicos o de grupos sin fines de lucro si el gobierno determina que el empleador tiene un “propósito ilegal sustancial”.
La política está dirigida principalmente a organizaciones que trabajan con inmigrantes y jóvenes transgénero.
En la demanda presentada el lunes en Massachusetts, los estados argumentan que la administración Trump excedió su autoridad al agregar nuevas reglas de elegibilidad para el programa de Perdón de Préstamos del Servicio Público. La reforma empeorará la escasez de empleo y creará inestabilidad en los mercados laborales estatales, según la demanda.
El desafío legal está siendo liderado por Nueva York, Massachusetts, California y Colorado. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, afirmó que la regla es “una prueba de lealtad política disfrazada de regulación”, y agregó que es “injusto e ilegal privar de alivio de deuda a estadounidenses trabajadores basándose en ideología”.
Una coalición separada de ciudades, organizaciones sin fines de lucro y organizaciones laborales también presentó un desafío legal en Massachusetts el lunes. Esa demanda fue presentada por Boston; Chicago; Albuquerque, Nuevo México; San Francisco; Santa Clara, California; y el Consejo Nacional de Organizaciones Sin Fines de Lucro.
Respondiendo a las demandas, el subsecretario de Educación Nicholas Kent declaró que es inconcebible que los demandantes estén defendiendo actividades criminales.
“Esta es una reforma de sentido común que impidirá que el dinero de los contribuyentes vaya a organizaciones involucradas en terrorismo, tráfico de niños y procedimientos transgénero que están causando daño irreversible a los niños”, indicó Kent en un comunicado. “La regla final es absolutamente clara: el Departamento la aplicará de manera neutral, sin considerar la misión del empleador, su ideología o la población a la que sirven”.
Se espera que otra demanda contra la regla sea presentada el martes en nombre del grupo Robert F. Kennedy Human Rights, el American Immigration Council y The Door, un grupo legal. Están siendo representados por los grupos Student Defense y Public Citizen.
El Congreso creó el programa en 2007 para dirigir a más graduados hacia trabajos del sector público con salarios más bajos. Promete perdonar sus deudas estudiantiles después de que realicen pagos durante 10 años mientras trabajan en empleos gubernamentales o para muchas organizaciones sin fines de lucro. Más de 1 millón de estadounidenses han tenido sus préstamos cancelados a través del programa, incluidos maestros, bomberos, enfermeras y defensores públicos.
Bajo la nueva política finalizada la semana pasada, los empleadores pueden ser expulsados del programa si participan en actividades que incluyen el tráfico o la “castración química” de niños, inmigración ilegal y apoyo a grupos terroristas. La “castración química” se define como el uso de terapia hormonal o medicamentos que retrasan la pubertad, un cuidado de afirmación de género común para niños o adolescentes transgénero.
Según la norma el secretario de educación tendrá la última palabra al determinar si un grupo tiene propósito ilegal supuestamente tras evaluarsi la “preponderancia de la evidencia” se inclina en su contra.
En su demanda, los estados argumentan que gobiernos estatales enteros, hospitales, escuelas y organizaciones sin fines de lucro podrían ser expulsados del programa unilateralmente por el secretario. Dicen que el Congreso otorgó el beneficio a todos los empleados públicos y no le da autorización al Departamento de Educación para imponer límites o condiciones.
Los estados también objetan la dependencia del departamento en la frase “propósito ilegal sustancial”, diciendo que es un “término demasiado amplio e impermisiblemente vago” que está dirigido “a enfriar actividades que son desfavorecidas por esta Administración”.
La demanda solicita a un juez federal que declare la política ilegal y prohíba al Departamento de Educación aplicarla.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.